Córdoba: juez rechazó libertad de policías acusados por la muerte de Samuel Tobares en un operativo policial

La causa por la muerte de Samuel Tobares, de 34 años, ocurrida el 24 de noviembre en la localidad de Villa Parque Síquiman, en el Valle de Punilla, tuvo esta semana una definición judicial clave: el Poder Judicial de Córdoba rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de los dos policías detenidos.

La decisión fue adoptada por el juez de Control Daniel Strassorier, quien respaldó el criterio del fiscal Ricardo Mazucchi al considerar que no se cumplían las condiciones para otorgar el beneficio. Los efectivos imputados son el sargento Guillermo Serafín Arce, de 35 años, y el oficial Franco Sebastián Romero, de 49 años, ambos integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba.

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El abogado defensor de los uniformados, Federico Pizzicari, cuestionó con dureza la decisión judicial. En declaraciones al Diario de Carlos Paz, calificó la resolución como "un mamarracho jurídico" y consideró que el juez avaló el criterio del fiscal sin mayores fundamentos.

Pizzicari sostiene que los policías deberían enfrentar el proceso en libertad y alegó que "el delito es excarcelable y están dadas todas las condiciones para que continúen el proceso en libertad". Según el letrado, la investigación ya se encuentra concluida y no existen razones procesales que justifiquen mantener a los acusados privados de su libertad.

Los hechos: un operativo policial que terminó en tragedia

La muerte de Samuel Tobares se produjo en circunstancias que aún investiga la Fiscalía de Instrucción Número 2 de Villa Carlos Paz. El joven, que trabajaba en el rubro turístico, descendió de un colectivo interurbano pasadas las 21 horas del 24 de noviembre frente a la parada ubicada sobre la Ruta 38, en el ingreso a Parque Síquiman.

Según la investigación, Tobares fue interceptado por un móvil policial tras una denuncia realizada por una vecina por presuntas amenazas. Testigos del procedimiento aseguraron que el joven fue reducido por los efectivos en medio de un control de rutina.

La autopsia determinó que el cuerpo presentaba múltiples golpes, aunque no se detectaron traumatismos de cráneo ni lesiones internas que permitieran establecer con precisión la causa inmediata del fallecimiento.

Una testigo declaró ante la Fiscalía que "cuando los policías se levantaron, Samuel ya no se movía. Los brazos se le caían". La mujer agregó que "se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta que se la mandaron, se agarraban la cabeza".

Las versiones contrapuestas

Desde la defensa de los uniformados se sostiene que la muerte del joven se produjo por un shock generado por el estrés durante el procedimiento policial, agravado por una cardiopatía preexistente y el consumo de cocaína.

El abogado Pizzicari afirmó que los efectivos niegan una golpiza o cualquier tipo de agresión física que haya excedido el protocolo. Según su versión, todo comenzó cuando "una señora alertó que un sujeto con una piedra intentaba romper un auto", lo que derivó en la intervención policial.

El letrado agregó que, según sus defendidos, "cuando lo van a controlar, esta persona se exacerba, le saca el gas pimienta a uno de los uniformados, se lo rocía en los ojos".

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Por su parte, el abogado de la familia de Samuel Tobares, Carlos Nayi, sostiene una posición radicalmente opuesta. Nayi afirmó que "la muerte no ha sido producto de un accidente, la muerte se dio en medio de un procedimiento policial en donde los uniformados, en términos de probablilidad, no cumplieron con el protocolo".

El letrado detalló que "cuando llega la autoridad policial, él estaba en la garita, no estaba armado, no estaba agrediendo en plena flagrancia absolutamente a nadie". Y concluyó: "Lo cierto es que Samuel, de no haber recibido esa golpiza, hoy lo tenemos con vida".

Carmen Agüero, madre de Samuel, denunció el ensañamiento en la agresión: "Los policías estaban ensañados, se le sentaron encima".

La familia de Samuel Tobares organizó distintas marchas en Parque Síquiman para exigir justicia. La convocatoria sumó a vecinos, organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+ de Punilla y Córdoba, que denuncian el caso como un episodio de violencia institucional con posibles componentes de discriminación.