El Rey de la Carne cayó en Belice. Alberto Samid fue detenido el viernes a las nueve de la noche por la policía de San Pedro, una pequeña localidad ubicada al sur del pequeño país vecino a México. Así, la aventura del empresario en condición de prófugo duró apenas dos semanas. En adelante se le abren dos escenarios posibles a quien elude una condena por liderar una asociación ilícita desde 1996: Belice podría decidir su expulsión directa o la Justicia argentina debería empezar los trámites de extradición, vía Cancillería. A última hora de ayer, dos efectivos de la Policía Federal viajaron para tramitar el traslado.
“En Belice, fue detenido por Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la Justicia deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional nos permite al instante saber dónde están”, tuiteó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tanto ella como su jefe de Gabinete, Gerardo Milman, se mostraron hiperactivos en la búsqueda del empresario.
“Seguramente está siendo trasladado al lugar de detención para iniciar los trámites jurídicos que correspondan. Quedará detenido en una estación policial y de ahí ya son decisiones soberanas de Belice y del tribunal que lo está buscando en la Argentina”, detalló Milman. Por estas horas, el ministerio de Bullrich se mantiene en contacto con Interpol, con el objetivo de agilizar el trámite de expulsión. Por el contrario, la estrategia del matarife fugitivo parecía ser ganar tiempo, hasta que prescribiera definitivamente la causa en su contra.
Según la información que maneja el Ministerio de Seguridad, Samid había salido de la Argentina de forma ilegal el 24 de marzo. De ahí, había hecho una escala en Panamá, hasta su llegada a Belice el 26. Hasta el jueves, el empresario se había encargado de dar pistas falsas a los medios. Dijo estar ubicado en una “provincia peronista”.
Ni siquiera su abogado decía estar al tanto de su paradero. “Tampoco es la primera vez que nosotros (los abogados) tomamos conocimiento a través del periodismo sobre estas cuestiones”, se sorprendió ayer Vicente D’Attoli, el representante de Samid.
“Samid podría haber evitado todo esto si se hubiera presentado en la Justicia, pero decidió el camino de escaparse. El tribunal y el fiscal plantearon el miércoles la necesidad de buscarlo”, opinó ayer Bullrich.
El ex director del Mercado Central tiene que presentarse en el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE). Está acusado de evasión fiscal y de encabezar una asociación ilícita. Tiene 71 años y es dueño de la cadena de carnicerías La Lonja y de los locales MacRey.
En su alerta roja, Interpol lo describía como una persona violenta. Y daba más datos: “Formaba parte de la cúpula de una organización delictiva, siendo uno de los elementos más preponderantes de esa asociación, que por intermedio de varios frigoríficos destinados a la venta de alimentos vacunos, y luego de la venta de los mismos, dicha organización retenía los impuestos que debían ser aportados a las arcas del Estado nacional”.
Acusado de asociación ilícita
El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió una condena de seis años y seis meses de prisión para Alberto Samid. Lo hizo la semana pasada, cuando el Rey de la Carne ya había emprendido su fuga hacia Belice. Además, el Estado le reclama 23 millones de pesos evadidos entre 1993 y 1998, excluyendo los intereses generados hasta la fecha. La denuncia original contra Samid es de 1996.
En marzo pasado, la causa había sido reactivada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, cuando estaba a punto de prescribir. El TOP 1 tomó esa decisión tras la orden de la Cámara de Casación Penal. La acusación por asociación ilícita es el único delito que no prescribió desde que, en 1996, la DGI presentó una causa por evasión impositiva de sus frigoríficos.
Además de Samid, son juzgados su hermana Alicia y otros empresarios, todos acusados de integrar una asociación ilícita que evadió el pago del IVA: Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.
Durante su reciente ronda de declaraciones, Samid aseguró que el fiscal Pérez Barberá le había pedido una coima de 1.800.000 dólares. Tal planteo, sumado a la fuga, parecen apuntar a la estrategia de hacer tiempo. Porque existe una controversia entre las defensas y el fiscal del juicio respecto a la fecha de la prescripción. Según uno de los abogados defensores, el plazo se terminaría en junio.
