El Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases: todos los detalles

Se publicó en el Boletín Oficial una parte clave de la reglamentación de la Ley Bases, marcando el inicio de nuevas medidas relacionadas con privatizaciones y la gestión del empleo público. Esta reglamentación detalla cómo se aplicarán las facultades especiales del presidente, incluyendo la posibilidad de caducar contratos en cualquier momento por decisión gubernamental. Además, establece requisitos específicos para el acceso a cargos públicos y presenta una lista de empresas sujetas a privatización.

La importancia de la reglamentación

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el politólogo Gustavo Damián González, quien expresó que, “todo proyecto de ley tiene varios momentos clave, pero el más importante es el de la reglamentación porque define cómo nos afecta en la vida cotidiana”.

Según el entrevistado, el reglamento abarca tres áreas principales: privatizaciones, empleo público y cuestiones administrativas estatales. 

Las privatizaciones, el empleo público y el proceso administrativo

El primer aspecto, las privatizaciones, “busca tanto reducir el tamaño del Estado como mejorar su eficiencia”, explicó González y recalcó que, aunque la reglamentación actual menciona algunos activos como AISA y ciertos elementos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, “el proceso de privatización requerirá un informe de una comisión bicameral del Congreso”. Y agregó: “Este informe deberá detallar las alternativas y condiciones para cada caso”.

En cuanto al empleo público, el politólogo aseguró que la reglamentación aborda la entrada y la salida de empleados. Para ingresar al Estado, “se exigirá un examen de idoneidad específica” y “se creará un Registro Nacional de Personas en Situación de Disponibilidad para gestionar una posible reducción de casi 20,000 empleados públicos”, contó. “Las indemnizaciones serán de seis meses para quienes tengan hasta 15 años de antigüedad, nueve meses para 15 a 30 años, y 12 meses para más de 30 años y se exceptuarán de despidos a embarazadas y personas con accidentes”, añadió.

Por el lado del proceso administrativo, el entrevistado explicó que, “también se ajustará para mejorar la eficiencia en los trámites y recursos del Estado”, promoviendo una reforma significativa. A partir de la publicación del Boletín Oficial, “se comenzarán a enviar cartas a los empleados estatales notificándolos sobre su situación de disponibilidad”, sostuvo.

Las repercusiones y la puesta en marcha del RIGI

Al ser consultado sobre las repercusiones de la entrada en vigencia, González expresó que se espera que los sindicatos se opongan a estas medidas, ya que implican una significativa reducción del personal estatal. “Aunque la reglamentación actual ya tiene efectos directos, aún falta la inclusión del régimen RIGI, cuya reglamentación se anticipa para entre el jueves y el viernes”, cerró.