Después que la Corte Suprema de Justicia ordenara suspender la entrega de tierras en Bariloche a una comunidad mapuche, la Cámara de Diputados de Mendoza votó una resolución que sostiene que "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos". La situación generó un fuerte cruce entre representantes de Cambia Mendoza y el Partido Justicialista.
Todo ocurrió en el marco de una reunión de la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por el oficialista José Luis Ramón.
Allí, de acuerdo a los reportes de medios locales, surgió un proyecto que entre sus artículos indica que "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios" y hay un repudio al decreto 805/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández donde se ordenó la suspensión de "sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras".
La resolución fue firmada por Cecilia Rodríguez, Evelin Pérez y Josefina Canale, diputadas provinciales del radicalismo y la última del Partido Demócrata Progresista. Según Los Andes, fue después de varias jornadas de escuchar a especialistas como historiadores y antropólogos.
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La medida aprobada también critica la suspensión de desalojos definida por el Gobierno nacional ya que supuestamente ese decreto "se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes".
Se trata de un proyecto que si bien aclara que las comunidades mapuches no deben ser consideradas pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, si se recurre a la Carta Magna se vislumbra un sentido contrario a la normativa mendocina.
Es que el texto sostiene, entre otras cosas, que se debe "garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingue e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan".
La Constitución también agrega que se debe "regular la entrega de otras (tierras) aptas y suficientes para el desarrollo humano". Pero en la sesión hubo 30 votos a favor -en su mayoría que responden al gobernador radical Rodolfo Suárez-, 8 en contra, 6 abstenciones y 4 ausencias.
Enojo kirchnerista y de las comunidades
Mientras se votaba el proyecto, en las afueras de la Legislatura provincial había una manifestación de movimientos de Derechos Humanos e integrantes de pueblos originarios. Todos sonaron al unísono con su rechazo.
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Por ejemplo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos expresó su "profundo repudio al dictamen negacionista y racista".
A su vez, la diputada kirchnerista Laura Chazarreta, integrante de la comisión que aprobó el dictamen, denunció que la norma fue gestada "con total tiranía de lxs radicales y el PRO, es racista, negacionista e inconstitucional, viola todos los derechos de lxs argentinos, de lxs mendocinxs".
La representante del bloque Frente de Todos también manifestó: "Las comunidades son parte de la Patria, las comunidades son argentinas, son personas, ciudadanxs de este territorio a quienes históricamente se les han vulnerado derechos, por eso los reconocimientos son justicia social, algo que ya venía sucediendo en Mendoza".
Por su parte, su compañero de bancada José Luis Ramón sostuvo que "es muy fuerte escuchar esas cosas, pareciera que estamos debatiendo cosas resueltas hace siglos".
En tanto, desde las comunidades alertaron que si la resolución pasa al pleno de la Cámara y se convierte en ley "sería un antecedente muy negativo porque institucionalmente se estaría afirmando el racismo estructural". Al menos así lo consideró Gabriel Jofré, werkén de la comunidad Malal Weche.
La disputa por las tierras en el sur
La situación se da en un contexto en el cual la mira está puesta sobre las comunidades originarias que reclaman la pertenencia ancestral de tierras ubicadas en el sur de Mendoza.
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El mismo planteo se replica en diferentes comunidades de las provincias del sur del país como Neuquén y Río Negro.
A comienzos de febrero, luego que el Gobierno Nacional cediera a las comunidades El Sosneado y Lof Suyai Levf una serie de tierras en los departamentos de San Rafael y Malargue, desde el Gobierno anticiparon que agotarían todas las posibilidades para que la cesión se pare.
"Todos los antecedentes históricos que tenemos relevados de historiadores y arqueólogos afirman que jamás hubo mapuches en el sur de la provincia. No son comunidades ancestrales", le había dicho a PERFIL el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia cuyana, Víctor Ibáñez Rosaz.
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