Retrocesos en el control de los fondos de la AFI

Los fondos que se manejan de manera secreta desde la ex SIDE han sido fuente de innumerables historias sobre la “cadena de la felicidad”. También han sido identificados, con pruebas concretas, en numerosos procesamientos judiciales de ex funcionarios –políticos y judiciales– como fuentes de sobresueldos y desvío de investigaciones, entre ellas la de la voladura de la AMIA.
A pesar de la sensibilidad que reviste este tema, el Gobierno ha entrado en franca contradicción a la hora de informar sobre las normas que regulan el manejo de los fondos reservados de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Su titular, Gustavo Arribas, afirmó que las normas vigentes cumplen “los más elevados estándares de transparencia”. Sin embargo, el mismo Gobierno reconoció “la existencia de un retroceso en lo que respecta a la transparencia de utilización de fondos reservados”, en un informe elevado a la ONU.
La situación salió a la luz tras un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizado por la organización de familiares de víctimas del atentado a la AMIA Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En particular, las organizaciones apuntaron al decreto 656/2016 del 9 de mayo, primera norma macrista sobre inteligencia.
El decreto dejó en vigor el protocolo que había implementado la reforma que impulsó el kirchnerismo (con la ley 23.126 y el decreto 1.311/2015) tras la muerte de Alberto Nisman; modificó con un nuevo reglamento el mecanismo de incorporación de personal y anuló el “régimen de administración de fondos” de la AFI, sin reemplazarlo con una nueva normativa pública.
El 18 de mayo, mediante una nota a Peña, Memoria Activa y el CELS señalaron que la falta de regulación constituía un retroceso y preguntaron si “la AFI ha sancionado por disposición interna un nuevo régimen”. Debe aclararse que la existencia de normas que regulen el uso de los fondos no implica que pierdan su carácter secreto, sino implementar rutinas administrativas que permitan el control de quienes sí tienen acceso a la información, como la Comisión Bicameral (que nunca ha cumplido su función) o la Justicia en los casos en que está autorizada.
En paralelo, el tema había sido tratado en la revisión anual que realiza el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los representantes argentinos (de Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos) enviaron un informe donde indicaron: “La AFI afirma que se está trabajando en un sistema de rendición de gastos y conservación de documentación relativa a los gastos”. En este marco, reconocieron que la falta de una normativa constituía un “retroceso”. El informe se publicó el 5 de julio.  
En abierta contradicción con el reconocimiento ante la ONU, Arribas remitió una carta al CELS y Memoria Activa, el 11 de julio, donde afirmó que “se han establecido y se encuentran vigentes diversos procedimientos y controles que conforman un sistema de administración de fondos que responde a los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo”