Cosquín al borde del colapso: un embargo del 33% de su coparticipación amenaza con paralizar la ciudad

En Cosquín, el intendente Raúl Cardinali describió un escenario límite al confirmar que el juez Miguel Ángel Martínez Conti ordenó embargar el 33% de la coparticipación municipal, una decisión que compromete la continuidad de los servicios esenciales y golpea las finanzas de una ciudad que recibe unos $500 millones mensuales, de los cuales $160 millones quedarían retenidos.

“Esto es totalmente confiscatorio”, dijo Cardinali en diálogo con Mitre Córdoba, donde aseguró que la situación “nos está cerrando el futuro a todos los coscoínos de acá a 20 años”.

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El intendente reconstruyó el origen del conflicto: hace dos décadas, una financiera prestó dinero a empleados municipales. El municipio descontó las cuotas por planilla, pero nunca transfirió esos fondos a la empresa, generando una deuda que nació chica y hoy, tras años de intereses acumulados, supera valores millonarios.

La deuda original era entre 200 y 600 mil dólares. Hoy está en seis millones. El intendente, en diálogo con la emisora, señaló directamente al exintendente Alberto Bustos, quien reconoció la deuda “dos meses antes de irse" y "sin pasar por el Concejo”.

Un juicio que explotó 20 años después

El litigio se dividió en dos fallos. Primero con Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca, que reclama $5.500 millones. Y luego el abogado Andrés Díaz Yofre, que pide $1.100 millones en honorarios.

El juez autorizó embargar casi un tercio de la coparticipación, pese a que las leyes nacionales y provinciales establecen la inembargabilidad de los fondos públicos.

Para Cardinali, la medida hace inviable la gestión: “Por supuesto que con esto no podés prestar salud, servicios de recolección de residuos, arreglo de calles, luminaria, todo lo que se hace y se trabaja desde el área de desarrollo social, ni hablar de obra pública”, afirmó.

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La gravedad del fallo provocó un movimiento político inusual: de acuerdo al documento oficial difundido tras una reunión en Cosquín, 20 intendentes y jefes comunales de Punilla, de todos los partidos, firmaron una declaración conjunta en rechazo a las medidas judiciales.

En el comunicado, los mandatarios expresaron su solidaridad institucional, alertaron por el riesgo de que la cautelar “primero afecte a Cosquín pero mañana pueda golpear a cualquier municipio”, y advirtieron que no permitirán que “intereses privados terminen prevaleciendo sobre las necesidades de una población entera”.

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Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, advirtió sobre “la complejidad que les tocaría vivir a los ciudadanos de Cosquín en cuanto a sus servicios, a su salud pública, su higiene urbana, su política social y deportiva, cuantas cosas”. Desde La Falda, Javier Dieminger remarcó que “acá no hay diferenciación política, sino que estamos todos unidos, porque a todos nos toca conducir una ciudad y sabemos lo difícil que es hoy en día poder llevar adelante con recursos propios, obras y cumplir con los servicios".

También se sumó el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, quien cuestionó el criterio judicial al considerar que “es una medida de templanza con lo que hoy está sucediendo en el municipio de Cosquín, que obviamente es parte de una justicia que totalmente la repudiamos, que no estamos de acuerdo”. 

Dos demandas para frenar el embargo

Apenas asumió, Cardinali presentó dos acciones judiciales: una para cuestionar la legitimidad del reclamo de Biasotti, porque la deuda nunca fue convalidada por el Concejo, y otra para impedir el embargo dispuesto en favor de Díaz Yofre.

Por ahora, ambas permanecen sin resolución. Finalmente, Cardinali advirtió: “Sí este dictamen del juez se llevara a cabo y llegara a prosperar, no solo nos funde a nosotros y le tendríamos que entregar la llave al juez, al abogado y a Biazotti, sino que también sentaría una peligrosa jurisprudencia sobre todos los municipios de la provincia de Córdoba”.