El presidente, Donald Trump, está haciendo uso de su autoridad presidencial para hacer cambios tributarios que el Congreso se niega a hacer, pero su poder limitado significa que podría terminar prometiendo demasiado y cumpliendo poco con su promesa de recortar los cobros del servicios de impuestos internos, o IRS por sus siglas en inglés.
Trump ha diferido cientos de miles de millones de dólares en impuestos sobre la nómina y está contemplando otra acción ejecutiva que equivaldría a una reducción del impuesto a las ganancias de capital de aproximadamente US$100 mil millones para los inversionistas, mediante un cambio en las pautas del Departamento del Tesoro.
El presidente se postula para la reelección en noviembre y se encuentra detrás del demócrata Joe Biden en todas las encuestas recientes. Mientras tanto, el Congreso está estancado en la aprobación de otro amplio paquete de estímulo económico, mientras el país sigue asolado por la pandemia de coronavirus. No hay perspectivas inmediatas de nuevas negociaciones y el punto muerto podría prolongarse hasta septiembre, manteniendo la debilidad de la economía mientras los votantes se preparan para tomar su decisión de voto.
Dado que la recuperación es clave para que Trump gane la reelección para un segundo mandato, las acciones están destinadas a impulsar tanto a su base de clase trabajadora como a los mercados financieros. Pero la táctica conlleva un riesgo político significativo.
Esos pagos de impuestos sobre la nómina de todos modos vencerán, a menos que el Congreso decida condonarlos, lo que no es una apuesta segura. Tanto líderes republicanos como demócratas no están entusiasmados con recortar los impuestos que financian el Seguro Social y Medicare.
El plan del presidente para reducir los impuestos a las ganancias de capital implicaría una acción ejecutiva que, según algunos conservadores, puede sobrepasar su autoridad y terminar en los tribunales. Y los beneficios, si se hicieran realidad, se inclinarían fuertemente hacia los ricos, dando a los demócratas otra oportunidad para atacar a Trump por favorecer a los ricos a expensas de la clase media.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó el miércoles que al menos algunos miembros de la administración están conscientes de los inconvenientes.
“Al presidente le gustaría hacer recortes de impuestos sobre las ganancias de capital, y necesitamos una legislación para hacer lo que queremos en ese frente”, dijo en Fox Business.
Con las conversaciones del Congreso en un punto muerto sobre otra ronda de estímulos que los economistas, los funcionarios de la Reserva Federal y los participantes del mercado consideran esencial, Trump extendió unilateralmente la ayuda adicional por desempleo y difirió los pagos de impuestos sobre la nómina. Debido a que la medida no impulsó la reanudación de las conversaciones, y los analistas evaluaron su impacto como limitado, el S&P 500 bajó bruscamente en la última hora de negociación del martes.
Algunas empresas esperan orientación antes de decidir si corren el riesgo de diferir el pago de impuestos para fin de año.
Cuestión de confianza
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a los periodistas el martes que las empresas y los empleados “confían en el presidente” respecto de que los impuestos serían condonados.
Sin embargo, Mnuchin indicó que algunas empresas pueden optar por no aceptar el aplazamiento.
“Vamos a crear un nivel de certeza para las pequeñas empresas que quieran hacerlo”, dijo.
Trump depende del Congreso para condonar los pagos de impuestos diferidos, pero podría ser difícil convencer a los legisladores que han rechazado repetidamente sus solicitudes de un recorte de impuestos sobre la nómina, dijo Joe Bishop-Henchman, vicepresidente de políticas y litigios de National Taxpayers Union Foundation.
“Ha sido bastante insistente con eso desde hace algún tiempo y el Congreso no lo ha abordado”, dijo.
Cambios tributarios
Trump también dijo el lunes que pronto publicaría una propuesta de recorte de impuestos para los ingresos medios. Pero eso necesitaría que el Congreso actuara, por lo que cualquier plan sería más una promesa de campaña que algo que podría entrar en vigencia en los próximos meses.
Las encuestas han indicado que los votantes no están dispuestos a confiar en el presidente. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada el mes pasado, mostró que 31% de los votantes registrados dijeron que era honesto, y más del doble (66%) considera que no lo era.
Su inclinación por las grandes ideas que nunca llegan a concretarse podría perjudicarlo, a medida que los votantes descubren que los beneficios prometidos no se materializan en sus cuentas bancarias. Las empresas ya están preocupadas de que la orden de nómina de Trump pueda crear una serie de problemas administrativos, pero en realidad no generar ningún impulso económico.
Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, estima que las órdenes ejecutivas tendrían “en el mejor de los casos” beneficios económicos marginales, sin cumplir las promesas de brindar alivio a los trabajadores desempleados y crear empleos a través de recortes de impuestos.
“Las órdenes ejecutivas son mucho ruido y pocas nueces”, dijo Zandi en un correo electrónico. “Aparte de la exención de los pagos de intereses de los préstamos estudiantiles hasta fin de año, lo que es importante para los prestatarios pero que tiene pocos beneficios macroeconómicos, las órdenes ejecutivas no se implementarán, al menos no en el futuro cercano”.
