La Justicia federal de Córdoba determinó que la muerte de Melín Agustina Sartori, ocurrida el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba, estuvo vinculada a efectos adversos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, tras un fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones. El fallo afirma que el Ministerio de Salud de la Nación debe pagarle a la familia de Melín, como resarcimiento económico, 240 haberes mínimos jubilatorios, el equivalente a 95 millones de pesos, aproximadamente. Mientras, en las últimas horas la madre, la médica María Virginia Ruiz, reafirmó públicamente que no cuestiona la vacunación en sí, luego de casi cinco años de reclamos judiciales por el caso.
Ruiz brindó una entrevista a ElDoce.tv en la que buscó despegarse de posturas en contrade la vacunación y sostuvo: “No soy antivacuna”. “Yo soy médica y ya había sido vacunada. Los profesionales de la salud fuimos los primeros en recibirla”, recordó. Según contó, Melín decidió inmunizarse por voluntad propia, motivada por el trabajo social que realizaba en distintos barrios de Córdoba.
“Ella se quiso vacunar porque trabajaba en distintos barrios y en una fundación. Poníamos el auto y ella manejaba para trasladar alimentos desde los centros de recaudación hacia los barrios más periféricos”, relató. Y agregó que su hija estaba preocupada por no convertirse en vector de contagio hacia personas vulnerables: “Su planteamiento era que podía transmitir Covid sin darse cuenta, aun sin estar enferma”.
Según detalló Ruiz, las sospechas sobre un posible efecto adverso comenzaron después de una consulta en el Hospital Ferreyra. “Fue después de 48 horas de haber consultado al Hospital Ferreyra, donde no le hicieron ningún estudio y viendo que tenía moretoncitos en la cara y dolor de cabeza, pero nunca tuvo fiebre”, señaló. Según contó, en un primer momento el cuadro fue interpretado como una gastroenteritis porque Melín había tenido un vómito. También le hicieron un PCR de Covid que, aseguró, nunca les entregaron en esos primeros días.
El cuadro empeoró durante la madrugada del lunes. “Me dijo que no podía hablar ni mover la mano y ahí volvemos al Ferreyra. Ahí por primera vez le hacen estudios”, dijo. La mujer aseguró que en ese momento le realizaron análisis de coagulación y estudios cerebrales. Tras el resultado negativo de Covid, fue derivada al Sanatorio Mayo.
Allí, según contó Ruiz, la bioquímica María Verónica Arrieta identificó desde el ingreso la posibilidad de que se tratara de un evento adverso asociado a la vacunación. “Descarta otras causas como leucemia o púrpura y ya en ese momento les advierte a los terapistas que era un efecto adverso de la vacuna y que tenía que ser tratado como tal”, explicó.
La evolución fue compleja. Melín sufrió coágulos en los senos venosos cerebrales y debió atravesar tres cirugías craneales para evacuar hematomas. “Después de las cirugías ya salió con muerte cerebral”, contó Ruiz.
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Cómo fue el camino judicial
La madre de Melín explicó que el proceso comenzó como un reclamo administrativo y no judicial. Su principal preocupación era que se investigara el lote de la vacuna aplicada, ya que otras personas habían recibido dosis del mismo frasco multidosis. “Mi apuro era que había otra gente vacunada con ese frasco”, recordó. Según dijo, también buscaba que el sistema de salud advirtiera a los médicos sobre estas complicaciones para poder actuar a tiempo ante cuadros similares.
Tras distintas presentaciones ante el Ministerio de Salud provincial, farmacovigilancia y el Ministerio de Salud de la Nación, el caso llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que finalmente falló a favor de la familia. La resolución incorporó la clasificación del caso como ESAVI (Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización). Según detalló Ruiz, Melín fue categorizada como A1, la clasificación que establece vínculo causal entre la vacuna y el efecto adverso.
El fallo fue considerado inédito en el país debido a que establece de manera directa la relación causal entre la aplicación de la vacuna y el fallecimiento, identificado como consecuencia de una trombosis con trombocitopenia, una condición poco frecuente pero asociada a algunos inmunizantes durante la pandemia. “El precedente no me ilusiono que sea solo jurídico, sino capitalizar como sociedad cómo nos pueden manejar y dirigir sin que cuestionemos nada”, afirmó.