El 2025 quedó marcado en los registros como el primer periodo en el que el Estado nacional decidió no invertir en el CAREM, el primer y único reactor nuclear de potencia de desarrollo propio bajo construcción. Este freno presupuestario se dio en un marco de ajuste donde la ejecución para ciencia y tecnología apenas alcanzó el 0,16% del PBI, la cifra más baja en los últimos 100 años en la Argentina. El recorte superó incluso los indicadores de 2019 y reflejó una decisión política de retirar al Estado de la carrera por la innovación tecnológica.
En diálogo con PERFIL, el ex presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, explicó que este escenario es un reflejo directo de la política oficial. Según detalló, el impacto golpeó a todos los organismos, desde el CONICET hasta la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Salvarezza señaló que la caída de proyectos como el CAREM (que ya tiene un 61% de la obra total construida) vino acompañada de una pérdida salarial superior al 30% y un éxodo masivo de técnicos calificados que buscaron refugio en el sector privado o en el exterior.
Por su parte, el ex ministro de Ciencia y Tecnología bajo el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Filmus, también conversó con PERFIL y aportó una mirada comparativa sobre la gravedad de la crisis. Filmus recordó que en 2015 Argentina alcanzó un pico de inversión del 0,35% del PBI y que existía una ley de financiamiento para llegar al 1% en 2032. Sin embargo, denunció que esa normativa fue derogada a través del artículo 30 del último presupuesto, eliminando cualquier horizonte de previsión para los investigadores y dejando al país muy por debajo de vecinos como Brasil, que triplica la inversión local.
Filmus destacó que el Gobierno actual sostiene una concepción ideológica basada en la escuela austríaca, donde el Estado no debe intervenir en la ciencia. "Si a alguien le interesa, que lo pague", parece ser la consigna oficial según el ex ministro. Bajo esta lógica, el sector tecnológico sufrió ataques más agresivos que las ciencias sociales, simplemente porque construir reactores o satélites resulta más costoso. Para Filmus, se combinaron el ajuste fiscal y “un sesgo de oscurantismo que desprecia el conocimiento científico acumulado”.
La situación del CAREM es particularmente crítica porque el Gobierno decidió considerarlo un proyecto "terminado" o inviable. Salvarezza confió a PERFIL que el argumento oficial probablemente sea que el reactor “no era competitivo” y que “solo se trataba de un piloto sin salida comercial”. No obstante, el científico advirtió que, al abandonar este desarrollo, Argentina renunció a su capacidad de generar tecnología de alto valor para limitarse a ser un mero proveedor de materias primas como el uranio.
Finalmente, el desguace del sector se completó con el avance de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA). El Ejecutivo inició el proceso para vender el 44% de las acciones de la operadora de las centrales Atucha y Embalse. Salvarezza subrayó que esta decisión ignoró el valor estratégico del sistema nuclear y dejó el camino libre para que otros actores internacionales ocupen el lugar que Argentina supo liderar en la región durante décadas.
Ciencia desfinanciada equivale a un país sin futuro
Geopolítica y la entrega de un mercado multimillonario
Hasta el 2023, el CAREM figuraba en los relevamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el único reactor modular (SMR, por sus siglas en inglés) en construcción en todo el continente. Sin embargo, en 2025, la gestión de Javier Milei insertó al país en un programa de Estados Unidos alineado con la directiva "Executive Order 14299". Esta maniobra, denunciada por diversos colectivos científicos, unió el desarrollo nacional a los intereses de Washington, frenando la competencia que el reactor argentino representaba para cuestiones norteamericanas.
Se estima que para el año 2040 se venderán al menos 200 reactores de baja potencia en el mundo. Si Argentina hubiera terminado el CAREM (al que solo le restaba un 15% para concluir sus componentes principales), habría liderado un mercado donde la venta de cada unidad ronda los cuatro mil millones de dólares. Al congelar la obra, el país regaló su ventaja temporal frente a competidores como Inglaterra y Estados Unidos, que aún no tienen prototipos funcionales.
El desmantelamiento no solo afectó a la energía nuclear, sino que se extendió a instituciones como el INTA y el INTI. Salvarezza explicó que, si el país sigue el camino de privatización y desinversión que planea el Gobierno, Argentina tardará al menos diez años en volver a tener un proyecto serio de reactor modular. Lo que se perdió en 2025 no fue solo una partida presupuestaria, sino el derecho a desarrollar tecnología propia en un área donde el país demostró ser mundialmente competitivo.
TC CP
