Un escándalo político y judicial sacude al norte argentino: José Fernando Carbonell, empresario, abogado, exsenador nacional por Tucumán y presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), fue denunciado por la usurpación de unas nueve hectáreas de tierras en la localidad de Lules, según reveló un informe del periodista Andrés Klipphan en Canal 26.
La causa, que investiga la Justicia tucumana, tiene en el centro al empresario de 75 años y a su firma citrícola Los Cuatro Soles SRL, acusada de ocupar de manera ilegal terrenos que pertenecen a la empresa Polo del NOA SA.
Según el informe periodístico, la usurpación se habría producido durante el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando Carbonell —que posee extensas propiedades agrícolas y una red de empresas vinculadas al cultivo y exportación de limones— tomó posesión de las tierras linderas a una de sus fincas productoras. La empresa afectada, Polo del NOA, presentó la denuncia formal y solicitó el pedido de desalojo en 2023 ante el Juzgado Civil y Comercial Común de Tucumán, XVI° nominación, a cargo del juez Daniel Lorenzo Iglesias.
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En el terreno usurpado, según la denuncia, se edificó un terraplén y se plantaron limones destinados a la exportación a la Unión Europea, también se habrían retirado las antiguas vías férreas que atravesaban el predio. Parte de los rieles retirados, según vecinos y fuentes del caso, estarían en poder de particulares vinculados al empresario.
Carbonell no es un actor menor en el entramado político y productivo de la provincia: además de su rol como presidente de Federcitrus —la principal entidad empresarial del sector cítrico en Argentina—, fue senador nacional y candidato a vicegobernador por Tucumán durante los años 90 y comienzos de los 2000. Su biografía indica un recorrido político dentro del Partido Justicialista, con experiencia en cargos legislativos y una presencia arraigada en el sector agroindustrial local.
Esa combinación de poder político y empresarial es, precisamente, uno de los aspectos que el informe subraya como indicio de impunidad y protección institucional, sobre todo por la cercanía física de su estudio jurídico con el tribunal que hoy investiga la causa.
Hasta el momento, no ha trascendido una declaración pública de Carbonell ni de sus representantes sobre la denuncia o sobre las medidas judiciales en curso. Las autoridades del sector citrícola tampoco han emitido comunicados oficiales en torno al caso, mientras la causa judicial sigue su curso.
La repercusión mediática del caso también se suma a otros debates públicos sobre la seguridad de la propiedad privada en zonas rurales y sobre cómo operan los vínculos entre figuras políticas y empresarios en provincias como Tucumán, donde la agricultura y la exportación de productos como el limón son ejes centrales de la economía local.
Qué investiga la Justicia
La investigación judicial busca determinar si existió una violación al derecho de propiedad y una ocupación ilegal del predio, así como las eventuales responsabilidades civiles y penales de José Carbonell y de la empresa involucrada. En paralelo, el expediente analiza el estado del pedido de desalojo y la posible restitución de las tierras reclamadas por la firma denunciante.
La causa sigue en trámite y, de confirmarse la usurpación, promete derivaciones que excedan el plano judicial, con impacto político y empresarial para una de las figuras más influyentes del agro tucumano.
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