El gobierno de Uruguay presentó un programa piloto destinado a personas privadas de libertad que busca facilitar la reinserción social y laboral de los presos antes de recuperar la libertad. La iniciativa, denominada “Libertad Segura”, contempla que los internos comiencen un proceso de capacitación y acceso al empleo protegido durante los seis meses previos a su liberación.
El plan fue anunciado por la administración del presidente Yamandú Orsi y estará dirigido inicialmente a unas 350 personas privadas de libertad. Según explicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el objetivo es “romper el círculo de pobreza, violencia y delito” que afecta a muchos exreclusos una vez que abandonan el sistema penitenciario.
La primera etapa del programa comenzará seis meses antes de la excarcelación. Durante ese período, los internos seleccionados deberán actualizar documentación básica —como la cédula de identidad—, acceder a controles de salud y participar en capacitaciones laborales coordinadas junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Además, se elaborará un perfil laboral personalizado para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
Una vez liberadas, las personas beneficiadas podrán acceder a empleos protegidos durante un año mediante acuerdos entre el Estado y empresas privadas. El programa también contempla apoyo social, boletos de transporte y asistencia para garantizar condiciones mínimas de reinserción.
Las autoridades uruguayas señalaron que el proyecto busca reducir la reincidencia delictiva. Datos oficiales indican que tres de cada diez liberados vuelven a delinquir antes de cumplir seis meses fuera de prisión y que dos tercios reinciden antes de los tres años.
Actualmente, Uruguay posee una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y enfrenta desde hace años cuestionamientos sobre las condiciones del sistema penitenciario y las dificultades de reinserción social. Diversos informes advierten que muchos exreclusos terminan en situación de calle o sin acceso estable al empleo tras recuperar la libertad.
Desde el gobierno sostienen que la iniciativa apunta a cambiar esa realidad mediante un acompañamiento integral que combine capacitación, trabajo y asistencia social. Si los resultados del plan piloto son positivos, las autoridades no descartan ampliar el programa al resto de la población penitenciaria en los próximos años.
