De las ocho cooperativas registradas por la Municipalidad de Córdoba para prestar el servicio de cuidacoches, solo la mitad mantiene activa su matrícula. El resto está suspendido y, por lo tanto, se verá imposibilitado de ofrecer la posibilidad de que sus asociados puedan convertirse en “constatadores”.
Esta semana se votará la nueva ordenanza que regulará el estacionamiento medido en la capital cordobesa. Entre los cambios propuestos en el despacho oficial, con acompañamiento de bloques opositores, se establece que solo los cuidacoches o “naranjitas” que formen parte de una cooperativa reconocida por el municipio podrán ejercer esa función.
El Ejecutivo municipal cuenta con ocho cooperativas inscriptas, con casi 360 asociados. Sin embargo, fuentes no oficiales estiman que la cantidad de personas que hoy trabajan en la calle ofreciendo el servicio de cuidado de vehículos y limpieza de vidrios supera las 2.000.
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Pese a esa diferencia, los registros identifican como habilitadas a las siguientes entidades: Cooperativa Movimiento de Trabajadores Naranjitas (M.T.N.) Ltda., Cooperativa Aparcar Ltda., Cooperativa Tosco Vive Ltda. y Cooperativa CVA Ltda.
En tanto, las entidades suspendidas son la Cooperativa Bicentenario Social II Ltda., Cooperativa La Unión Ltda., Cooperativa El Progreso Ltda. y Cooperativa La Victoriosa Ltda. A ellas se suma la Cooperativa El Parque, que prestaba servicios en el Parque Sarmiento.
“No es tan sencillo tener una cooperativa de servicios”, expresó Noe Quinteros, titular de Tosco Vive. “Implica pagar Ingresos Brutos y cumplir con un montón de requisitos. Ahora, además, los asociados deben acreditar cuestiones vinculadas a cuota alimentaria, perspectiva de género, certificado de buena conducta y antecedentes”, amplió.
Las instituciones inhabilitadas pueden registrar intimaciones previas, sumarios abiertos, CUIT suspendido en ARCA (ex AFIP) o falta de presentación de balances. Desde la Municipalidad señalaron que “fueron debidamente intimadas por la Secretaría de Políticas Sociales y se trabaja con ellas para que puedan regularizar esa situación”.
Según el artículo 8° de la actual ordenanza de estacionamiento en la capital, los oferentes pueden ser “Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la ciudad de Córdoba que se inscriban en el registro habilitado a tal fin”, siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la reglamentación y acrediten su personería jurídica. Además, la normativa establece prioridad para cooperativas de trabajo integradas por ex permisionarios del sistema de estacionamiento medido y para ONG vinculadas a personas con discapacidad, niñez o ancianidad, siempre que estén habilitadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
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“Esto no se resuelve con un cambio de color de chaleco ni con la prohibición. Se resuelve con políticas públicas de un Estado municipal que ha estado ausente en los últimos seis años”, planteó el dirigente social.
Por su parte, el concejal Javier Fabre consideró que este sistema “mantiene en pie a un actor que ya fracasó, que son los naranjitas. Estructuras oscuras y poco transparentes”.
Más allá de las funciones que puedan prestar, el edil radical sostuvo que hoy “las cooperativas son simplemente un amortiguador dentro de una ingeniería laboral más precaria”. Fabre consideró que, en lugar de sostener el esquema cooperativo, deberían analizarse alternativas como sociedades anónimas simplificadas (SAS), sociedades estatales mixtas o fideicomisos. “Debemos buscar transparencia, con soluciones del siglo XXI”, concluyó.
