Con la presencia de su autor, Alberto Reinaldo Pierri, la provincia de Río Negro celebra los 32 años de la creación de una ley que permitió, desde su sanción, que muchas familias accedieran a una vivienda.
El empresario y político, que durante una década (1989-1999) presidió la Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem, fue el creador de la Ley Nacional 24.374, más conocida como “Ley Pierri”. Como reconocimiento a su trabajo, una calle de Bariloche llevará nombre.
En el Alto de la ciudad se celebró el acto para darle el nombre de Pierri a la colectora paralela a la avenida Juan Herman, en el ingreso al barrio más grande de la ciudad, El Frutillar, informó el diario El Cordillerano. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés participaron del evento.
Pierri llegó al reconocimiento tras de un acto de entrega de escrituras, sin saber la sorpresa que le tenían preparada.
La entrega de escrituras
La entrega de escrituras tuvo lugar el 7 de septiembre por la mañana, en el salón BEC (España 415), en la bellísima ciudad de San Carlos de Bariloche, el gobierno provincial hizo entrega de las escrituras de posesión a los beneficiarios que accedieron “a una ley que transformó la vida de miles de familias argentinas”, según se anunció durante el encuentro.
“Herramientas legales como la Ley Pierri son necesarias para avanzar en derechos hacia las familias, porque obtener el título de propiedad de una vivienda es uno de ellos. Y no es solo un documento, sino que ese papel se traduce en identidad, en sentido de pertenencia en el barrio, en un relato de la historia familiar Por eso, la visita a Río Negro del autor de la Ley, Alberto Pierri, en el 32 aniversario de su sanción, marca lo que significa para la provincia poder acompañar a los vecinos en su camino a la escritura”, celebra uno de los numerosos comentarios que pobladores y autoridades de la región patagónica volcaron en redes.
Por caso, el IG del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda aplaude la repercusión social que tuvo la medida que sólo trajo beneficios para 450 familias. Durante el aniversario, 20 familias rionegrinas recibieron de manos del propio Alberto Pierri las flamantes escrituras de sus casas.
El periódico El cordillerano fue uno de los varios medios que hicieron una exhaustiva cobertura de la ceremonia, “Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortes, que oficiaron de anfitriones de Alberto Pierri”.
“El mandatario provincial manifestó que la Ley tiene impacto en Bariloche ‘a partir del compromiso de los municipios, el trabajo del Instituto de la Vivienda y el conocimiento que los vecinos’”, da cuenta el medio patagónico.
Y agrega que “si los vecinos aun no tienen su escritura, es importante que sepan que está la herramienta”.
Desde el año 2024, el gobierno provincial otorgó la titularidad de su vivienda a 456 familias que durante años las habitaban, “pero no pudieron completar el proceso de escrituración por razones económicas o administrativas”, describe El Cordillerano.
Sorprendió a todos los presentes, el mismo autor de la Ley, Alberto Pierri, cuando le consultaron si cambiaría algo de la Ley, 32 años más tarde de su implementación.
“Creo que las leyes tienen que aggiornarse de acuerdo a los tiempos y es muy posible una actualización. Se trata en el Senado justamente un proyecto para actualizarla, pero de las leyes lo más importante son los fundamentos, cuál es el sentido y si es viable y posible la práctica de la justicia social para los que más lo necesitan”.
Con humildad, Pierri dijo ante todos los presentes: “voy a ser sincero, después de 32 años, acá con mi nuevo amigo –refiriéndose al gobernador Alberto Weretilneck-, es la primera vez que alguien me ofrece una distinción, un homenaje”.
“La verdad me sorprendió, muy agradecido y siendo que Bariloche está lejos de Buenos Aires, vine con mucho orgullo y agradecimiento que a 32 años Alberto se haya acordado de mí”, agregó Pierri.
“Cuando se pasa por la política se tienen que hacer balances, qué se le deja a la gente y esto para mí es fundamental, dejarle esto a miles de familias que pueden tener ese derecho, es un acto de justicia social” mencionó.
Inmediatamente tomó la palabra el intendente Walter Cortes y agradeció la presencia del visitante ilustre. Mencionó que la ley “le da dignidad y sentido de pertenencia a la gente, el punto final de un momento crucial, cuando la gente ya es propietaria”.
Río Negro adhirió a la normativa nacional mediante la Ley Provincial 3.396. La reglamentación provincial se puso en marcha en 2017, con el IPPV como autoridad de aplicación. La familia Cejas fue la primera en acceder a la escritura y en esta ocasión también recibió un reconocimiento, tanto como la primer escribana que la entregó.
La Ley Pierri (N° 24.374 y el programa provincial “Cada Familia en su Lote” constituyeron dos de las herramientas de política pública de suelo y regularización dominial de mayor alcance social en Argentina, desde los años noventa.
Fue sancionada el 7 de septiembre de 1994 y promulgada parcialmente el 22 de septiembre del mismo año. La medida creó un régimen de excepción administrativa para regularizar la propiedad de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente de sectores vulnerables.
El objetivo inmediato fue “desjudicializar la usurpación”, es decir, evitar los costosos y prolongados juicios de prescripción adquisitiva.
Al mismo tiempo, proveyó seguridad jurídica, al otorgar título de propiedad a poseedores de buena fe (“causa lícita”) que acreditaren posesión pública, pacífica y continua por un mínimo de años.
Y finalmente, garantizó la gratuidad del trámite y el bajo costo de la operación, con un único aporte social del 1% de la valuación fiscal del inmueble.
El proyecto de ley fue redactado y presentado por Alberto Reinaldo Pierri, quien en ese momentono sólo se desempeñaba como Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación sino también era diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Bloque Justicialista). Ese liderazgo en la redacción y debate de la norma, popularizó la ley que, para el común de los ciudadanos, se reconoce por su nombre.
El proyecto de la Ley Pierri fue ingresado formalmente para ser tratado en el Congreso de la Nación, con el respaldo del Bloque de Diputados Justicialistas.
Durante el debate parlamentario en 1994, el proyecto sumó los aportes de destacados juristas de la oposición, como el reconocido civilista y diputado radical Fernando López de Zavalía. Se aprobó con un amplio consenso interpartidario.
Al haberse aprobado en ambas cámaras, fue suscripto por el propio Alberto R. Pierri (como Presidente de la Cámara de Diputados) y por las autoridades del Senado (como Eduardo Menem y Faustino Mazzucco) para su remisión al Poder Ejecutivo.
En Buenos Aires, “Cada Familia en su Lote”
El programa “Cada Familia en su Lote” fue una iniciativa territorial lanzada originalmente a principios de la década de 1990 en la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Eduardo Duhalde. Y se articuló con la Ley Pierri.
Mientras que el programa provincial intervenía en la división de parcelas, trazado de calles y provisión de servicios básicos en asentamientos y loteos informales del Conurbano Bonaerense, la Ley Pierri aportaba la vía legal abreviada para otorgar el título o acta dominial a cada familia ocupante.
En su primera etapa se inscribieron más de 200.000 familias. Con el paso de las décadas, la denominación “Cada familia en su lote” o variantes similares fueron re-adoptadas por diversos municipios y gestiones provinciales bonaerenses como marca de política habitacional y luego en las provincias de todo el país. De manera tal que la Ley Pierri, por su marco de aplicación, tuvo alcance masivo.
Funcionamiento Legal de la Ley Pierri
El procedimiento de la Ley Pierri se estructura en dos pasos clave: solicitud + prueba de posesión (3+ años); y relevamiento e Inserción de escribano regularizador . En síntesis, del siguiente modo:
• Etapa 1: Acta-Ley 24.374 (Justo Título); 10 Años de Transcurso sin Oposición
• Etapa 2: Consolidación de Dominio Perfecto (Ley 25.797)
En la Inscripción de Acta de Regularización (Justo Título), se verifica la posesión pacífica, se edicta la solicitud y, de no haber oposición fundada del titular registral anterior, el escribano designado confecciona e inscribe el Acta de Regularización Dominial.
Consolidación del Dominio (Dominio Perfecto): A partir de la reforma impulsada por la Ley N° 25.797 (año 2003), transcurridos 10 años desde la inscripción del acta sin oposiciones, la propiedad se convierte de pleno derecho en dominio perfecto y definitivo.
Actualizaciones Normativas: Las fechas límite de posesión fueron prorrogadas sucesivamente mediante las Leyes N° 26.493 (posesión previa a 2006) y N° 27.118 (posesión previa a 2009, incluyendo a agricultores familiares rurales).
Aunque se trata de una ley nacional, el derecho registral y la administración de tierras son competencias provinciales. Por ello, las provincias debieron dictar leyes de adhesión y convenios con sus respectivos Colegios de Escribanos.
Más de 15 jurisdicciones sancionaron normas provinciales de aplicación de la Ley Pierri (ver imagen): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Entre Ríos, etc.
La confluencia de firmantes de varios colores políticos fue significativa: Alberto Reinaldo Pierri (PJ - Provincia de Buenos Aires), Eduardo Camaño (PJ - Provincia de Buenos Aires), Alberto Edgardo Balestrini (PJ - Provincia de Buenos Aires), Juan Pablo Baylac (UCR - Provincia de Buenos Aires), Juan Manuel Valcarcel (PJ - Provincia de Buenos Aires), Oscar Alende (Partido Intransigente / PI - Referente nacional de la centroizquierda), Ignacio Durañona y Vedia (UCEDE) y Juan Carlos Maqueda (PJ- Provincia de Cordoba).
Más de 15 jurisdicciones sancionaron normas provinciales de aplicación de la Ley Pierri
Esta convergencia de firmantes del Justicialismo, la Unión Cívica Radical y el Partido Intransigente y la UCEDE otorgó al proyecto una fuerte legitimidad política desde su inicio. Esto permitió articular el reclamo de suelo de los municipios del Conurbano Bonaerense con la doctrina jurídica de las distintas bancadas parlamentarias.
Tras su ingreso a finales de 1993, el proyecto fue derivado a las comisiones de Legislación General, Vivienda y Presupuesto y Hacienda. El 7 de Septiembre de 1994 se obtuvo la sanción Definitiva en el Congreso. Y el 22 de Septiembre 1994 fue la promulgación parcial de la Ley 24.374, con el Decreto N° 1680/94.
Rol de los juristas en el Congreso
Durante el debate en comisiones y en el recinto parlamentario en 1994, se conformó una mesa de trabajo para adecuar el proyecto al Código Civil argentino. En esta etapa se destacó la intervención del diputado y reconocido civilista Fernando Julián López de Zavalía (UCR - Tucumán), quien impulsó modificaciones sustanciales para que el certificado otorgado por el Estado no fuera una adjudicación directa de propiedad, sino un “justo título inscribible”.
Esta distinción técnica fue la que evitó que la ley fuera tachada de inconstitucional por vulnerar el derecho de propiedad privada del titular registral anterior.
Juan Manuel Valcárcel se desempeñaba como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Bloque Justicialista) durante el período 1991-1999. Como representante bonaerense, se sumó desde el comienzo al grupo de legisladores que acompañaron la iniciativa liderada por el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.
Según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados y en el análisis histórico-jurídico del trámite parlamentario, la nómina de diputados que suscribieron la presentación del proyecto de ley originario estuvo integrada por: Alberto Reinaldo Pierri (PJ),
Oscar Alende (PI), Alberto Balestrini (PJ), Juan Pablo Baylac (UCR), Eduardo Camaño (PJ), Juan Carlos Maqueda (PJ), Juan Manuel Valcarcel (PJ), Ignacio Durañona y Vedia (UCeDé).
Una vez promulgada la ley, se realizaron decenas de reuniones en varias jurisdicciones muy populosas del área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, donde se sabía que había una gran cantidad de familias, con viviendas sin títulos de propiedad que acreditasen su dominio pleno.
En esas multitudinarias convocatorias que agrupaban a miles de personas, se realizaron trabajos de recopilación de información de esas familias que llenaban formularios donde se adjuntaban los datos de cada una de esas propiedades y sus ocupantes.
A esas reuniones que cubrían varias cuadras de esas ciudades con vecinos se las denominó con el nombre de “Cada Familia en su Lote” Ese nombre se lo puso quien junto a Pierri organizó esas muy nutridas convocatorias, y otro de los firmantes de esa ley, el Diputado Juan Manuel Valcarcel.
Ese despliegue territorial de los días sábado, fue el verdadero motor operativo que convirtió una ley de prescripción adquisitiva en un fenómeno de masas antes de que existiera una burocracia digitalizada.
Maquinaria territorial: de la asamblea al expediente
La sanción de la Ley 24.374 resolvió el marco jurídico, pero presentaba un desafío técnico: ¿cómo relevar a cientos de miles de familias en situación informal sin colapsar las mesas de entrada de los municipios?
La respuesta de Alberto Pierri y Juan Manuel Valcarcel fue trasladar el Estado al territorio mediante el operativo “Cada Familia en su Lote”:
• Empadronamiento masivo en el espacio público: Se convocaba en clubes sociales, plazas o directamente a lo largo de varias cuadras en distritos clave del Gran Buenos Aires (como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín).
• Fichaje y declaración jurada in situ: Equipos de militantes, técnicos y dirigentes barriales desplegaban mesas para llenar planillas con datos filiatorios, tiempo de ocupación efectiva, boletos de compraventa precarios, cesiones de derechos o recibos informales.
• El bautismo del programa: Fue la impronta de Valcárcel la que acuñó la consigna “Cada Familia en su Lote”, sintetizando la aspiración de titularidad de la vivienda como una reivindicación de justicia social y arraigo definitivo.
El impacto real en la base registral
Aquellas fichas completadas a mano en las asambleas sabatinas constituyeron la primera base de datos territorial a gran escala del área metropolitana.
Cuando la Provincia de Buenos Aires reglamentó formalmente la ley y suscribió los convenios con el Colegio de Escribanos para designar a los escribanos regularizadores, la masa crítica de beneficiarios ya estaba censada, localizada y organizada, lo que permitió que las primeras tandas de actas notariales se firmaran de forma masiva en tiempo récord.
La transformación de los relevamientos barriales en títulos de propiedad legalmente inatacables requirió un engranaje administrativo y notarial inédito para coordinar el trabajo entre el Estado provincial, los municipios y los Colegios de Escribanos. Podría hablarse de tres etapas:
1. Procesamiento y cruce de datos (De la ficha al legajo):
• Depuración municipal y provincial: Las planillas completadas a mano en las jornadas de Cada Familia en su Lote se derivaron a las áreas de Tierras y Urbanismo de la Provincia y de cada municipio para armar un legajo individual por parcela.
• Cruce catastral y dominial: Se verificaron las planchetas catastrales para constatar si los lotes poseían titular dominial individualizado, si formaban parte de loteos fraudulentos de décadas pasadas, o si estaban afectados por quiebras, hipotecas o embargos.
2. La designación de los Escribanos Regularizadores A través del convenio marco entre el Poder Ejecutivo provincial y el Colegio de Escribanos, se implementó un sistema de asignación territorial:
• Registro de Escribanos de Registro: Los escribanos matriculados se inscribieron voluntariamente en un registro especial para actuar como oficiales públicos regularizadores.
• Asignación por sorteo y zona: La autoridad de aplicación asignaba lotes o manzanas completas por departamento judicial a cada escribano, evitando la concentración de trámites en pocas notarías.
• Honorarios y arancel social: Se fijó por ley un arancel único equivalente al 1% de la valuación fiscal del inmueble (destinado a gastos administrativos y honorarios notariales prefijados), garantizando la gratuidad efectiva para la familia.
3. El circuito técnico-legal notarial:
• Recepción del Legajo Municipal/Barrial
Pedido de Informes al Registro de la Propiedad Inmueble (Dominio e Inhibiciones del titular registral de origen)
• Publicación de Edictos (Boletín Oficial y medios locales por 3 días | 30 días para oposiciones)
• Con Oposición: (Vía administrativa; mediación previa
• Sin Oposición: (Dictamen de procedencia favorable del escribano)
• Labrado e Inscripción de Escritura-Acta ]
(Inscripción preventiva en el Registro de la Propiedad)
4. Entrega e inscripción registral
• El Acta-Escritura: El escribano confeccionaba la escritura de regularización dominial dejando constancia de la causa lícita de la posesión, la antigüedad acreditada y la ausencia de oposición fundada.
• Inscripción en el Registro de la Propiedad: El documento ingresaba con una matrícula registral especial bajo el régimen de la Ley 24.374. A partir de esa inscripción, comenzaba a correr el plazo de diez años para que el poseedor pudiera consolidar el dominio definitivo de forma automática.
Como puede sintetizarse el aporte que hizo Alberto Pierri, quien fuera durante 11 años consecutivos el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, para los sectores más vulnerables de la sociedad, el concebir, impulsar y concretar esta ley que a más de treinta años de sancionada se sigue aplicando en todo el país?
El aporte de Alberto Pierri al concebir y consagrar la Ley 24.374 puede sintetizarse como la transformación de un derecho formal e inaccesible en una herramienta efectiva de justicia distributiva y arraigo social. Su impacto a lo largo de más de tres décadas se resume en cuatro dimensiones fundamentales:
1. Desjudicialización y democratización del derecho a la propiedad
• De la exclusión al procedimiento administrativo: Antes de 1994, regularizar una posesión exigía un juicio ordinario de usucapión, cuyos costos de honorarios, peritajes y tiempos judiciales (de 5 a 10 años) dejaban afuera a los sectores populares.
• Gratuidad y arancel social: Al fijar un trámite gratuito con un arancel notarial social mínimo (1% de la valuación fiscal), convirtió la titulación en un servicio público accesible para familias de bajos recursos.
2. Seguridad jurídica y fin de la precariedad habitacional
• Tranquilidad frente al desalojo: Otorgó a cientos de miles de hogares la certeza jurídica inmediata de no poder ser despojados de sus viviendas.
• Patrimonio familiar e intergeneracional: El título permitió a familias enteras acceder formalmente al derecho sucesorio, asegurando que el esfuerzo de autoconstrucción de toda una vida quede legalmente transferido a sus hijos.
3. Integración urbana y acceso a la ciudad formal
• Llave para los servicios públicos: El acta notarial sirvió como comprobante legítimo de domicilio para exigir conexiones formales de red de agua potable, cloacas, tendido eléctrico seguro y gas natural.
• Consolidación barrial: Facilitó la incorporación de barrios informales al catastro y a la planificación urbana municipal, abriendo la puerta a créditos para mejoras edilicias e inversión pública en infraestructura.
4. Trascendencia como política de Estado transversal
• Consenso legislativo: Como Presidente de la Cámara de Diputados, Pierri tuvo la capacidad de articular acuerdos multipartidarios (justicialismo, radicalismo, intransigencia y liberalismo) para blindar la norma desde lo técnico y constitucional.
• Vigencia ininterrumpida: Que una norma nacida en 1994 continúe aplicándose en las provincias argentinas más de treinta años después demuestra que no fue una medida coyuntural, sino una política de Estado estructural que resolvió la brecha entre la «ciudad formal» del derecho civil y la "ciudad real" de los sectores populares.
MM. CP
