El conflicto boliviano puede entenderse como una disputa entre un gobierno nacional que intenta meritoria y desordenadamente cumplir con sus promesas electorales de nacionalizar los recursos naturales del país, para que en vez de rendir beneficios a multinacionales voraces sirvan para elevar el nivel de vida de ciudadanas y ciudadanos, y los sectores privilegiados que siempre se beneficiaron con esa situación de exacción económica e injusticia social y que se resisten al cambio propuesto por el presidente Evo Morales. Dicho conflicto está disimulado por reivindicaciones autonómicas que tienen su justificación en una organización exacerbadamente centralista, derivada de las dictaduras militares, que hace por ejemplo que los prefectos, equivalentes a los gobernadores, sean designados por el gobierno en La Paz.
Históricamente las riquezas del país, plata, estaño, guano, gas fueron saqueadas por intereses indiferentes ante la miseria, ignorancia y analfabetismo que generaban haciendo de Bolivia una de las naciones más pobres del mundo que aprendió a vivir de la caridad internacional, fondos que lejos de cumplir con sus fines humanitarios también engrosaban las ganancias de los poderosos y de los funcionarios y políticos a su servicio.
El 85% que votó a favor de la autonomía de Santa Cruz fortalece a quienes en realidad apuntan a la escisión de la rica medialuna sudoriental compuesta por Santa Cruz de la Sierra, Pando, Tarija y Beni. Allí están las mayores reservas de gas, los cultivos de coca, las tierras fértiles que impulsan la agricultura y la ganadería. Ellas aportan casi la mitad del PBI.
Poco que ver con la menesterosa realidad de la otra mitad del territorio boliviano, el altiplano, que antaño albergaba las ubérrimas minas de plata, que hicieron de Potosí la ciudad más importante de la colonización española en América, a la par de las más desarrolladas ciudades europeas de la época. Luego sería el tiempo del estaño que el mundo pagaba a precio de oro y del guano, cuando Bolivia tenía costa marítima. Pero esos tiempos pasaron y de entonces quedan las ciudades construidas en las alturas andinas, en las bocas mineras: La Paz, Oruro, Uyuni, Potosí, enclaves donde se hace fuerte el MAS, de Evo Morales.
No todo ha sido orégano para los vencedores, por cuanto el presidente y los suyos argumentan que la abstención de casi el 50% es una inequívoca muestra de rechazo a la compulsa la que, por otra parte, tuvo visos de poca rigurosidad por cuanto fue llevada adelante por una empresa privada y no contó con la legitimidad de la Justicia. Y no hubo veedores internacionales que pudieran dar fe de su limpieza.
Quienes conocemos Bolivia sabemos que las diferencias no son sólo económicas sino también sociales, y aún raciales. Los cruceños se consideran los “blancos” del vecino país y tienen acendrados y desembozados prejuicios ante los “negros” (quechuas, aymaras y otros, denominados genéricamente “collas”). En la entrada de la bella Santa Cruz se erige un gigantesco Cristo que eleva sus manos en una bendición pero los “cambas”, como se denominan los cruceños, están convencidos de que es un ademán de rechazo a los “collas”, como lo demostraría su rostro que mira en dirección a La Paz.
Desde siempre hubo distintos factores que fomentaron la fragmentación. Como el topográfico, ya que las comunicaciones entre el oriente tropical y el altiplano glacial son difíciles por la interposición de la doble cadena andina que sólo permite algunos pasos a más de 4.000 metros de altura, lo que sumado a la crónica precariedad económica dificulta el tendido de líneas férreas y de carreteras. Por otro parte, los ríos navegables tampoco comunican pues se deslizan lejos de los centros poblados andinos ya que estos no se erigieron en función del suministro del agua sino de la proximidad con las minas.
Es evidente que Evo busca acumular poder en el apoyo de los sectores populares ya que son los beneficiarios directos de su política que, por ejemplo, ha logrado que por el gas boliviano se pague tres veces más que antes de su gestión. En esa línea se inscribe la estatización de las refinerías petroleras Transredes, Andina, Chaco y CHLB anunciada en pleno conflicto autonómico con lo que respondió a la demanda de sus bases populares y amplió la brecha con quienes, en los distritos de la media luna oriental, se levantaron con el disimulado propósito de poner coto a que Evo siga recortando las ganancias de los privados. Decisión que sin duda puede llevar a una guerra civil de consecuencias dramáticas también para nuestro país.
