Una frontera, en el Norte de la Argentina, con serias carencias de infraestructura y precarización socio-económica, dinámicas de contrabando ante la mirada indiferente del Estado y una percepción de la inseguridad magnificada que no se condice con los hechos y las estadísticas, en muchos casos. Tal es la imagen que reconstruye el informe "Diagnóstico sobre la percepción de la seguridad en población que habita la frontera norte argentina" que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó en coordinación con el Conicet tras un exigente trabajo de campo sobre cuatro puntos claves de las provincias de Jujuy, Salta y Misiones.
El reporte, presentado a través de una videoconferencia que encabezó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, hace foco en las ciudades de La Quiaca, Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú. Corresponde a un trabajo encargado por la gestión de Patricia Bullrich a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del organismo científico del cual participó la propia funcionaria como antropóloga. Desarrollado entre 2017 y 2018, las conclusiones apuntan a redefinir el concepto de "frontera" en el norte argentino más allá del espacio geográfico, dando cuenta de su dinámica de funcionamiento social como escenarios con particularidades que se explican —y varían—en relación a los países lindantes. Expone, también, el magro control que subsiste en estos territorios.
No se trata de la ausencia del Estado. La realidad redefine los límites de la legalidad. Como en La Quiaca donde cientos de bagayeros cayeron en el desempleo primero y la informalidad después
Bagayeros que cruzan con sus bultos a cuesta o navegando en precarias chalanas y gomones a pleno luz del día conviven con pasos alternativos que se abren a escasos metros de los puestos de control de las autoridades fronterizas en Aguas Blancas y Salvador Mazza. Los investigadores a cargo de presentar el reporte dieron cuenta de redes que operan detrás de los eslabones más débiles del cruce irregular y que involucran desde empresarios a fuerzas de seguridad y jueces, que pueden actuar por intereses o intercambio de favores.
También existe una "ética condicionada por las necesidades locales", explicó la coordinadora de la investigación, Brígida Renoldi, directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH). No se trata simplemente de la ausencia del Estado: en algunos casos, la vulnerable realidad socio-económica redefine, en algún punto, los límites prácticos de la legalidad.
Como en La Quiaca donde cientos de bagayeros cayeron en el desempleo primero y la informalidad después cuando se autorizó a los camiones a cruzar hacia Bolivia con las mercaderías y ellos perdieron su función regular. En consecuencia, se reinventaron y ni siquiera las cámaras de vigilancia, que apuntan directo hacia el cruce por el cual atraviesan hacia Villazón con sus bultos, los desalientan de la única práctica que garantiza su subsistencia.
"Está prohibido cruzar verduras y frutas pero en el mercado de La Quiaca venden tomate boliviano. ¿Quién lo controla? No lo sé", sostuvo Renoldi. Algo parecido sucede con el "by pass" con el que se elude el control de Gendarmería en la ruta 50, desviando las mercaderías a través de fincas internas, acusaron los investigadores con fotos de la operatoria en el camino que conduce a Orán.
Así y todo, La Quiaca es el que menores índices de descomposición social muestra de los cuatro puntos estudiados, sin que ello lo haga sortear una precariedad estructural que funciona casi como común denominador en el comparativo. Es cierto que los propios investigadores se quejaron de la escasez de estadísticas fiables y de las múltiples trabas para recopilarlas, incluso de fuentes oficiales y trabajando en alianza con el Estado nacional. Pero en materia de adicciones y delitos conexos lo supera la fragilidad que atraviesan las poblaciones salteñas y la misionera. Puerto Iguazú, la más turística de todas, exhibe una clara segmentación entre su núcleo, abocado a los servicios, y la periferia con su marginalidad.
Un punto llamativo, remarcaron los responsables del informe surge del cruce de las estadísticas de criminalidad y la percepción sobre la inseguridad en esos lugares. Los números no difieren de los de otras ciudades. Hasta son más bajos en relación a centros urbanos de mayor tamaño en la vecindad. Y lo que sí abundan son relatos vecinales que asemejan a mitos urbanos, como las "camionetas que trafican chinos" en Salvador Mazza, que no se verifican en la realidad. Aluden al rol de los medios en la "demonización" de aquellos parajes.
Frederic había aludido a la idea de "revertir la criminalización y demonización" de las fronteras para enfatizar en ellas como espacios de circulación, intercambio, amistad y solidaridad.
"La conclusión a la que llegamos es que se trata de una realidad que exige de forma muy urgente una política muy orientada socio-sanitaria que considere el desarrollo de infraestructuras y también la contemplación de determinadas prácticas que son históricas a esta frontera y, tal vez, la posibilidad de generar alguna legislación alternativa o determinadas zonas de autonomía o sub soberanía que pudieran dar respuestas a las necesidades locales", concluyó la coordinadora del reporte.
Poco antes, Frederic había aludido a la idea de "revertir la criminalización y demonización" de las fronteras para enfatizar en ellas como espacios de circulación, intercambio, amistad y solidaridad en pos de una integración. Tal fue la línea rectora con la que ya había clausurado su discurso en febrero pasado en el primer Consejo Federal de Seguridad Interior que convocado en Tucumán. De allí la decisión de evitar términos como la "Triple frontera" con su carga peyorativa inherente a lo largo del diagnóstico.
Lo que sí abundan son relatos vecinales que asemejan a mitos urbanos, como las "camionetas que trafican chinos" en Salvador Mazza, que no se verifican en la realidad.
La idea del informe surgió durante la administración de Bullrich como resultado de la interacción previa con el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Conicet, creado en 2015 con el fin de constituir un punto de apoyo desde la academia para la generación de políticas públicas en el ámbito judicial y de la seguridad. Fue Renoldi quien presentó la propuesta basada en una labor similar de dos años que la Universidad Federal de Río de Janeiro había realizado a lo largo de las fronteras brasileñas.
El ministerio tomó la iniciativa aunque la redujo al límite norte, por reducción de recursos y solicitó a los investigadores que se centraran en los cuatro puntos donde estaba en estudio reforzar el monitoreo. Pese a contar con fondos asignados de organismos internacionales, la gestión de Bullrich se retiró sin implementarlo.
MB / DS
