Daniel Scioli sabe que la causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito promete meterse en plena campaña del año próximo. Por ello, el ex gobernador bonaerense está en contacto permanente con sus abogados, a quienes pide que aceleren al máximo las presentaciones que requiere la Justicia, aclaren con todas las pruebas posibles las acusaciones por las que se lo investiga, e inicien los pedidos para comenzar a cerrar expedientes.
Semanas atrás, Melania Casas se presentó ante el fiscal Alvaro Garganta a cargo de la investigación contra el ex gobernador. Esta contadora que trabaja en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y se encarga de revisar los gastos efectuados por la gestión de Scioli, denunció que habrían hackeado su computadora y habrían borrado uno de estos informes. Las miradas se posaron nuevamente sobre el ex gobernador y se comenzó a investigar si esto tendría que ver con un grupo de empleados que aún responden al sciolismo que habrían querido acceder a este documento.
Sin embargo, un informe de la Dirección de Coordinación con Delegaciones, Sistemas y Archivos al que tuvo acceso este diario muestra que la carpeta nunca fue borrada, aunque sí fue movida de lugar. Al buscar quién desplazó el documento por el cual se hace la denuncia se encontraron con el usuario “cgutierrez”. Se trata de Cecilia Gutiérrez, empleada de la misma relatoria de Casas y con “los mismos privilegios tanto de acceso como de escritura que Casas”, según consta en la presentación realizada por el director de sistemas, Juan Enrique Coronel. Por lo que, lejos de tratarse de un funcionario que podría responder al sciolismo, el usuario con el que se accedió a mover el expediente se trata de una de las personas de confianza que trabaja con la propia denunciante.
La funcionaria también había denunciado que su usuario siguió activo a pesar de que ella se había retirado, lo que también fue aclarado en el informe de sistemas como “una mala interpretación técnica de Casas”.
Esta denuncia y otras, como la supuesta extracción de más de $ 20 mil millones en efectivo desde cuentas públicas o la acusación de la diputada Elisa Carrió de ser propietario de distintos campos en la provincia de Buenos Aires, son las que el gobernador pretende que comiencen a esclarecerse en la Justicia para anunciar su candidatura de cara a 2017.
