A 72 horas de su aparición, el proyecto de reforma laboral del Gobierno desató nuevas internas sin saldo a corto plazo. Controversias basadas en los tiempos del debate legislativo que se viene, hasta que algunos sectores en pugna ganaron y perdieron posiciones cuando el presidente Javier Milei volvió de Noruega y firmó el texto definitivo. Pero la urgencia por activar el debate en el Senado puede encontrarse con otro obstáculo previo en los tribunales. Según pudo reconstruir PERFIL, la Confederación General del Trabajo (CGT) analiza la presentación de un amparo en la Justicia para cuestionar el ingreso del proyecto en el Senado, porque viola la Constitución Nacional.
Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, está convencida y deja saber a todo aquel que pise la Casa Rosada que la ambiciosa iniciativa tendrá una discusión exprés en el Parlamento. Así lo pudo constatar PERFIL. La hermana del Presidente sostiene, desde su óptica, que “los votos están”, y exhibe un optimismo que contrasta con los datos que surgen del Congreso.
Karina está segura de que la modernización laboral será ley antes de fin de año. A la titular de La Libertad Avanza la contradicen las fuentes parlamentarias, que hablan de un debate que podría extenderse a febrero o en sesiones ordinarias dada la complejidad del texto y la actitud de los gobernadores, que guardan silencio y hoy no garantizan voluntades para darle el visto bueno al texto.
Fuentes libertarias se muestran cautelosas, con algunas advertencias. Son las voces que resaltan que todavía falta aceitar vínculos con la oposición permeable a la conversación con la fuerza violeta y que habrá una serie de resistencias que se expresarán en la calle a partir de la semana próxima.
Es una referencia dedicada a la movilización que organiza la CGT para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo en contra de la reforma. La protesta tiene como horario de comienzo a las 15 y aglutinará por el momento a las dos CTA (tanto la de Hugo Yasky como la de Hugo Godoy), a los movimientos sociales y al gremialismo identificado con el Frente de Izquierda, partido que prometió asistencia. Todo con la premisa de reunir a 150 mil personas y darles un mensaje contundente a Milei y a aquellos mandatarios del interior dispuestos a apoyar la iniciativa que primero se discutirá en el Senado.
En la calle Azopardo, en medio de este enfrentamiento total con el oficialismo, no descartan presentar un amparo contra el proyecto. ¿El motivo? Porque incluye artículos dedicados a lo tributario, como reformas en cargas y contribuciones, además de modificaciones en Ganancias e IVA. Son aspectos que chocan con el artículo 52 de la Constitución que establece que toda reforma que determine cambios impositivos debe ingresar por Diputados. En la central todavía dicen que no hay nada firme, pero tampoco descartan la alternativa.
Un sector del oficialismo, que se autopercibe “dialoguista”, encarnado por Santiago Caputo, el asesor presidencial, sostiene que era indispensable alcanzar acuerdos con la primera plana cegetista. Un razonamiento compartido por Julio Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación, y quien tiene diálogo fluido con varios de los referentes más importantes de la calle Azopardo producto de viajes y paneles compartidos en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
El funcionario siempre estuvo convencido de que no se debía avanzar hacia las restricciones del cobro de la cuota solidaria, uno de los artículos que más rencor despertaron en el sindicalismo, pese a que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, había prometido que ese sistema de financiamiento no iba a sufrir modificaciones. Aun así, trató de mostrarse como ganador en la discusión puertas adentro y realizó un raid mediático en los últimos días para ponderar el texto. Dijo que “no es una ley antinada, es proempresa, prosindicato y protrabajador”.
En la vereda de enfrente, está y estará Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado impulsó a lo largo de todo el debate sobre la letra chica de la iniciativa las transformaciones más sensibles a la ley de contrato de trabajo. Una es la eliminación de la disposición que permitía que un convenio colectivo de trabajo siguiera vigente incluso si expiraba, forzando una renegociación (la llamada ultractividad). Motivó el fin de la prelación laboral, que establece que si un contrato individual o convenio colectivo ofrece más beneficios (salario, indemnización, etc.) que una ley general, se aplica el más beneficioso, protegiendo al trabajador, especialmente en casos de quiebra o insolvencia empresarial.
El “coloso” además logró imponer los límites a las indemnizaciones e intentó dar un paso más al tratar de barrer con la ley que fija la cuota solidaria, aunque pudo promover restricciones, como la aceptación expresa de los trabajadores para que le descuenten parte de su sueldo en pos de una contribución solidaria. En medio de las discusiones de alto voltaje en el Consejo de Mayo, también promovió que los convenios se plasmen por empresa y no por actividad.
