La Justicia Federal sigue su trabajo para esclarecer quién o quienes estuvieron detrás de los hackeos a jueces clave de Comodoro Py y dirigentes políticos, junto con la tramitación de líneas telefónicas a nombre de miembros de la Corte Suprema. En ese marco, en los últimos días se firmó el primer procesamiento contra uno de los imputados, de 20 años, por el delito de defraudación.
Se trata de Santiago Machado, uno de los detenidos en el marco del expediente por la tramitación de líneas a nombre de los cortesanos y otros integrantes de la Justicia. El pasado viernes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi firmó una resolución en la que también embargó al joven por 95 mil pesos y dispuso su prisión preventiva.
Fue luego de que se acreditara que al menos entre el 20 de diciembre del 2022 y el 23 de mayo de 2023 se dieron de alta de manera ilegítima una gran cantidad de líneas telefónicas a nombre de los cortesanos Rosatti y Rosenkrantz, del gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad y otras personas sin su consentimiento. La investigación pudo confirmar que Machado, oriundo de la localidad misionera de Garupa, tenía dos líneas a su nombre, "que impactaron en los mismos IMEI (dispositivos) en los que funcionaron también numerosas líneas obtenidas de forma ilegítima".
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En definitiva, el joven se encargaba de la venta de chips y gigas de internet baratos en una zona humilde de la localidad. Esas tarjetas SIM ya venían activadas y registradas a nombre de daminificados como los mencionados antes junto con la jueza federal de Posadas, Verónica Skanata, el diputado provincial de Misiones Hugo Mario Passalacqua y la titular de ANSES, María Fernanda Raverta.
En el caso de las líneas a nombre del presidente de la Corte se detectaron 6.590 registros de comunicaciones.
Qué dijo el primer procesado por los hackeos
En su indagatoria, Machado dijo que desconocía el nombre de los damnificados y aseguró que no activó ni utilizó las líneas telefónicas a nombre de ellos.
A su vez, dijo que su celular, sobre el que se detectaron muchas de las líneas tramitadas de manera irregular, se lo prestaba asiduamente a un amigo que, entre otras cosas, lo utilizaba para colocar otros chips porque tenía mejor señal. Pero las activaciones de las líneas y las trivias de preguntas para activar las líneas fueron realizadas desde el barrio en el que vive. Ese elemento despertó interés en la investigación.
Pero Martínez de Giorgi encontró más argumentos para apuntalar su procesamiento. Ejemplo de ello fueron las inconsistencias entre la prueba recabada y el relato que Machado dio en su indagatoria, algo que atribuyó a un "intento de mejorar su situación procesal y desligarse de responsabilidades en relación con las maniobras" que se investigan en la causa, de acuerdo al auto de procesamiento al que accedió PERFIL.
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Por ejemplo, se determinó que Machado tenía dos líneas a su nombre y no solo una, como dijo en la declaración. Esas líneas impactaron, de acuerdo a la investigación, en las "numerosas líneas obtenidas de forma ilegítima". Para establecer la trazabilidad entre códigos IMEI y las líneas fue clave el trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
Además de ello, decidió mantenerlo en prisión al considerar que existe peligro de que entorpezca la causa.
Para entender todavía más el accionar de Machado es necesario revisar la declaración indagatoria de otra de las personas que estuvo detenida. En los celulares que tenía Nelly Soledad Valdés, una mujer de 39 años oriunda de Posadas, Misiones, impactaron sus líneas y otras a nombre de Skanata y Rosatti, entre otros. Cuando le preguntaron en indagatoria el motivo de eso, dijo que no tenía idea.
"Yo compro en el barrio chips que vienen activados (...) Vienen con 1000 o 1500 pesos de crédito. Los uso sobre todo para que mi hija vea videos (...) Esos chips tienen vigencia de un mes. Si se finaliza, se puede recargar en ese mes. No tengo idea a nombre de quién están esos chips", declaró la mujer. Fue sobreseída por el juez Martínez de Giorgi.
La maniobra para acceder a líneas de jueces clave
Fuentes judiciales explicaron ante este medio que la investigación consta de dos causas conexas y de diferente complejidad entre ambas. Mientras la que aborda la tramitación de líneas a nombre de cortesanos y otros funcionarios está prácticamente definida en cuanto a la maniobra empleada, la otra pata es la causa 427/2023.
Se trata del expediente que investiga el hackeo mediante la maniobra conocida como SIM SWAP a través del que accedieron ilegítimamente a los teléfonos de los camaristas de casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y de los titulares del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Detrás de la maniobra aparecen los nombres de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro de 22 años, confeso autor del hackeo al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el ex policía federal Pedro Ariel Zanchetta, ambos detenidos en el marco de la causa.
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Más allá de que en ambas causas y maniobras intervinieron personas diferentes y con fines diferentes, hay un hilo conductor que une a ambos expedientes y son las dudas en torno a que las víctimas sean altos integrantes del Poder Judicial y funcionarios políticos de Misiones.
Vale recordar que en el caso de Nuñes Pinheiro, que la semana pasada presentó con el patrocinio de sus defensores Marcos Kapko y Sebastián Noguera un pedido de excarcelación que fue rechazado en primera instancia y luego por la Cámara Federal, este imputado declaró que un usuario de Telegram llamado ElJuanxd le encargó el hackeo de una serie de líneas, entre ellas la de D'Alessandro (investigada por la Justicia porteña y con un conflicto de competencia trabado en la Corte); la de Borinsky, Giménez Uriburu, Basso y Hornos.
De acuerdo a lo que consta en el expediente, se pudo establecer un modus operandi de, hasta el momento, tres pasos: la obtención de información de las víctimas por medio de bancos de datos personales como Nosis, Veraz o Latinoamerica Data; la toma de control de las líneas vía el SIM SWAP; y el acceso ilegítimo a las aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp.
La toma de control de esas aplicaciones significó el acceso a mensajes, fotos y demás archivos personales, historial de conversaciones, la suplantación de la identidad digital de las víctimas y el acceso a información privada con el fin de cometer delitos. Pero no menos grave el hecho de que llegaron a detectar la exigencia de sumas de dinero haciéndose pasar por una de las víctimas, el juez Giménez Uriburu, uno de los que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.
Este juez perdió control de su línea entre las 20.32 y las 20.358 del 8 de septiembre de 2022 hasta el 14 de septiembre de 2022. En ese lapso se efectuaron pedidos indebidos de dinero a contactos que el magistrado tenía agendados en Telegram y WhatsApp. El destino de esas sumas de dinero fue una cuenta de Mercado Pago, de acuerdo a lo que surgió de un informe de la DAJUDECO al que hizo referencia PERFIL días atrás.
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Gracias a ese informe se llegó al titular de esa cuenta bancaria, J.M.B., quien fue demorado, allanado y citado a indagatoria. Según fuentes judiciales, desconoció la maniobra, explicó sus movimientos bancarios y manifestó ante la Justicia que no sabía de qué le estaban hablando. En principio, la declaración fue convincente y quedó libre.
Así las cosas, en este tramo de la investigación, los dos nombres implicados son el de Núñes Piheiro y el del policía Zanchetta, a quien le encontraron más de dos mil pedidos de información personal de jueces en la base Sudamérica Data. En la conducta de ambos está clara la intención de obtener información de los magistrados.
"Vulnerabilidad" y exhorto a Enacom
En una resolución de 64 carillas a la que accedió este medio, el magistrado buscó dejar en claro que las maniobras descritas anteriormente se pudieron ejecutar en gran parte por "la evidente ausencia de controles suficientes" para identificar de forma fehaciente que las personas que tramitan líneas son efectivamente quienes dicen ser.
Es por eso que sostuvo la necesidad de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) esté al tanto de la situación para que "adopten los recaudos necesarios para maximizar los mecanismos de control" implementados por las empresas prestadoras de servicios de comunicación.
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El propósito: "evitar que los hechos reseñados puedan repetirse, e impedir la eventual comisión de nuevos delitos". Un pedido similar había hecho la jueza María Servini a principios de enero pasado, cuando en el marco de la causa por el hackeo al diputado nacional Diego Santilli pidió que se ordenen medidas para evitar los hackeos.
Días después, el presidente del Enacom anunció que quienes quieran tramitar líneas tendrán que acceder al reconocimiento facial.
cp
