Vida y dignidad humana, dos valores cardinales que a lo largo de la historia de la humanidad tantas veces han sido vulnerados, una vez más nos interpelan cuando la despenalización del aborto se torna una posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico.
Frente a los diversos motivos que se esgrimen para justificar la supresión de la vida intrauterina, advertimos que ninguna circunstancia adquiere un estatus mayor que el de preservar ese bien supremo a partir del cuál la persona humana podrá vivificar los demás derechos personalísimos tan consagrados en la actualidad.
Esta concepción responde a que todo análisis de la realidad debe hacerse de manera integral y que el Derecho y la Justicia –como baluartes de la paz social y el pleno desarrollo de la humanidad- requieren dar acogida a los derechos de todos sin excluir a nadie.
Avalar la protección absoluta del derecho a nacer, no por ello, implica el desconocimiento de los derechos de la mujer en situación de vulnerabilidad social y personal. Esta desdorosa realidad, ha de impeler al legislador y a la sociedad toda, a propiciar políticas públicas concretas y eficaces que conformen una red de contención frente a situaciones que atenten contra la dignidad femenina.
Apostamos por la realización concreta de un humanismo resiliente que alivie a la mujer que padece el drama de un embarazo no deseado o que se encuentra forzada a no concretar su maternidad por necesidades económicas, presión social o falta de contención ante la aberración de haber sido violada.
Educar y promover una “Cultura de la Vida” implica apostar a un futuro que nos enaltezca como Nación y nos caracterice, desde nuestra idiosincrasia, como una sociedad justa, solidaria y respetuosa de cada individuo en todas sus etapas de evolución.
*Decana de Ciencias Jurídicas USAL. **Prosecretaria académica de Ciencias Jurídicas.
