Sin clases en siete provincias

La situación de siete provincias argentinas en torno al comienzo de clases está estancada. En Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Tucumán y Chaco no se abrirán las aulas ya que el Estado y los docentes no llegaron aun acuerdo en torno al nivel de los salarios.

En la provincia de Buenos Aires, inclusive, la Federación de Educadores Bonaerenses, anunció un paro por 72 horas desde el martes, mientras que Suteba, el otro gremio mayoritario, parará por 48 horas.

Los docentes bonaerenses reclaman un piso salarial de 3.100 pesos (hoy es de 2.400), el blanqueo de las sumas en negro y la eliminación de los topes de las asignaciones familiares. La Provincia ofreció elevar el sueldo a $2800 en marzo y $2900 en julio.

En Córdoba los docentes realizarán un paro por 24 horas el martes, en rechazo a la oferta salarial de un 25% que realizó el gobierno de José Manuel de la Sota. La oferta fue rechazada ya que el incremento se iba a pagar en cuatro etapas trimestrales al básico y al conformado.

En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de esa provincia (Amsafe) rechazó la oferta ofrecida por el gobierno santafecino, de un 21% de aumento de salarios desdoblado en un 14% en febrero y un 7% restante en junio, y decidió realizar paros de 48 horas durante tres semanas consecutivas.

Jujuy es otra provincia en conflicto, donde los docentes agremiados en ADEP se declararon en estado de "alerta y movilización" a la espera de la resolución de las paritarias nacionales y el "blanqueo" del pago del fondo compensador docente. Anunciaron que el inicio de clases estaba "en suspenso".

En Mendoza anunciaron un paro y movilización para el martes, pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. El sindicato docente tomó la decisión luego de rechazar la propuesta salarial del gobierno de 2.840 pesos para el salario mínimo inicial.

Por su parte, el gremio de Trabajadores de la Educación de Chaco (Atech) convocó a un paro de seis días en protesta contra la negativa del gobierno de Jorge Capitanich de otorgar una mejora salarial remunerativa que eleve el piso por encima de los 3.200 pesos.