La fiscal Paloma Ochoa imputó a la plana mayor del gobierno nacional por el memorándum que la Argentina firmó con Qatar el 6 de noviembre. Además, solicitó al juez Daniel Rafecas tomar varias medidas que traerán fuertes consecuencias.
En primer lugar propuso que "se ordene de modo preventivo, en orden a los hechos denunciados, una medida cautelar para que no se dé comienzo -o en su caso- se interrumpa la ejecución del "Memorándum de Entendimiento", suscripto entre el FGS y el fondo de inversión "Qatar Investment Authority", mientras continúe la investigación de la presente".
Además, pidió a Rafecas que solicite una copia del acuerdo suscripto por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); "Requiera al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que remita todos los antecedentes vinculados con las negociaciones bilaterales que culminaron con la rúbrica del 'Memorándum de Entendimiento' celebrado con el Estado de Qatar"; "Se solicite a las autoridades de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación que informen si fueron anoticiados o ingresó a ese parlamento algún proyecto de ley vinculado con la aprobación de un 'Memorándum de Entendimiento' celebrado con el Estado de Qatar".
Declaraciones. Por último, la fiscal dictaminó: "Se les reciba declaración testimonial con relación a los hechos aquí denunciados a los Consejeros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: Carlos Recke (representante de la Confederación Patagónica de Entidades de Jubilados y Pensionados); Salvador Fernández (representante de la Confederación General del Trabajo); Horacio Fernández (representante de la Central de Trabajadores de la Argentina); Demetrio Bravo Aguilar (representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina); y María Christina Ehbrecht (representante de la Asociación de Banco Argentino (ADEBA); a Ramón Indart (periodista de Perfil) y Nicolás Gilardi (periodista del portal de noticias Infobae).
Offshore. Perfil accedió al documento firmado por la fiscal que puso énfasis en varios puntos polémicos. En primer lugar, la cuestión del armado de una estructura offshore para depositar los capitales del flamante fondo conjunto: "Cabe puntualizar que no es otra cosa que la constitución de una o varias sociedades pantalla en paraísos fiscales a los efectos de sustraer la operatoria del cumplimiento de las leyes nacionales, y consecuentemente evadir el pago de los tributos respectivos, entre otros graves delitos...".
"Estas jurisdicciones offshore son aquellas que facilitan el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el encubrimiento de la corrupción de los funcionarios públicos, e imposibilitan la identificación de los autores de todo tipo de delitos económicos".
La fiscal también se refirió a la "transparencia" que dice tener el FGS en la ley que lo regula. En ese sentido, señaló: "Lo denunciado -de ser corroborado- demostraría un grave incumplimiento del criterio de transparencia estipulado por el ordenamiento jurídico nacional. No sólo por cuanto la intención de los funcionarios públicos antes de que sea revelado fue porque el MOU pertenezca confidencial, sino también porque aquellas circunstancias impidieron que ese acuerdo se encuentre sujeto a las regulaciones vigentes respectivas, las inspecciones de los diversos organismos de control interno y externo nacionales".
Ochoa también fue contundente para referirse al administrador extranjero que estipulaba el memorándum: "Se advierte entonces, que los funcionarios públicos denunciados cedieron indebidamente la administración de los fondos del FGS a un 'Gerente independiente o de tercer partido' que carecía de competencia alguna para llevar a cavo esa actuación. E incluso más, acordaron que por esa actividad ilegítima percibiría comisiones que tampoco se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico nacional".
