Camilo Cordero Fabbri presentó su renuncia como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA) después de que saliera a la luz que integraba la defensa legal de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales involucrados en la causa ANDIS y actualmente detenido en otra investigación por explotación de la prostitución.
Fuentes oficiales confirmaron que, al advertir su participación en una causa judicial vinculada a delitos de corrupción y trata, se le planteó una disyuntiva: conservar su puesto en la OA o continuar con su actividad privada como abogado. Finalmente optó por abandonar el organismo. “Tenía ejercicio profesional libre, pero no podía intervenir en expedientes de corrupción”, remarcaron desde el Gobierno, que consideró incompatible su doble rol.
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Cordero Fabbri representaba a Calvete en el expediente por explotación sexual ajena, donde el Tribunal Oral Criminal N.º 4 le impuso una condena a cuatro años de prisión. Además, aunque no figuraba como abogado formal en el caso ANDIS, estuvo presente durante los allanamientos realizados al empresario, señalado por la fiscalía como un operador informal entre la Agencia Nacional de Discapacidad y varias firmas proveedoras. Según los investigadores, los empleados de Calvete tenían instrucciones de llamar a Cordero Fabbri en caso de procedimientos judiciales.
Su ingreso a la OA se produjo en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, inicialmente bajo un nombramiento previsto para apenas 180 días.
La situación judicial de Calvete en la causa ANDIS
Calvete es considerado por la fiscalía como una figura clave en el entramado de irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, el empresario actuaba como articulador entre diversas droguerías –entre ellas Profarma S.A., Profusión S.A. e INDECOMM S.R.L.– y funcionarios del organismo, pese a no tener ningún cargo oficial en la estructura estatal.
La investigación sostiene que mantenía una relación directa con el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y con el funcionario Daniel María Garbellini, con quienes coordinaba pagos y contrataciones. Incluso realizaba reuniones fuera del organismo, tanto en su domicilio como en locales gastronómicos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
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El Ministerio Público Fiscal lo acusa de influir en adjudicaciones millonarias, direccionar contrataciones y gestionar pagos a funcionarios y proveedores. Los cálculos preliminares estiman un perjuicio de alrededor de 37.000 millones de pesos. Durante los allanamientos, se incautaron diversos bienes y una suma cercana a los 700 mil dólares.
Calvete, por su parte, se negó hasta el momento a declarar. Los investigadores consideran relevantes sus cuadernos personales, donde —según la fiscalía— habría registrado detalles del esquema de corrupción atribuido a su figura y a otros involucrados.
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