No se trata de una interpretación garantista ni de una posición ideológica: los menores no son una amenaza social. La idea, repetida hasta el cansancio durante el debate en el Senado por el nuevo Régimen Penal Juvenil, no se fundamenta en cifras. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) elaborado con datos oficiales de 2024 (los últimos disponibles), en Argentina hay 4.119 niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y más de la mitad enfrenta causas por robos, hurtos o delitos menores. En el recinto también se insistió en la palabra “impunidad” y en que ningún chico va preso. Eso también es incorrecto, ya que en la actualidad hay jóvenes de 13, 14 y 15 años alojados en dispositivos de encierro.
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En diálogo con PERFIL, María Josefina Ignacio, comisionada del CNPT, cuestionó el punto de partida del tratamiento parlamentario de la ley impulsada por La Libertad Avanza. “La base sobre la que se discute es falsa. No está mal debatir una ley, pero si partís de datos leídos de manera maliciosa, nada bueno va a salir”. Y agregó: “Quien diga que a partir de su aprobación vamos a estar más seguros en la calle es un perverso porque los datos están y los legisladores saben que el porcentaje de menores que cometen delitos graves es ínfimo”.
Cantidad, delitos y distribución: la dimensión del sistema penal juvenil
El informe del CNPT relevó que del total de 4.119 adolescentes incluidos en el Sistema Penal Juvenil, 3.249 cumplen medidas penales en territorio y 865 están alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad.
En la distribución por tipo de delito, el 57,1% corresponde a delitos contra la propiedad. En el detalle específico, el robo concentra el 49,8% de los casos. Los homicidios representan el 6,7% del total y los delitos contra la integridad sexual el 7,5%. En otras palabras, la composición general no respalda la idea de un fenómeno masivo de violencia juvenil.
En el informe también se pueden advertir fuertes disparidades entre provincias. Cinco jurisdicciones concentran el 95% de los adolescentes bajo medidas privativas o restrictivas de la libertad: Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
A nivel nacional, la tasa de encierro juvenil es de 1,8 cada 100 mil habitantes y los 865 casos representan el 0,6% del total de personas privadas de la libertad en el país.
“Es interesante ver en esos datos la disparidad que hay en todo el país respecto del sistema penal y cómo se abordan los conflictos con los adolescentes. Hay provincias que directamente no tienen lugares de encierro para chicos o tienen uno o dos. En otras, como por ejemplo Buenos Aires, el número es más alto. En parte por su demografía, es la jurisdicción con mayor cantidad de adolescentes privados de libertad”, señaló Ignacio.
Ignacio también subrayó que el sistema no es, como suele afirmarse, un esquema sin consecuencias. “El 80% está con medidas alternativas y no en contexto de encierro. Es decir, hay otras opciones a pesar de que nunca se hace hincapié en una mirada de reparación, de justicia restaurativa o de búsqueda de otros abordajes, pero sí en el encierro”, dijo.
En el recinto se repitió la idea de que las bandas criminales seleccionan a menores cada vez más chicos para cometer delitos graves bajo la premisa de que esa franja, al no ser punible, no enfrenta consecuencias. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, había 48 adolescentes de entre 12 y 15 años dentro del sistema y 44 de ellos se encontraban alojados en dispositivos de encierro.
Ignacio advirtió sobre el impacto de la opinión pública en las decisiones judiciales. “Hace poco un juez me contó que a partir del caso de Kim González, los fiscales sienten la presión cuando hay menores involucrados y hubo un pico de chicos con alguna medida de seguridad que implica encierro en la provincia de Buenos Aires”, relató.
Además, entre 2020 y 2024 la población total de niñas, niños y adolescentes incluidos en el Sistema Penal Juvenil se redujo un 22%. Sin embargo, esa caída no fue lineal ni sostenida en el tiempo. El informe advierte que desde 2022 la tendencia descendente se desaceleró y comenzó a mostrar signos de amesetamiento. Es decir, el descenso fuerte se produjo en los primeros años del período y luego la curva se estabilizó.
La comparación interanual más reciente refuerza esa idea. Entre 2023 y 2024 la población total bajó apenas 1,1%, pero dentro de ese universo se registró una leve suba de los adolescentes bajo regímenes de privación de la libertad (+1,6%) y una leve baja de quienes cumplen medidas en territorio (-1,8%). Si bien se trata de variaciones mínimas, el informe señala la necesidad de monitorear si esta estabilización y el pequeño repunte del encierro se consolidan en los próximos años o responden a una oscilación puntual.
Mientras el Congreso discute un nuevo régimen penal juvenil, los datos oficiales muestran un universo acotado en términos numéricos, con fuerte concentración territorial y con una mayoría de casos vinculados a delitos contra la propiedad. El problema existe. Pero su dimensión es otra muy distinta a la que pretende instalarse en el debate público.
