La Fiscalía pidió condenas de hasta 10 años de prisión a la cúpula del Sindicato Luz y Fuerza

El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, formalizó hoy pedidos de pena para la cúpula del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Tal como se preveía, según los alegatos que comenzó a exponer la semana pasada, las solicitudes de prisión fueron altas, en especial para las máximas autoridades. Además, pidió inhabilitación especial para ejercer cargos gremiales a todos los acusados, según el rol que tuvieron y el monto de la pena. 

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La mayor fue para Gabriel Suárez, quien fue secretario general del gremio mientras sucedieron las presuntas defraudaciones, entre 2011 y 2019: 10 años de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de $15,6 millones.

Para el actual titular del sindicato, Jorge Molina Herrera: 9 años y 6 meses de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de $67,5 millones.

Para Fernando Navarro, quien manejó las arcas del sindicato en el momento de los hechos: 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.

Según la acusación ellos fueron los principales autores de las maniobras de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.

El resto de los acusados, también penas de prisión

Daniel Edgardo Lozano: 5 años y 6 meses.

Roque Daniel Tapia: 5 años.

Alexis Daniel Fidelbo, fue apoderado del gremio: 5 años.

José Ramón Galván: también operó como apoderado: 5 años.

Para Yanina Victoria Molina (hija del secretario general actual): tres años.

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Cómo se habría consumado la defraudación

En sus alegatos la semana pasada, Casas Nóblega sostuvo que “existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos”.

La Fiscalía explicó que se nutrieron del Fondo Compensador para jubilados y de la Obra Social, a través de cheques librados por ellos mismos, emitidos a proveedores verdaderos y ficticios que, a través de endosos, perdían trazabilidad. Eran cobrados en el Banco de Córdoba y Banco Nación.

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Citaron tres “modelos” de maniobras. En todos los casos, los documentos eran emitidos por Suárez, Navarro y Molina Herrera. Los destinatarios a su vez los endosaban a terceros con vínculos a la mutual y financiera Ampes, que en algún momento socorrió económicamente al gremio. Otros salían a nombre de los apoderados del sindicato (Fidelbo, Galván y Guzmán), quienes a su vez los autorizaban a terceros. La última opción fueron cheques a nombre de los apoderados que ellos mismos cobraron en los bancos.

Un detalle: la inmensa mayoría era por un máximo de $50 mil para eludir controles del Banco Central.

Para la Fiscalía el perjuicio al Fondo Compensador -cuyo objetivo era reforzar los haberes de los jubilados de Epec- fue superior a los $215 millones y a la Obra Social, por más de $6 millones.  

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Lavado de activos

La acusación y solicitud de pena por lavado de activos abarcó a Suárez, Herrera Molina y Navarro. Analizaron inversiones inmobiliarias, compra de autos y divisas con dineros espurios, en que habrían invertido el dinero obtenido ilícitamente.

Un capítulo en sí es el referido al actual secretario general quien, en 2012, compró fichas en casinos por $13 millones.

El 28 de noviembre será la próxima audiencia de alegatos de los defensores Ernesto Gavier, Tristán Gavier e Iván Mochovsky.  

El TOF 2 programó para el 1 de diciembre la última audiencia en la que los acusados brindarán su última palabra y los jueces pasarán a deliberar para comunicar el veredicto.