A partir de lo que previsiblemente será una multitudinaria convocatoria en reclamo justificado por mayor seguridad, este martes 11 en el Congreso, es posible que surjan ciertas propuestas fáciles para un problema complejo. Muy complejo.
Ya en los últimos tiempos, con esa superficialidad tan nuestra, retomamos latiguillos que por el solo hecho de repetirlos creemos convertirlos en verdad: “puerta giratoria para los delincuentes”, “los policías ganan poco”, “la culpa la tienen los jueces garantistas”, “las leyes no son duras”, y hasta el “hay que matarlos a todos”, que tanto rating genera.
No es la primera vez (y por lo visto tampoco la última) que estas demandas ciudadanas entendibles tratan de ser satisfechas con parches que parecen cambiar todo para que no cambie nada. En el cenit del poder presidencial de Néstor Kirchner, el falso ingeniero Blumberg y una impresionante manifestación social lo hicieron endurecer sanciones penales que hicieron del Código un pastiche. No mejoró nada, obviamente.
Como si fuera una verdadera política de Estado, que no lo es, el gobierno de Cambiemos echa mano a la misma lógica de su antecesor kirchnerista al enviar fuerzas federales a los focos calientes de la inseguridad, tal como hace dos semanas lo anticipó PERFIL para el caso de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que semejante medida expresa la poca creatividad de nuestros gobernantes, refleja especialmente la desconfianza ante la ineficiencia o la complicidad de las policías locales para combatir el delito.
La aparente tranquilidad que otorga la presencia policial es justamente eso, una apariencia. Lo corrobora un estudio de la UCA dado a conocer hace seis meses –el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en Argentina–, según el cual se detectó un aumento del 50% en la venta de drogas a nivel barrial. Y ese incremento en Capital y GBA es mayor en los barrios con presencia policial que en los que no hay policías.
El macrismo asumió que en la Bonaerense, principalmente, pero también en la Federal hay extendidos focos de corrupción y ha empezado a atacarlos. En la Provincia, más de 2 mil efectivos han sido apartados, unos 200 fueron exonerados y otro tanto detenidos. En Capital, no pocos comisarios resisten la nueva fuerza que quiere armar Rodríguez Larreta, con predominio de la ex Metropolitana y tocando donde más duele: deberán presentar declaración jurada y ya no manejarán los fondos con los que funcionan. Nadie explica bien qué seguimiento se hace desde el Estado de ese personal que deja el uniforme y se va a ganar la vida de otra manera.
Si bien los objetivos oficiales son loables, podría cuestionarse a quienes los instrumentan. Pablo Bressi, jefe de la Bonaerense, parece estar siempre bajo sospecha. Hasta ahora, indemne. En la Capital, la reforma la lleva adelante Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad. Ocampo es íntimo amigo y ahijado político de Daniel Angelici, operador de Mauricio Macri en cuestiones judiciales y otras yerbas. Como presidente de Boca, Angelici podría explicarle a Ocampo la connivencia con el delito que su club y casi todos los clubes construyen con las barras bravas, con guiño policial incluido.
Así es más difícil QueNoTePase.
