Salvo porque la Gendarmería aparecía en la tapa de Clarín custodiando Fuerte Apache debido a la inseguridad, podría suponerse que el domingo 26 de noviembre de 2006 (hace apenas cuatro años), la Argentina era otro país.
La portada de dicho matutino irradiaba optimismo debido a que “la Corte pondría fin a miles de juicios” originados en el corralito financiero, y todo gracias a “la reforma del Tribunal que impulsa Cristina Kirchner”, quien por entonces era primera dama y senadora. Tan de película marchaba todo que, siempre según la misma tapa, el presidente Néstor Kirchner ya pensaba en el vice Daniel Scioli como candidato a gobernador bonaerense en 2007, lo que podría garantizar un segundo turno K.
Aquel mismo domingo 26 de noviembre de 2006, sin embargo, un diario medio raro que salía sólo los domingos llegó a los kioscos con un título principal que insinuaba una realidad menos candorosa. “Investigan sobornos millonarios para la construcción de un gasoducto de De Vido”, fue el título principal de PERFIL. El copete decía: “La mayor constructora de puentes del mundo, Skanska, echó a siete gerentes de su filial argentina, aceptó la renuncia del CEO y anunció que se retira de la obra pública por problemas éticos. Reconoció ‘pagos ilegítimos’ y canceló $ 13 millones ante la AFIP, por impuestos derivados de esos supuestos sobornos. Un escándalo comparable al de IBM-Banco Nación en los 90”. La investigación de Carlos Russo (por aquellos días colaborador externo de este diario y hoy prosecretario de Redacción) ocupó seis páginas de El Observador, que en 2006 no era sección sino suplemento.
Era el inicio del luego llamado Caso Skanska, por el cual anteayer, viernes 17 de diciembre de 2010, el juez federal Norberto Oyarbide procesó por un supuesto cohecho de no 13 sino casi 14 millones de pesos a dos ex funcionarios kirchneristas (Fulvio Madaro y Néstor Ulloa), a quienes se les ratificó la libertad pero también el embargo de siete millones de pesos a cada uno, como poco sutil metáfora de un ratonero miti-miti.
El fallo de Oyarbide tiene nada menos que 1.309 carillas en las que se apilan referencias a contratos, subcontratos, resoluciones oficiales, normativas, indagatorias, cruces de llamados telefónicos y, sobre todo, la comprobación de que para la ampliación de un tramo de la red de gasoductos nacionales hubo “14 millones de pesos destinados parcialmente al pago de comisiones indebidas”, efectuados mediante facturas truchas de una veintena de empresas fantasma. En el mismo acto, el juez citó a indagatoria al todavía secretario de Energía, Daniel Cameron. Es un golpe durísimo a la gestión Cristina, propinado justo en el plexo cajeril controlado por el ministro Julio De Vido y que, sumado a los escándalos del Caso Jaime, promete largas y variadas visitas pingüinas a los Tribunales durante los próximos años.
A fojas 13 del fallo, Oyarbide señala que el “inicio de las actuaciones y medidas de prueba ordenadas” tuvo que ver “lo obrante en una nota del diario PERFIL del día domingo 26 de noviembre del mismo año, la cual había tomado estado público, se habría montado una estructura económica ilegal para financiar organizaciones políticas o enriquecer políticos, en oportunidad de realizarse el Gasoducto Norte, planta compresora Dean Funes, en la provincia de Córdoba”. Vuelve a citarse a este medio en las páginas 16, 18 y 58.
La diferencia entre aquellas notas y esta pila de papeles judiciales en los que se las cita es el valor de las pruebas recolectadas a lo largo de cuatro años de idas y vueltas, fuga de fiscales y cambios de jueces.
El Caso Skanska no es una obra maestra del “periodismo militante” ni mucho menos del “periodismo mercenario”, falso debate en el que se pretende meternos ahora. Es periodismo y punto. Periodismo puro, si se me permite.
El paso del tiempo parece desmentir con dureza, de paso, a quienes hablaban de “corrupción entre privados”. A Néstor Kirchner, por ejemplo.
