El anunciado proyecto de reforma judicial comenzó hoy a recorrer un largo camino de tratamiento legislativo que, de acuerdo a la intención del Gobierno, culminará con una casi segura modificación de la Justicia Federal y posibles cambios en la Corte Suprema, que serán analizados por el consejo consultivo que armó el propio presidente Alberto Fernández.
Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, durante las próximas tres o cuatro semanas se convocará a expertos a las reuniones plenarias de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, para ir desmenuzando las distintas partes del proyecto y una vez que se finalice con esa ronda de consultas que comenzó con la exposición de la ministra de Justicia Marcela Losardo.
El listado definitivo de expositores se conocerá en las próximas horas, a propuesta del oficialismo y de la oposición que fue invitada a proponer a sus expertos, y una vez que se finalice este proceso se emitirá el dictamen para llevar el tema al recinto.
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"Nosotros estamos en dialogo con la oposición desde el mismo viernes pasado, en que ingresó el Proyecto de Reforma al Senado de la Nación. Personalmente tomé contacto con el senador Luis Naidenoff y con la senadora Laura Rodríguez Machado buscando consenso para el listado de expositores, para garantizar la pluralidad de voces y el debate", dijo la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos).
El oficialismo y la oposición mostraron en los últimos días una especie de tregua que se materializó en el respaldo casi unánime en los proyectos vinculados a la reactivación económica impulsados por el Gobierno nacional como la moratoria y la ampliación del Presupuesto y el apoyo a la iniciativa para habilitar la renegociación de la deuda bajo normativa local que salió por unanimidad en el Senado y se espera un resultado similar en Diputados.
Sin embargo, la reforma judicial ya se anticipa como un eje de fuerte disenso que marcará aún más la polarización entre el oficialismo y la oposición y que tendrá tres ejes de discusión. Por un lado, está la creación de nuevos cargos ya que implicará la instauración de 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías y el consecuente costo que ya advirtió Juntos por el Cambio en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.
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De acuerdo al cálculo opositor, se trata de un gasto que rondará los $4 mil millones anuales, originado en la creación de "una desmesurada e injustificada cantidad de cargos" mientras "la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza", advirtieron en un comunicado que llegó como primera firma la del ex presidente Mauricio Macri.
En ese sentido, la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti advirtió que le pareció "una barbaridad que justamente Mauricio Macri firme un comunicado que se encabeza como criticando a la corte menemista. Estamos hablando de una persona que fue muy beneficiada por esa mayoría automática. Sabemos las causas que había. Y de hecho fue lo que catapultó varios juicios políticos a ex integrantes de la Corte Suprema".
El tercer punto de la polémica en torno a la reforma de la Justicia está vinculado con la transparencia en la designación de quienes llegarán para cubrir los nuevos cargos.
La senadora Rodríguez Machado explicó a PERFIL que "ni para la modificación de la ley ni para el nombramiento de juzgados inferiores se necesitan los dos tercios de los votos en el Senado, que es donde la oposición se puede sentar a acordar". Solo se necesita esa mayoría en el caso de la designación de los jueces de la Corte Suprema y del titular del Ministerio Público Fiscal, pero no para el resto de los cargos judiciales.
El Frente de Todos cuenta con un bloque propio de 41 senadores, sobre un total de 72 integrantes, que incluso puede llegar a engrosarse con el respaldo eventual de aliados. Si bien no llega a contar por sí mismo con los dos tercios que menciona la senadora Machado, le alcanza para poder sacar la reforma judicial por mayoría simple en el Senado una vez que haya finalizado el debate en comisiones.
No obstante, en Diputados se anticipa una discusión más ajustada que no llegaría antes del mes de octubre y que se superpondría con otro debate que también va a ahondar las distancias del oficialismo y de la oposición y que es el de Presupuesto 2020, cuya llegada a la Cámara Baja se espera para el 15 de septiembre.
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En paralelo comenzará a trabajar el consejo consultivo integrado por 11 miembros para resolver la necesidad de avanzar en una modificación de la Corte Suprema.
Como anticipo del disenso que se dará en Diputados, el presidente de la Cámara Sergio Massa sumó un rasgo de diferenciación a nivel interna al señalar que "es intrascendente la discusión sobre el número de miembros de la corte. En lo personal creo que no es necesario aumentar el número de miembros de la Corte. Nosotros necesitamos haya más celeridad de la Justicia, de la Corte y eso es lo que pretende discutir esta reforma".
Massa reconoció además que "está claro que la Justicia está en deuda con la sociedad argentina y que necesita mejorar su funcionamiento", al mismo tiempo que descartó que los cambios tengan como intención brindar impunidad a ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
"No es bueno que sobre cada tema aparezca la idea que el gobierno tiene un objetivo", lamentó el titular de la Cámara Baja que tendrá que comandar unos meses de intensa actividad parlamentaria, luego de la aprobación del paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo.
