Publicamos una de las muchas encuestas que muestran un escenario electoral muy desfavorable al oficialismo y con amplio dominio opositor. El Monitor Electoral de Consultora Dicen realizado entre mayo y septiembre de 2018 en AMBA (24 partidos del Gran Buenos Aires y CABA) fue de 1.171 casos efectivos.
No es sorpresa para nadie el resultado que muestran los sondeos. Las condiciones socioeconómicas que sufre la mayoría de ciudadanos –una gran parte de ellos votantes de Cambiemos en el ballotage del año 2015– difícilmente puedan ser peores.
Los datos de este deterioro abundan y abruman, por lo que solo nos detendremos en uno: con una inflación asumida por el actual oficialismo de un nivel anual de 42%, los salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales se actualizarán 22% promedio en igual lapso.
Se proyecta a fin de este año un deterioro del poder adquisitivo real del ingreso de los hogares inédito desde la recuperación democrática.
Así las cosas, el problema de la oposición ya no no es de candidaturas. Las tiene y casi todas le ganan a Macri o Vidal en un escenario de ballotage, y recordemos que el deterioro socioeconómico que está en la base de la caída del oficialismo recién comienza.
El escollo real hoy es que dejen competir a los candidatos opositores en elecciones transparentes y sin proscribirlos, apresarlos, etc.
El neoliberalismo local y regional judicializó la política también en su formato electoral; el caso emblemático es lo que ahora mismo sucede en Brasil con el apresamiento arbitrario e ilegal de Luis Inácio Lula Da Silva, principal opositor y muy probablemente el candidato que resultaría triunfante en las elecciones de octubre de este año.
En este contexto nacional y regional entonces, va quedando claro que todo el aparato judicial orgánico al Poder Ejecutivo, incluida la reciente reconfiguración de la Corte Suprema, tiene dos objetivos centrales:
Proscribir candidatos opositores con crecientes chances de éxito electoral en 2019.
Reprimir judicialmente la protesta social, que será creciente y sostenida frente al profundo deterioro socioeconómico que aún espera a la mayoría de los ciudadanos de segmentos medios, medios bajos y populares.
En esta dirección de represión creciente a la protesta social, las declaraciones recientes de Carolina Stanley, hasta ayer para muchos la cara bondadosa del ajuste macrista, son reveladoras: “El diálogo y sentarnos a una mesa es el único camino para avanzar, no los caminos extorsivos como ese… confío en que las medidas sociales efectivas que se están tomando desde el Ministerio acompañan a las familias para darles soluciones”.
A la caracterización de extorsiva a la protesta, que muestra el cambio de mirada de la ministra, hasta ayer “socialfriendly”, le sucede la confianza absoluta en la efectividad de las medidas de contención que se están tomando, que demuestra el costado hipócrita del discurso de Stanley.
Observemos una medida “efectiva” y paradigmática de la sensibilidad del Gobierno frente a “los que la están pasando mal”, como es el refuerzo de emergencia de la AUH.
El Gobierno dice que compensará a los beneficiarios de la AUH –3,9 millones de niños menores de 18 años directos y otros 10 millones de miembros del hogar indirectos– con $ 2.700 divididos en dos bonos extras en septiembre y diciembre, los que anualizados significan $ 7,5 más por día por cada beneficiario.
Estas son las “políticas sociales efectivas” de las que se enorgullece la ministra Stanley.
En fin, estimados lectores de Perfil, es realmente muy compleja la situación social e institucional que diseña el actual gobierno. Un escenario de persecución mediática y judicial a opositores, represión sobre militantes sociales, presos políticos, en un marco de crecientes restricciones socioeconómicas.
La lección que queda es ya conocida: el neoliberalismo es incompatible con el Estado de derecho y el régimen democrático. Queda a la ciudadanía reaccionar e impedir que esta anomalía institucional siga avanzando.
*Director de consultora Equis.
