Leonel Ayala tenía 32 años, era docente, músico y un apasionado por la enseñanza artística. Fue internado por un dolor abdominal, pero un mes después murió en el hospital Italiano de La Plata tras recibir un lote de fentanilo contaminado. Su caso forma parte de la causa judicial que ya investiga 53 muertes y apunta contra empresarios de dos laboratorios por la distribución de medicamentos adulterados.
Oriundo de Florencio Varela, Ayala dedicó su vida a la educación pública. Era licenciado en Educación con un excelente promedio, profesor de música y docente de nivel superior. A los 32 años, ya se desempeñaba como inspector artístico en escuelas del conurbano bonaerense, donde promovía la enseñanza musical en contextos vulnerables. Compraba instrumentos con su propio dinero y soñaba con una educación más inclusiva y de calidad. Pero en marzo de este año, su vida se truncó por una cadena de decisiones médicas y farmacológicas que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
Todo comenzó con un dolor abdominal a principios de marzo. En una clínica de Ranelagh, le diagnosticaron un cálculo en la vesícula que obstruía el páncreas. Según su familia, evolucionaba favorablemente y estaba por recibir el alta, pero le realizaron un procedimiento que, aseguran, fue innecesario: una CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica).
El 15 de marzo fue derivado al hospital Italiano de La Plata. Allí su cuadro se agravó. Le administraron fentanilo para el dolor, pero al poco tiempo comenzó con fiebre alta y una neumonía que, según los médicos, no lograban controlar. Murió el 12 de abril.
“El acta de defunción dice que fue por pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio, pero nosotros no nos conformamos”, dijeron sus hermanos, Alejandro y David.
"Le dieron fentanilo durante 30 días cuando las recomendaciones médicas dicen que no debería administrarse más de 15 días en terapia intensiva. Además, nos decían que tenía una bacteria que no podían controlar, pero todo apuntaba a que era el fentanilo contaminado”, agregaron.
El descubrimiento del lote con fentalino contaminado
La familia se enteró del escándalo semanas después, por los medios. “Al principio el hospital nos negó todo, nos dijeron que a Leonel no le habían dado fentanilo contaminado. Pero nos asesoramos con un abogado, pedimos los informes y descubrimos que el lote que le aplicaron estaba dentro de los adulterados”, contaron. También señalaron que Leonel era completamente sano y que todo comenzó por una mala decisión médica.
“Quería un mundo mejor y trabajaba por eso todos los días. Su vida era esfuerzo, dedicación y resiliencia. Venimos de una familia trabajadora, y él logró todo lo que soñó. Lo que nos pasó fue injusto y doloroso”, lamentó su familia.
Fentanilo contaminado: la droguería allanada salió a aclarar su situación
La historia de Leonel es una de las 53 muertes, más otras 90 personas afectadas, que investiga la Justicia por el uso de fentanilo contaminado, un opioide de uso hospitalario. La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ya derivó en allanamientos a 22 empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás y Ramallo.
Los laboratorios bajo investigación
La lupa está puesta sobre las firmas Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., señaladas por fallas en la elaboración y distribución del medicamento. La ANMAT había emitido advertencias por deficiencias en las prácticas de manufactura, pero las ampollas igual llegaron a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.
Según los informes oficiales, el opioide contaminado fue utilizado principalmente en terapias intensivas de 19 centros médicos. Las víctimas habían sido internadas por distintas razones y, tras recibir el medicamento, sufrieron infecciones generalizadas que resultaron fatales.
Frente a la magnitud del escándalo sanitario, el Gobierno nacional se presentó como querellante a través del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. Según explicaron, buscan “reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario” y garantizar el esclarecimiento de lo ocurrido para proteger la salud pública.
Mientras tanto, la familia Ayala sigue buscando justicia. “Si no hubiéramos tenido la fuerza para investigar, esto pasaba desapercibido. Y creemos que hay muchas familias que ni siquiera saben lo que pasó con sus seres queridos”, concluyeron.
RM/EM
