Una de las democracias más antiguas de América Latina está bajo asedio de poderosas bandas criminales, y la cacería de tres jefes de guerra buscados por Donald Trump amenaza con desatar aún más caos antes de que los colombianos vayan a las urnas este año.
Los candidatos ya se han retirado en gran medida de las campañas debido a una ola de ataques en la que los guardaespaldas de un senador fueron asesinados, otra senadora fue secuestrada y se produjo el primer asesinato de un candidato presidencial en Colombia en más de tres décadas. Las milicias a las que se atribuye el derramamiento de sangre son las más fuertes en años, tras el fracaso de las conversaciones de paz y el mayor auge de la cocaína de la historia.
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Algunas zonas rurales son ahora territorio vedado para los políticos.
“Yo antes andaba caminando, hacía recorridos, y nada de eso puedo hacer”, dijo Paloma Valencia, candidata presidencial del partido conservador Centro Democrático. “Y lo grave es que uno ve mucha gente nuestra amenazada en muchas regiones del país, en el Cauca, en Arauca, en Caquetá, entonces pues se vuelve muy difícil la política”.
Cuando otro candidato destacado visitó recientemente las oficinas de Bloomberg en Bogotá, uno de sus guardaespaldas bajó las persianas para evitar que posibles francotiradores pudieran actuar.
El deterioro de la seguridad ha contribuido a la caída de la inversión, ya que los extorsionadores se concentran en sectores como el transporte de mercancías, la energía y la agroindustria, que deben operar en zonas remotas. Exceptuando la pandemia, la inversión como porcentaje de la economía ha caído a niveles no vistos desde la década de 1970. El Consejo Nacional de la Empresa Privada advirtió que los disturbios relacionados con las elecciones podrían perturbar aún más el entorno empresarial y aumentar los costos para las compañías este año.
A medida que la violencia se recrudece antes de las elecciones al Congreso en marzo y a la presidencia en mayo, las encuestas muestran que dos candidatos con políticas de seguridad radicalmente distintas encabezan la carrera. Por un lado, Iván Cepeda —uno de los artífices del plan de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro para negociar con organizaciones criminales—, y, por el otro, Abelardo de la Espriella, partidario de una línea dura en seguridad que ha prometido suspender las conversaciones con esos grupos y “neutralizar” a cualquiera que no se rinda.
Existe un alto riesgo de que se produzcan más disturbios en las próximas semanas. Petro prometió adoptar una postura más agresiva frente a las bandas criminales tras su reunión del 3 de febrero con Trump en la Casa Blanca, en la que acordó perseguir a los líderes de las milicias buscados por Estados Unidos por narcotráfico.
Uno de ellos es conocido como “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína de Colombia. El grupo rompió las negociaciones de paz al día siguiente y acusó al gobierno de actuar de mala fe.
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El Clan del Golfo y el grupo guerrillero conocido como ELN podrían tomar represalias ante cualquier ofensiva contra sus líderes imponiendo toques de queda en sus territorios, prohibiendo la circulación de vehículos y obligando a la población a permanecer confinada en sus hogares, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, una organización con sede en Bogotá que monitorea el conflicto colombiano. Eso haría imposible hacer campaña en esas regiones, afirmó.
Según datos recopilados por la Misión de Observación Electoral (MOE), un organismo independiente, el número de municipios en “riesgo extremo” de violencia casi se ha duplicado desde las elecciones de hace cuatro años.
Los ejércitos guerrilleros de Colombia lucharon en su día por una revolución al estilo cubano. Sin embargo, según Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, las nuevas facciones se centran principalmente en proteger sus negocios ilegales. Los grupos armados pueden prohibir el ingreso de candidatos a las zonas que controlan, vetar la mención de ciertos temas y presionar a la población para que vote por un determinado aspirante o se abstenga, comentó.
“No les interesa tanto que el candidato sea de derecha o de izquierda, sino que no sea un obstáculo para su control territorial y poblacional”, afirmó Marín Ortiz en una entrevista.
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El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe el año pasado a manos de un sicario adolescente hizo retroceder al país décadas, a una época en la que el Estado era muy débil e incapaz de contrarrestar las amenazas de los carteles de la cocaína, afirmó Juan Manuel Galán, candidato presidencial del partido Nuevo Liberalismo.
El propio padre de Galán era el favorito para ganar la presidencia cuando fue asesinado por el cartel de Medellín de Pablo Escobar en 1989. Él cree que los grupos actuales son incluso más poderosos y peligrosos que lo que era Escobar.
Estos grupos “están envalentonados porque cada vez son más agresivos en sus accionares”, dijo Galán en una entrevista.
La campaña electoral en la que fue asesinado el padre de Galán fue una de las más violentas de la historia mundial, ya que los escuadrones de la muerte tenían como blanco a líderes de izquierda y los carteles de la cocaína buscaban eliminar a los candidatos que apoyaban la extradición a EE.UU. Otros dos aspirantes a la presidencia fueron asesinados al año siguiente, y más de 100 personas murieron cuando un avión fue derribado con una bomba destinada a matar a César Gaviria, el eventual ganador.
A pesar de ello, la democracia colombiana ha sobrevivido a décadas de violencia de los carteles y de conflicto civil, incluso cuando dictaduras militares controlaban gran parte de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Conversaciones de paz
La búsqueda de la paz por parte de Petro a través de negociaciones con grupos armados no ha logrado una desmovilización significativa. En cambio, estos aprovecharon la relativa falta de presión militar para enriquecerse con la cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro. Actualmente se mantienen conversaciones con ocho de estos grupos, aunque algunas de las facciones más peligrosas no participan en las negociaciones.
Entre ellos figuran los miles de combatientes liderados por el caudillo Iván Mordisco, que tiene su base en los límites de la Amazonía, en el sur de Colombia. Mordisco, otro de los narcotraficantes buscados por Trump, ha amenazado el proceso electoral en respuesta a una escalada de la presión militar contra su grupo.
El partido Centro Democrático publicó una foto de una pancarta en una carretera que supuestamente pertenecía a uno de los afiliados de Mordisco, en la que se prohibía a sus dirigentes ingresar en su territorio, incluida Valencia, la candidata presidencial.
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Los conductores y guardaespaldas de los políticos son una imagen habitual en los barrios acomodados de Bogotá, donde a menudo generan malestar entre los vecinos al bloquear el tráfico mientras las personas a las que protegen toman un café o se mandan cortar el cabello. Pero su utilidad es limitada en regiones donde el Estado apenas tiene presencia y donde las bandas criminales imponen su ley.
Proteger a los principales candidatos presidenciales ya es bastante difícil, pero los riesgos son aún mayores para los más de 3.000 aspirantes al Congreso. Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, es prácticamente imposible brindar protección adecuada a todos los políticos en las regiones dominadas por grupos armados ilegales.
Por ello, el país está atravesado por “fronteras invisibles” que los candidatos no pueden cruzar con seguridad, afirmó.
En algunas regiones, el control de los grupos armados es tan fuerte que resulta extremadamente arriesgado hacer campaña sin su autorización. En el departamento de Arauca, bastión del ELN en la frontera con Venezuela, este mes hombres armados abrieron fuego contra los vehículos utilizados por el senador Jairo Castellanos, matando a dos guardaespaldas y secuestrando brevemente a otros tres miembros de su equipo. Castellanos, que no estaba presente durante el ataque, dijo que uno de sus vehículos recibió más de 400 impactos de bala.
El ELN emitió un comunicado en el que dio a entender que sus combatientes reaccionaron porque el conductor se negó a detenerse, y sostuvo que las campañas políticas deben respetar sus puestos de control.
GZ
