Reforma laboral: en Córdoba advierten que un tope a las indemnizaciones sería “inviable” y generaría una ola de juicios

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional ya se convirtió en uno de los debates más fuertes del año. El paquete llegó al Congreso con tres núcleos bien diferenciados: medidas con consenso amplio, capítulos que generan resistencia y un tramo final que promete choque directo entre sindicatos, empresas y gobernadores.

En Córdoba, donde el tejido productivo depende en gran parte del empleo registrado, el análisis encendió alertas.

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En diálogo con Cadena 3,  Julián de Diego, abogado laboralista, detalló que el primer capítulo, la regularización masiva del trabajo no registrado, es el único en el que no hay grietas. Así, aseguró que entre el 43% y 44% de la población laboral se mantiene bajo la "clandestinidad". Y sostuvo que esa informalidad “desfinancia la seguridad social, afecta jubilaciones y deja a millones sin obra social”.

Por qué descartan un techo a las indemnizaciones

Asimismo,la atención está puesta en uno de los puntos más discutidos: un eventual límite a las indemnizaciones por despido. De Diego fue contundente al respecto, por la poca viabilidad de la propuesta. “Si una persona tiene 20 años de antigüedad y le ponemos un tope de 10, se va a judicializar. Y probablemente la jurisprudencia le dé la razón”, advirtió.

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Además, explicó que un límite solo regiría para quienes entren ahora al mercado, por lo que recién tendría efecto en 2035. “En Argentina no sabemos qué va a pasar en seis meses. Mucho menos en 2035”, remarcó.

El paquete intermedio: banco de horas y vacaciones fraccionadas

Paralelamente, el segundo bloque de reformas incluye medidas que generan reservas en distintos sectores, entre ellas el banco de horas, las vacaciones fraccionadas y la reorganización del tiempo laboral. De Diego sostuvo que estos puntos probablemente se mantengan, aunque con correcciones para evitar un choque directo con los gremios.

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Finalmente, el tramo más complejo del proyecto aparece en la discusión sobre convenios colectivos y normas sindicales. Al respecto, afirmó que “tenemos convenios de 1975 aún vigentes. Es un lastre para el empleo”.