El 22 de abril pasado, la jefa de redacción de PERFIL me transmitió un pedido de Jorge Fontevecchia: que la defensoría de los lectores del diario investigara si una queja del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, en relación con una nota publicada en la sección Policiales, tenía sustento y merecía una intervención del ombudsman.
Se trata del artículo “Fugas en CABA: en veinte días se escaparon 19 presos y aún hay doce convictos prófugos”, incluida en la página 50 de la edición del domingo 21 de abril (Fugas en CABA: en veinte días se escaparon 19 presos y aún hay doce convictos prófugos). Por lo transmitido a este ombudsman, el señor Macri estimaba que la nota estaba “llena de errores”, según Fontevecchia.
Como es usual en estos casos, la defensoría pidió explicaciones al responsable del área, quien transmitió la inquietud al vocero del jefe de Gobierno y me envió su respuesta y la del vocero): Según el vocero:
”1. En la cabeza de la nota se sostiene: ‘En apenas veinte días, el número de presos fugados llegó a la mitad de la cantidad de evadidos registrados durante el año pasado. Desde el 31 de marzo hasta el 20 de abril se escaparon 19 detenidos, mientras que a lo largo de todo 2023 hubo un total de 41 evasiones’.
”El primer error es que mezclan fugas con fugados. Una cosa es hablar de fugas (hechos) y otra de fugados (personas). En 2023 hubo 41 evasiones (fugas, hechos, no personas fugadas). En este primer trimestre hubo 10 fugas (hechos, no número de presos).
”2. Está mal el título: ‘En veinte días se escaparon 19 presos y aún hay doce convictos prófugos’.
”No se escaparon 19 sino 13. Desglose:
”31 de marzo: San Telmo. Se fugan 7. En la nota pusieron que se fueron 11.
”1° de abril: Balvanera. Se fugan 2.️
”8 de abril: Caballito. Se fugan 2. En la nota ponen que se fueron 4 de Caballito.
”25 de abril: Urquiza. Se fugan 2.
”3. Prófugos quedan 11. En la nota dicen que hay 12.
Responde el editor jefe de Policiales: “En primer lugar, sostengo que los números que están en la nota son los que pasó oportunamente la Policía de la Ciudad, a la que incluso se le repreguntó si los fugados eran 19 y los prófugos 12. Ellos, en la sumatoria de presos fugados no incluyen a los recapturados, y es erróneo y antojadizo porque la causa por evasión se inicia a partir del momento en el que un detenido abandona su lugar de detención más allá del lugar donde después sean atrapados (a dos cuadras, diez kilómetros o en la guardia de la comisaría). Otro punto es que pedí acceso a los partes de las fugas para corroborar los datos de la respuesta y hasta el momento no tuve respuesta. La verdad es que me resulta extraño que refuten esos números siendo que, por ejemplo, la revista Noticias, en la edición del mismo fin de semana, también señala que fugaron 19 presos. Respecto del dato de las 41 fugas puede ser que haya entendido mal el mensaje y di por cierto que eran 41 presos fugados en 2023 y no 41 fugas”.
Conclusiones. Cuando una pieza periodística incluye cifras concretas, ellas deben ser chequeadas y tener el respaldo de fuentes confiables. De otro modo, la veracidad de los datos puede ser sujeta a cuestionamientos. Las aclaraciones efectuadas por Nieva a este ombudsman me parecen satisfactorias porque están respaldadas por informes oficiales (la Policía de la Ciudad); las diferencias de cifras tienden a confundir, es correcto, y tal vez por ello resulta legítimo el enojo del Jefe de Gobierno de la Ciudad.
En verdad, de lo que se trata en este caso es de una mínima parte del conflicto que hace ya largo tiempo se desarrolla entre el Gobierno de la CABA, del que dependen las comisarías en las que son alojados presos comunes, sin los recursos necesarios, para suplir la falta de respuestas positivas del Servicio Penitenciario Federal. La falta de lugar en las cárceles del SPF es, en definitiva, la principal causa del conflicto jurisdiccional con el gobierno de la Ciudad, que carece de la potestad de juzgar y condenar a quienes delinquen en su jurisdicción. Es la Justicia Ordinaria la que tiene responsabilidad penal y es el SPF el que debiera contar con los recursos para alojar reclusos en espera de sus sentencias.
