Tras el fallo, se abrió la polémica por los atenuantes

Una sensación ambigua se apropió de quienes habían seguido de cerca el caso Mariano Ferreyra: el fallo del Tribunal Oral 21, presidido por el juez Horacio Días, acababa de hacer historia al condenar a unos poderosos al presidio, pero –a la vez– los sentenciaba a penas menores de las que habían pedido las tres querellas, que reclamaron perpetua para la mayoría de los imputados.

Una de cal, una de arena, los autores intelectuales de un crimen político fueron a parar tras las rejas por primera vez en la historia del país, pero con atenuantes en las penas que deberían cumplir de un modo flagrante. Los 15 años a los que habían sido condenados José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández habían motivado a que Pablo Ferreyra, hermano del militante asesinado, declarara que “consideramos que el fallo es positivo porque queda comprobada la complicidad de Pedraza con el crimen”, pero que a la vez debió anunciar que su familia apelará la decisión judicial. “Suena a poco”, había declarado a PERFIL Ricardo Ferreyra, padre de la víctima.

¿Cuáles son las objeciones concretas al fallo que, si bien no condena a perpetua a los culpables, les otorga penas considerables? María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) responde la duda. “Fue un fallo para proteger al Gobierno y a los empresarios del ferrocarril –dispara–. Plantea una serie de falacias para desestimar que hubo un plan criminal que terminó con la vida de Ferreyra. Descarta que hayan tenido la intención de matar, pese a que llevaban varias armas de fuego. Pero habían llevado el elemento letal a la manifestación para usarlo, por lo que se podían representar el resultado de una muerte. Es un absurdo pensar que debía comprobarse la premeditación de querer asesinar a Ferreyra: tan absurdo como pensar que Franchioti quería matar a Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki, sin embargo todas las acciones del grupo de acusados conllevaba la posibilidad de esa muerte”.

Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero coincide: “El mismo tribunal dice que los atacantes tenían una convergencia de intenciones e iban a atacar con armas. La tesis de que se disparó pero que no se quería una muerte es insustentable. Dicen que una muerte los hubiera perjudicado, como a las Fuerzas Armadas los perjudicó la muerte del soldado Omar Carrasco o a Duhalde las de Kosteki y Santillán. Pero es una verdad de perogrullo que todo criminal se perjudica si se descubre su crimen, y en el caso Ferreyra se hizo todo para evitar que se descubriera el asesinato. Duhalde sostuvo que habían muerto por un enfrentamiento entre piqueteros hasta que los fotógrafos cedieron sus fotos para demostrar la realidad. Ese rol lo cumplió el equipo de C5N conducido por Gabriela Carchak”.

El juez Días también se había referido a la conversación entre el ministro Carlos Tomada y José Pedraza como una demostración de que Tomada se quería sacar de encima al sindicalista. Sin embargo, la recurrencia de Tomada en aconsejarlo sobre cómo “laburar políticamente”, “hacerles la cabeza” o simular “cursos de formación” porque no todos los tercerizados que ingresaban al gremio eran “del PO o del PTS” señalan, en cambio, que Tomada aconsejaba a Pedraza sobre el modo de conservar su supremacía sindical en la UF. Punto que el tribunal señaló como uno de los móviles para realizar un ataque escarmentador y definitivo a los tercerizados.

*Periodista. Autor del libro Quién mató a Mariano Ferreyra