Mientras intentan coordinar el funcionamiento y la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos de línea para prevenir hechos delictivos, las cámaras empresarias y el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentan explicar qué pasó con los $ 2.500 millones en subsidios que se habían destinado para ese fin.
El asesinato del colectivero Daniel Barrientos hace ocho días en Virrey del Pino expuso nuevamente la delicada situación de la inseguridad en la zona más poblada de la provincia y reactivó una nueva disputa. Antes de la reunión celebrada este lunes en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y los ministros de Seguridad y Trasporte, Sergio Berni y Jorge D’Onofrio, las instituciones que representan a los empresarios se defendieron de las acusaciones y alegaron dos argumentos disímiles.
El más radicalizado fue el de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), presidida por José Troilo, quien negó “que las mentadas empresas hayan recibido específicamente suma alguna de dinero para equipar las unidades con cámaras de video”. PERFIL se comunicó con Troilo para saber si su postura se mantenía, pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta
Otra de las cámaras que participó del encuentro, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), esgrimió falta de actualización en los pagos y pidió que el estado cuide a las empresas. “No contar con una estructura de costos actualizada atenta con la calidad del sistema y dificulta la posibilidad de incorporar herramientas, como las cámaras, para brindar seguridad a nuestros colaboradores y pasajeros. Siempre vamos a estar a disposición para acompañar medidas, pero necesitamos que nos cuiden para realizar la actividad de la mejor manera posible”, se justificaron.
Agregaron además que "al ser un nuevo ítem de una estructura atrasada por inflación y que se paga con atraso permanente", ese ingreso no es considerado como extra y se prioriza "cubrir los costos operativos para luego realizar las inversiones necesarias". Quiere decir que el dinero ya fue utilizado para otros gastos.
Desde el gobierno provincial aseguran que el dinero para las cámaras de seguridad fue entregado y debían colocarse, razón por la cual se intimó a las empresas el último 4 de enero. Agregan además que el argumento empresario de que el subsidio no alcanza es cierto, pero ya se les abonó una primera compensación.
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“No se les van a destinar nuevos fondos y no se va a pagar algo que ya se pagó. La semana pasada se pagó una compensación de $190 millones. Si se suman los $2.500 millones, son el total $2.690 millones”, le dijo a PERFIL una fuente al tanto de las conversaciones.
Además, cuestionó a las asociaciones que representan a las empresas por emitir opiniones mientras se desarrollaba el encuentro de todas las partes en La Plata. “Sería interesante ver por qué lanzan comunicados mientras están en las reuniones”, se molestaron.
La importación de cámaras podría retrasar su instalación
Terminada la reunión en la Casa de Gobierno provincial se mencionó otro inconveniente para poner a funcionar todas las cámaras en los colectivos: el stock de dispositivos. Además, se detalló que para darle celeridad a la importación primero se deben realizar una serie de trabajos. Mientras tanto, se instalaran botones de pánico.
"Hay cuestiones que tienen que ver con stock de cámaras que existe en el país y con temas de importaciones. Pero mientras tanto vamos a instrumentar en las unidades que no tengan cámaras botones de pánico", reconoció Jorge D’Onofrio al salir de la reunión.
También detalló que si bien existen más de mil instaladas el número no es el ideal. “Esta mesa de trabajo tiene que ver con el análisis real de cuál es el stock que hay de cámaras, quiénes son los proveedores, cómo instrumentamos la compra lo más rápido posible. Después ver cómo se generan los instrumentos para poder importar las que faltan”, aseguró sin dar plazos precisos.
Qué pasa con los chips de las cámaras instaladas
Otra de las cuestiones sobre las que ahondó D'Onofrio fue la puesta en funcionamiento de los dispositivos que ya están instalados, un total de 1.800.
Una vez más, la grieta se lleva puesta la verdad
El problema es técnico: las cámaras colocadas no tienen un chip con la tecnología 4G para transmitir lo que filma la cámara en tiempo real. Ese reclamo también fue contra los empresarios que colocaron los elementos de vigilancia pero no con la tecnología requerida para que pueda ser visto en el Centro de Monitoreo de La Matanza.
"Se avanzó con el ENACOM en conversaciones para que ellos faciliten chips. En las próximas semanas van a estar", aseguraron a este medio fuentes con acceso al Ministerio de Transporte.
GI/fl
