Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, reconoció este domingo que “hoy en Formosa se están violando los derechos humanos”. En la misma línea, aseguró que “si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina”.
En relación con las políticas impuestas por gobierno de Gildo Insfrán, García Rey detalló: "Es tan variopinto el esquema o el escenario de violaciones a los derechos humanos que estamos incluso pensando en ir a distintos relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas”.
En diálogo con La Once Diez, mencionó que entre las posibles instancias a las que Amnistía Internacional Argentina acudiría están “el Relator sobre Pueblos Indígenas, por las condiciones especiales de vulnerabilidad; el Comité de Niñez por la particularidad de las vulneraciones a los niños; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; y el Relator de Tortura por las condiciones inhumanas en que están siendo hospedados”.
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“Llama la atención en un país que ha tenido un liderazgo en la política de derechos humanos a nivel internacional, pero hoy está en el banquillo y debe rendir cuentas por eso”, continuó la directora adjunta.
Respecto de la visita a Formosa del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, afirmó: "Celebramos que haya ido, que se haya reunido con víctimas y familiares para relevar el estado de situación, pero su conferencia de prensa no logró iluminar sobre esa visita, no logró cuestionar el vaciamiento que se hizo de muchos centros".
Acto seguido, García Rey sentenció:“¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí. Hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones, en los mismos lugares violando la intimidad”.
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Asimismo, aclaró que Amnistía Internacional empezó a relevar “la situación de Formosa desde hace ya unos meses porque, a partir de la emergencia sanitaria en todo el país, empezó a implementar un sistema de cierre de fronteras donde personas habían quedado varadas en la ruta".
“Hoy la política de Formosa está marcada por una detención indiscriminada de personas en centros de atención sanitaria”, en la que “ante aquellas personas que dan positivo de COVID, contactos estrechos de estas personas, contactos estrechos de los contactos estrechos y cualquier persona sospechada de tener COVID, la política sanitaria de Formosa es detenerla en estos centros en condiciones muy cuestionables en términos sanitarios e higiénicos, se ha llegado a tapiar ventanas y puertas, cerrar llaves, con personas detenidas mezcladas unas con otras”, describió.
La directora adjunta concluyó con su testimonio determinando: “esta situación es inaceptable diez meses después de declarada la pandemia y con alternativas menos restrictivas de derechos humanos que se han implementado en otras provincias”.
JFG / DS
