Audemus, la consultora de Matías Kulfas, cuestionó el Súper RIGI y advirtió que no garantiza inversiones transformadoras
Audemus alertó que el régimen impulsado por el Gobierno carece de contrapartidas para las empresas y difícilmente pueda atraer industrias de alto valor agregado sin una política industrial activa.
La consultora Audemus del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, cuestionó el diseño del proyecto de Súper RIGI impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que el esquema carece de herramientas capaces de promover inversiones con impacto transformador sobre la estructura productiva argentina.
A través de un informe sectorial publicado recientemente, la firma analizó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y concluyó que, si bien apunta a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la industrialización de recursos naturales, no incorpora mecanismos que permitan desarrollar capacidades tecnológicas, industriales o científicas dentro del país.
Qué es el Súper RIGI y cuáles son sus objetivos
El proyecto fue presentado por el Gobierno el pasado 23 de mayo con el objetivo de atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en actividades consideradas de frontera tecnológica o con escaso desarrollo en Argentina.
Entre los sectores alcanzados aparecen los centros de datos para inteligencia artificial, la producción vinculada a semiconductores, la biotecnología, la electromovilidad, el hidrógeno verde, la infraestructura digital estratégica y la industrialización de minerales.
Según el documento elaborado por Audemus, la iniciativa busca diferenciarse del RIGI original al enfocarse en actividades que todavía no tienen una presencia significativa en el país. Sin embargo, el informe sostiene que los incentivos propuestos no están acompañados por herramientas que promuevan investigación local, transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores nacionales.
Los cuestionamientos al régimen de incentivos
Uno de los principales ejes del análisis se centra en la ausencia de contrapartidas para las empresas que accedan al régimen. El proyecto contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, beneficios cambiarios, exenciones arancelarias y estabilidad fiscal, previsional, aduanera y cambiaria durante 30 años.
Para la consultora, el problema radica en que esos beneficios se otorgan sin exigir compromisos verificables en materia de innovación, empleo calificado o integración productiva local.
El informe destaca que el proyecto no establece requisitos de inversión en investigación y desarrollo, generación de capacidades tecnológicas, utilización de proveedores nacionales ni mecanismos de encadenamiento productivo.
Desde esa perspectiva, Audemus considera que el esquema se limita a ofrecer ventajas regulatorias y tributarias sin construir las condiciones necesarias para que surjan nuevas industrias competitivas o se fortalezca el entramado productivo argentino.
La comparación con los modelos de Brasil y Chile
El trabajo también compara el proyecto argentino con experiencias recientes implementadas en otros países de América Latina. Según el análisis, las inversiones más relevantes en sectores tecnológicos, minería, electromovilidad e infraestructura digital se concentraron principalmente en Brasil y México.
La consultora sostiene que esos países lograron captar proyectos de gran escala gracias a la combinación de incentivos económicos con políticas industriales activas, cadenas productivas desarrolladas y marcos regulatorios específicos.
Como ejemplo, el informe menciona el programa brasileño ReData, diseñado para atraer centros de datos. Allí, los beneficios fiscales están condicionados al uso de energías renovables, inversiones en investigación y desarrollo, metas de eficiencia hídrica y compromisos de abastecimiento para el mercado interno.
Según Audemus, esa experiencia muestra una diferencia conceptual importante respecto del Súper RIGI: mientras algunos países negocian condiciones y objetivos concretos con los inversores, la propuesta argentina se concentra principalmente en reducir costos y restricciones regulatorias.
Qué inversiones podrían verse beneficiadas
El documento reconoce que algunos proyectos vinculados a centros de datos, infraestructura digital e inteligencia artificial podrían verse favorecidos por la aprobación del régimen. También identifica oportunidades relacionadas con el desarrollo de nuevas plantas de GNL y con inversiones energéticas asociadas a Vaca Muerta.
Sin embargo, el informe considera que otros sectores incluidos dentro del proyecto enfrentan desafíos mucho más complejos. Entre ellos aparecen los semiconductores avanzados, la biotecnología de gran escala y determinadas actividades industriales de alta tecnología.
Según el relevamiento realizado por la consultora, no existen antecedentes recientes de inversiones multimillonarias en varios de esos segmentos dentro de América Latina, lo que limita las posibilidades de atraer proyectos únicamente mediante incentivos fiscales.
Además, el estudio sostiene que industrias como los semiconductores dependen de ecosistemas tecnológicos consolidados, infraestructura especializada, recursos humanos altamente calificados y políticas públicas de largo plazo.
El debate sobre el desarrollo productivo
Más allá de la discusión específica sobre el Súper RIGI, Audemus plantea un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo que necesita la Argentina para generar nuevas actividades económicas de alto valor agregado.
Según el informe, las experiencias internacionales más exitosas muestran que las inversiones transformadoras suelen instalarse en países que cuentan con instituciones tecnológicas sólidas, financiamiento estratégico, cadenas productivas desarrolladas y mecanismos que favorecen la generación de capacidades locales.
En ese contexto, la consultora advierte que la Argentina corre el riesgo de repetir un esquema basado exclusivamente en beneficios fiscales sin lograr avances significativos en materia de innovación, industrialización y empleo calificado.
Por ese motivo, el documento plantea que el debate parlamentario representa una oportunidad para revisar distintos aspectos del proyecto e incorporar herramientas que permitan vincular la llegada de inversiones con objetivos concretos de desarrollo productivo y tecnológico.
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