El 15 de febrero era un día clave en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. Era el día inaugural para los alegatos que dan comienzo a la etapa final del juicio.
Todo estaba listo para dar inicio a la sesión. Sin embargo, los presentes comenzaron a notar la falta de uno de los acusados: el comisario Hugo Lompizano, quien, a pesar de que por ley debía estar presente en el juicio, se encontraba de vacaciones en San Martín de los Andes.
Su defensora, Norma Bouysson, pidió que la audiencia comience igual, pero, debido a la ausencia, los magistrados dieron lugar al pedido de la querella de la familia de Ferreyra que solicitó la postergación de la audiencia hasta el próximo martes. Inmediatamente después de suspender la audiencia, el Tribunal Oral Criminal 21 ordenó la detención de Lompizano.
Este mediodía, el expolicía acusado de ser el directivo de la Dirección General de Operaciones al momento del crimen del militante del PO, se entregó al departamento central de la Policía Federal a donde llegó en un automóvil desde la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, según publicó la agencia DyN.
Lompizano permanecerá detenido hasta el próximo martes cuando se reanude la audiencia. Para el mismo día hay convocada una masiva movilización para apoyar a la familia de Ferreyra y el pedido de cadena perpetua para Pedraza y sus cómplices.
El juicio y los imputados. Después de casi dos años del asesinato de Ferreyra, el 6 de agosto del 2012 comenzó el juicio oral, en el que se buscó, a lo largo de estos seis meses, demostrar las complejas relaciones entre el sindicalismo, la policía y el poder político. Por el grupo de la Unión Ferroviaria, los imputados son:el ex titular del sindicato, José Pedraza y su segundo, el secretario administrativo del sindicato Juan Carlos “Gallego” Fernández. Ambos son acusados de ser instigadores del ataque.
El empleado ferroviario Gabriel "Payaso" Sánchez, y Cristian Favale, quien no trabajaba en el ferrocarril, son señalados como los autores de los disparos.
El delegado gremial Pablo Díaz, máximo responsable de la Comisión de Reclamos de la línea Roca y hombre de confianza de Juan Carlos Fernández, efectuó la convocatoria del grupo atacante a través de los delegados, y los ferroviarios Salvador Pipitó, Jorge González, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño.
Por parte de la Policía Federal, se encuentran imputados los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano; el subcomisario Rolando Garay, y los efectivos David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti. La Policía Federal estuvo presente en el lugar desde el inicio de la protesta, pero no protegió a los manifestantes ni identificó a los responsables de la agresión.
Durante el juicio, se pudo verificar un negocio basado en la explotación de la tercerización laboral. Pedraza y sus allegados, en connivencia con personal de la UGOFE, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los empleados tercerizados, quienes percibían una remuneración mucho menor que los empleados contratados en planta permanente.
Este circuito de contrataciones favorecía al Estado, ya que debía abonar los salarios de trabajadores de planta y, a mayor cantidad de trabajadores tercerizados, menor cantidad de salarios de planta debía abonar. En este esquema, Pedraza se beneficiaba mediante la contratación de trabajadores de la Cooperativa Unión del Mercosur.
