La ley 25.873, denominada "Ley Espía" fue sancionada sobre tablas
(sin tratamiento en comisiones ni debate en el recinto)por el Senado de la Nación el 17 de diciembre de 2003. Había sido aprobada por Diputados a instancias de un proyecto del legislador oficialista José María Díaz Bancalari.
El 8 de noviembre de 2004, el entonces presidente Kirchner reglamentó la ley a través del decreto 1563, firmado también por su entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández.
La oposición, junto a especialistas en comunicaciones y cámaras empresarias del sector, criticaron la ley por los alcances que tendría esta ley en la privacidad de las personas y advirtieron sobre el uso irregular que se podría hacer sobre esos datos. Incluso, hablaron de poner en marcha un "Gran Hermano" oficial.
Pero el oficialismo defendió la ley en pos de avanzar en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Finalmente, en medio de la polémica, Kirchner anunció desde Alemania, durante una visita oficial a mediados de abril de 2005, que daba marcha atrás con la ley.
El 22 de abril, cinco meses de que fuera reglamentada, el ex presidente firmó el decreto 357/05 que suspendió el texto que puso en marcha los alcances de la norma.
El decreto decía que la suspensión se daba por "razones que son de público conocimiento" y con el objetivo "de permitir un nuevo análisis del tema". En el Congreso, diputados de la UCR y de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para derogar la norma, pero nunca fue tratado.
Por su parte, en los tribunales la ley fue declarada inconstitucional en junio de 2005 por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland y por la Cámara del fuero en noviembre del mismo año.
Hoy ese criterio fue ratificado por la Corte Suprema que le puso fin a una discusión de años en pos de proteger la privacidad de las comunicaciones.
Entre esas recomendaciones, figuran resguardar el derecho de la defensa en juicio, verificar la precisa identificación del grupo o colectivo afectado y arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todos aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, entre otras cuestiones.
Fuente: DYN
