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Nunca más

Jorge Videla y el resto de las Juntas Militares fueron condenados en el histórico juicio que refleja
Acuarenta años de la recuperación democrática, hoy se recuerda el golpe militar de Videla en 1976. | Pablo Temes

Desde el regreso de la democracia en 1983, Argentina ha logrado convertirse en un faro internacional en materia de reparación del terrorismo de Estado. Gracias al incansable trabajo de los organismos de derechos humanos y también gracias al consenso que, con sus más y sus menos, han logrado establecer las principales fuerzas políticas en torno a la idea de juzgar a las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983, la sociedad argentina en su conjunto se ha constituido en un ejemplo mundial.

La indeclinable defensa del sistema constitucional y la contundente condena a que se repita nuevamente un golpe de Estado, como el que hoy se conmemora en la Argentina, constituye quizá la única y principal política de Estado que ha logrado la dirigencia argentina. Y no se trata de algo menor: para dimensionarlo solo basta con repasar la espantosa inestabilidad republicana que sufrió este país durante el siglo pasado.

El primer antecedente de esta prodigiosa virtud cívica fue el Juicio a las Juntas, que muy interesantemente recrea “Argentina, 1985”. Porque ese histórico tribunal se constituyó en un emblema a nivel mundial para dar cuenta del terrorismo de Estado impuesto por una dictadura. Pero no fue el único antecedente.

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Desde entonces se produjo en Argentina la apertura de causas dirigidas, ya no solo contra los comandantes principales de la Junta Militar, sino también contra todos los represores que tuvieron alguna responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos.

El Juicio a las Juntas fue un momento cúlmine para la historia argentina y mundial: nunca antes la justicia ordinaria de un país había logrado enviar a prisión a los militares que derrocaron a un gobierno democrático. No existen antecedentes para semejante proeza. El juicio que se realizó en Argentina podría ser comparado, quizá, con el que las potencias aliadas impulsaron contra los nazis que habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial.

Pero los Juicios de Núremberg representan un proceso impuesto por potencias victoriosas sobre los vencidos. Fueron jueces de Estados Unidos y sus aliados los que dictaron sentencia sobre militares alemanes. En 1946, los que habían participado del Tercer Reich bajo las órdenes de Adolf Hitler escucharon sus condenas a través de un traductor del inglés al alemán. Es algo muy diferente de lo que ocurrió en Argentina.

El otro antecedente que presenta un parangón se produjo en Grecia en 1975, cuando un grupo de militares fue sentenciado por los crímenes cometidos durante la dictadura que se prolongó entre 1967 y 1974. Pero este caso también es distinto al argentino, porque en Atenas los violadores de los derechos humanos fueron juzgados por un Tribunal Militar. En cambio, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Argentina evitó asumir la responsabilidad que se imponía y los genocidas fueron acusados por jueces civiles de su propio país.

El Juicio a las Juntas sentó las bases de la democracia argentina.

La singularidad argentina no se detiene en ese acontecimiento. Es que desde el retorno de la democracia fueron condenados un total de 1.124 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal como recordó la Secretaría de Derechos Humanos hace tan solo algunos meses, cuando se estrenó la película argentina que recordó el Juicio a las Juntas.

Por caso, solo el año pasado hubo 22 sentencias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que en 2022 fueron condenados 58 represores por violaciones a los derechos humanos. Lo que demuestra que la justicia no se detiene en la Argentina. Y esto, hay que decirlo, constituye un pilar fundamental para la construcción de la memoria.

En La cascada de la justicia: cómo los juicios de lesa humanidad están cambiando el mundo, la politóloga estadounidense Kathryn Sikkink explica el antecedente que tuvo Argentina a nivel mundial, por constituirse en el único país que pasó de ser un “paria” a un “ejemplo internacional” en materia de reparaciones de violaciones a los derechos humanos.

Docente de la Universidad de Harvard, Sikkink es experta en relaciones internacionales y derecho internacional y sostiene que el Juicio a las Juntas Militares y la continuidad de los juicios contra represores en Argentina permitieron instalar en el mundo entero la idea de que, tarde o temprano, la justicia actuará contra los crímenes cometidos por cualquier dictadura.

Argentina se ha pasó de ser un “paria” a un “ejemplo internacional”

Reparar en el destino que otros países tuvieron frente a flagelos semejantes también refleja una situación muy favorable para el caso argentino: la compleja salida que ofrecen las dictaduras regionales así lo demuestra.

En Uruguay se presentó una curiosa paradoja en 2010, cuando el ex tupamaro, José Pepe Mujica, ganó la presidencia en la misma elección en la que la sociedad uruguaya respaldó la idea de amnistiar a las cúpulas militares. Un mismo país votó a un ex guerrillero que sufrió el terrorismo de Estado y, a la vez, pidió olvidar esos crímenes.

El antecedente chileno amerita otro caso de estudio. Augusto Pinochet se convirtió en un símbolo para los militares sudamericanos, porque luego de gobernar de facto durante quince años tras derrocar a Salvador Allende, propuso en 1988 un plebiscito en el que buscaba legitimarse a través de las urnas. Pinochet perdió esa elección y así se dio inicio a la transición hacia la democracia, pero el legado pinochetista se mantiene hasta la actualidad en un país en el que aún perdura la Constitución sancionada por el pinochetismo.

Brasil y Paraguay también sirven de ejemplos paradigmáticos. En ambos antecedentes, los militares cedieron el poder con un respaldo social mucho más amplio que el que se evidenció en la Argentina. Por eso, las Comisiones de la Verdad en esos países no han tenido el mismo impulso que el argentino y no han podido dar cuenta, hasta la actualidad, de la totalidad de los crímenes cometidos durante esas dictaduras.

El franquismo en España y el salazarismo en Portugal, a su vez, son antecedentes europeos que demuestran que pueden existir prolongados gobiernos de facto, que luego de permanecer durante varias décadas en el poder logran más tarde un manto de impunidad que les impide ser juzgadas por sus delitos.

Asimismo, hay evidencia de dictaduras de países asiáticos, como China, Corea del Sur, Hong Kong o Vietnam, que hoy son ejemplos de un potente desarrollo comercial que fue consolidado por gobiernos militares, sin que los represores hayan tenido que dar cuenta de las atrocidades cometidas a partir del respaldo que la bonanza económica sustenta actualmente en la población.

Mientras que en África se encuentra el ejemplo del apartheid, la dictadura racista que gobernó Sudáfrica por largos y oscuros año hasta que el gobierno de Nelson Mandela lideró la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Ese organismo fue creado en 1995 para alcanzar la justicia restaurativa, a través de un proceso que asemejaba un juicio pero no lo era: las personas que habían sufrido violaciones a los derechos humanos eran invitadas a prestar declaración, mientras que los autores de esos crímenes no eran juzgados a cambio de revelar qué había pasado con las víctimas.

Más de un millar de represores fueron condenados por lesa humanidad.

En Cuando el poder perdió el juicio, Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas, recuerda a Viet Thanh Nguyen, un escritor vietnamita que siendo un niño se refugió con su familia en un campo de refugiados durante la guerra de los setenta, hasta que su familia se exilio en los Estados Unidos donde se transformó en destacado profesor de Ciencias Sociales. En Nada muere jamás: Vietnam y el recuerdo de la guerra, el ganador del Pulitzer sostuvo: “La guerra se libra dos veces, primero en el campo de batalla y luego en la memoria”.

Este 24 de Marzo coincide con la conmemoración de cuarenta años de la recuperación democrática. Por esa razón, este 24 de Marzo debería unir a todos los argentinos en la Plaza de Mayo, sin distinción política ni diferencias partidarias, para volver a celebrar nuestra democracia y para volver a decir “Nunca más”.