La destitución de fiscales, un síntoma más de la crisis que atraviesa la Justicia en Córdoba

El hecho jurídico político más trascendente de la semana que termina lo constituye la destitución de sus cargos a los —ahora— exfiscales de Río Cuarto Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los tres fueron apartados por mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

El hecho impacta por lo inédito del caso y por el contenido del debate que se ventiló en la Legislatura de Córdoba. Sin embargo, es un síntoma más de un cuadro preocupante de la crisis institucional que atraviesa a la Justicia de Córdoba. Sólo con enumerar otros hechos graves se puede advertir la dimensión de lo afirmado.

La sede de Villa María, con dos fiscales de Instrucción denunciados e investigados —Juliana Companys y René Bossio— y abogados detenidos, se ha convertido en un infierno para empleados, funcionarios y en especial para los ciudadanos que acuden en procura de justicia. La jueza de Control de Río Segundo, Ligia Tulián, fue recusada el viernes pasado por Companys. Bossio se apartó en las causas donde interviene la letrada que lo denunció. El caso impacta de lleno en el funcionamiento de la sede judicial.

Cruz del Eje tiene a un vocal de Cámara —Javier Rojo— sumariado por presunto maltrato laboral; un fiscal de Narcotráfico —Raúl Ramírez— elevado a juicio por hechos que habrían acontecido en el ejercicio de su función, y a siete exmiembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) condenados por irregularidades en procedimientos. Hay que recordar que la fuerza especial depende de la Fiscalía General.

En tanto, en Bell Ville hay otra fiscal de Instrucción sumariada —Isabel Reyna— por posible maltrato laboral y una funcionaria de su más estrecha confianza denunciada ante la Oficina de Sumarios —Dolores Patti— por filtrar contenido de la investigación administrativa. Reyna estuvo a cargo de la búsqueda —que permanece activa desde hace más de un año del niño Lian Gael Flores— en Ballesteros Sud.

En Córdoba Capital, un asesor letrado —Eduardo Caeiro— renunció tras ser acusado de filtrar contenido de un examen en un concurso judicial y hay avances en el sumario que se sigue a quienes se beneficiaron, mientras que una defensora pública del Fuero de Familia —Silvana Badariotti— fue sancionada con una multa por el maltrato al que sometía al personal de su dependencia y a las mujeres que solicitaban su patrocinio en expedientes judiciales.

La lista es una simple enumeración de los últimos hechos que tomaron notoriedad pública. No agota, sin lugar a dudas, investigaciones y sospechas contra fiscales, jueces o defensores públicos, que integran los máximos cargos de la magistratura local.

El Poder Judicial de Córdoba, señero en la implementación de nuevas herramientas procesales, reformas penales novedosas, incorporación de jurados populares, también tiene sus manchas. Quizás hoy se advierte con nitidez que, en su estructura y conformación, es el espejo de una sociedad atravesada por conflictos. Jueces y fiscales surgen de ahí pero no son ciudadanos comunes, ostentan prerrogativas, privilegios y un enorme poder para decidir sobre la libertad y el honor de las personas.

Los casos señalados en esta crónica son más que la suma de errores personales. Configuran un escenario que merece replantearse con mayor transparencia y un control ciudadano efectivo.