A medio siglo del inicio de la última dictadura militar, la Argentina sigue librando una pelea decisiva contra el olvido. Aunque el terrorismo de Estado terminó en 1983, sus consecuencias continúan abiertas en cientos de historias atravesadas por la desaparición forzada, la apropiación de bebés, la búsqueda de restos y la necesidad de sostener los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, el gran enemigo ya no es solo la impunidad: también es el tiempo.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder e inauguraron uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. La represión ilegal desplegada por el régimen dejó miles de muertos y desaparecidos, desarticuló familias enteras e interrumpió el funcionamiento institucional del país. Cincuenta años después, los organismos de derechos humanos, la Justicia y los equipos forenses todavía trabajan para reconstruir identidades, encontrar restos y reunir pruebas que permitan completar una verdad que aún no está cerrada.
Uno de los símbolos más contundentes de esa memoria viva es la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires. Ese predio, que durante la dictadura funcionó como uno de los más de 800 centros clandestinos de detención, hoy es un espacio dedicado a la memoria y a la labor de instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos. Allí conviven las marcas del horror con la tarea persistente de quienes siguen buscando respuestas.
La identidad como derecho pendiente
Entre las heridas más profundas que dejó la dictadura está la apropiación de bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus familias. El caso de María Paula Inama Macedo expone con crudeza el impacto de ese delito. Su madre dio a luz mientras estaba cautiva y permanece desaparecida, al igual que su padre. Durante años, María Paula vivió sin conocer su verdadera historia y sin sospechar que la familia con la que creció no era la biológica. Recién en octubre de 2024 fue contactada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se realizó estudios genéticos y confirmó que había sido apropiada.
Su testimonio resume la dimensión humana de esa búsqueda. No saber con certeza dónde nació ni cuál es su fecha real de nacimiento no es apenas un vacío administrativo: es la prueba de una identidad arrancada por el terrorismo de Estado. En cada uno de estos casos, recuperar el nombre, la historia y los vínculos no solo repara una vida individual, sino que también reconstruye una parte de la memoria colectiva del país.
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En esa tarea, Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo una referencia central. En la Casa por la Identidad, también ubicada en la ex ESMA, se conserva y transmite la historia de los nietos recuperados. Allí aparece otra figura emblemática: Manuel Gonçalves Granada, quien recuperó su identidad en 1997 gracias a la búsqueda de su abuela. Su historia, como la de otros nietos restituidos, muestra que el paso del tiempo no canceló el reclamo, pero sí volvió más urgente su continuidad.
Hasta ahora fueron resueltos 140 casos de bebés apropiados durante la dictadura, aunque todavía restan alrededor de 300. Esa cifra revela que la dimensión del crimen sigue abierta y que el trabajo no puede darse por concluido. También plantea un desafío generacional: muchas de las abuelas envejecieron o fallecieron, y ahora son los nietos restituidos y nuevas generaciones quienes asumen la responsabilidad de mantener viva la búsqueda.
El golpe que también demolió las instituciones
La dictadura no solo persiguió, secuestró y asesinó. También desmontó el andamiaje democrático. Tras el golpe, el régimen removió a los integrantes de la Corte Suprema, desplazó a tribunales superiores provinciales y disolvió los poderes legislativos a nivel municipal, provincial y nacional. El Congreso dejó de funcionar y la vida republicana quedó suspendida bajo control militar.
Julio Bárbaro, entonces diputado peronista de 33 años, fue uno de los testigos de ese final abrupto. La última sesión de la Cámara de Diputados antes del golpe se celebró el 18 de marzo de 1976. Según su recuerdo, muchos legisladores advertían que se acercaba una nueva interrupción institucional, aunque no imaginaban la magnitud de la violencia que se desataría. No sería “un golpe más”, sino una maquinaria represiva orientada a desaparecer personas y sembrar terror.
Ese señalamiento resulta clave para comprender por qué, cincuenta años después, la memoria no puede reducirse a una fecha conmemorativa. El golpe implicó una política sistemática que atacó al mismo tiempo a las personas, a las familias y al Estado de derecho. Por eso, el 24 de marzo sigue siendo también una advertencia sobre lo que ocurre cuando la democracia es quebrada y el poder se ejerce sin límites institucionales.
La ciencia forense contra el silencio
Si Abuelas de Plaza de Mayo representa la lucha por la identidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encarna la pelea por encontrar a los desaparecidos. En su sede, junto a la Casa por la Identidad, se resguardan muestras hemáticas de familiares que aportan voluntariamente material genético para identificar restos. Esa tarea, que combina antropología, genética y archivo judicial, se volvió indispensable para reconstruir destinos que la dictadura intentó borrar para siempre.
Pero en ese terreno el tiempo pesa con una dureza particular. Mariella Fumagalli, directora para Argentina del EAAF, advierte que muchos familiares de desaparecidos van muriendo y eso dificulta la obtención de muestras que permitan arribar a identificaciones. Frente a esa pérdida irreversible, el desarrollo tecnológico aparece como una herramienta decisiva para sostener la búsqueda. La ciencia, en este contexto, no solo aporta datos: se vuelve una forma de reparación.
Uno de los avances recientes más significativos fue anunciado el 10 de marzo de este año, cuando el EAAF informó la identificación de restos de 12 personas hallados en el sitio La Perla, en Córdoba. Entre esas historias está la de las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, secuestradas el 5 de mayo de 1976 cuando tenían 18 años. Sin embargo, incluso ese hallazgo llegó con una crueldad adicional: todavía no se puede establecer con certeza a cuál de las dos hermanas corresponden los restos identificados.
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El testimonio de Marcela Sanmartino Carranza, sobrina de las mellizas, condensa ese dolor inconcluso. Saber que una de ellas fue asesinada en La Perla permite avanzar en la verdad, pero no cierra la herida. La otra sigue desaparecida, y aun la que pudo ser encontrada permanece bajo una incógnita insoportable. En esa frontera entre avance y ausencia se expresa, quizá como en ningún otro campo, la persistencia del daño que dejó la dictadura.
Los juicios y una verdad que todavía se busca
En paralelo con la búsqueda de identidades y restos, la Justicia continúa su trabajo sobre los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Daniel Rafecas lleva adelante una de las causas más grandes vinculadas a ese período, la del Primer Cuerpo del Ejército. En todo el país ya hubo más de 1.200 condenas por delitos cometidos durante la dictadura, y más de 250 de esos casos fueron instruidos por su juzgado y elevados a tribunales orales.
Sin embargo, los procesos judiciales también chocan con el desgaste del tiempo. Rafecas advirtió que, a medida que pasan los años, resulta cada vez más difícil reunir pruebas suficientes para formular imputaciones y sostener condenas. La desaparición de testigos, la degradación de documentos y el carácter clandestino de muchos crímenes complejizan una tarea que ya de por sí fue diseñada por los represores para dejar escasas huellas.
Uno de los puntos más oscuros sigue siendo el de los llamados “traslados”, los vuelos de la muerte mediante los cuales las víctimas eran arrojadas al mar con vida. Según Rafecas, sobre esa etapa final de la maquinaria represiva todavía se sabe muy poco desde el punto de vista judicial, incluso después de dos décadas de investigación. Esa constatación vuelve más evidente la urgencia: cada nuevo documento, cada hallazgo material, cada testimonio recuperado puede ser determinante.
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