Se comienzan a presentar planes de desescalada de los confinamientos en Europa. El presidente Macron anunció que a partir del 11 de mayo reabrirán los comercios, pero seguirán cerrados los bares y restaurantes y las escuelas darán clases, solo en el nivel primario, con 15 alumnos por aula. El fútbol queda cancelado hasta septiembre. En España, el martes se anunció un plan en varias fases: de cero a cuatro. La primera, cero, como su nombre lo indica, permite muy poco: ir a buscar comida a un restaurante o cortarse el pelo, ambas cosas con cita previa, y practicar deporte de manera individual. La última, la fase cuatro, en junio, llevaría a la normalidad.
La cuestión es que, tanto en Francia como en España y en los demás países europeos (y esto es trasladable al resto del mundo), estos mapas de actuación están sujetos a toda clase de modificaciones según se manifiesten nuevos casos de contagios. Es decir, estos programas están escritos en el agua.
Hoy por hoy, el único test seguro es el llamado PCR, que determina, en el momento de realizarlo, si se tiene el virus o no. Pero no puede leer si ya se lo ha tenido, lo cual, de ser así, de haber estado infectado y haber superado el Covid-19, no hay garantía de que se produzca un rebrote porque aún no se sabe cuál es la reacción en este sentido. Los tests serológicos que deben verificar si una persona ha tenido la enfermedad todavía no son seguros, son relativos, ergo, para este fin, inútiles.
Todo es incierto. Mientras tanto el Reino Unido y Alemania trabajan en un pasaporte de inmunidad que portarían las personas no contagiadas para circular y que la Organización Mundial de la Salud rechaza ya que no se puede establecer, de momento, si quienes se han recuperado y poseen anticuerpos contra el coronavirus pueden volver a infectarse. Claro que, cuando la ciencia consiga resolver esto, los pasaportes tendrán vía libre para la OMS.
El problema ético es si hay base legal o no para emitir este documento que, entre otras cosas, rompe la privacidad y permite el acceso a terceros de nuestros datos biométricos. En Europa, al menos, significa romper con la confidencialidad, y esto es incompatible con el actual reglamento de protección de datos.
Más aún, yendo a otro escenario, en el caso de viajar, por ejemplo, al salir o entrar a otro país, ¿junto con el pasaporte oficial habría que exhibir el de inmunidad? O, en el plano cotidiano, ¿un agente policial nos lo puede pedir cuando estamos en vía pública?
Los tests fiables, el acertijo de la reincidencia y, finalmente, la vacuna, llegarán con el tiempo pero, justamente, el factor temporal es el agente catalizador de nuestro sistema.
Hace unos días, en una entrevista que publicó Le Monde, Jünger Habermas se mostraba muy preocupado, en el plano ético, por un problema que surgió al saturarse la capacidad sanitaria y que obligó a muchos casos de triaje, es decir elegir entre dos pacientes infectados graves a cuál de los dos atender.
Habermas se aferraba al marco constitucional que rechaza comparar el “valor” de una vida humana con el “valor” de otra. Pero con respecto a la restricción de las libertades (refiriéndose a los casos de Alemania y Francia) manifestó su tranquilidad por la lealtad a la Constitución de las autoridades de los dos países y mencionaba al primer ministro húngaro, Viktor Orban, como un ejemplo opuesto.
La cuestión es que hoy es, precisamente, Alemania la que alienta este “pasaporte de inmunidad” que no es posible implementar en Europa sin desgarrar su marco jurídico.
Habermas señala también que, en este momento, los gobiernos toman las decisiones apoyados en el conocimiento de los virólogos y apunta a que rara vez el escenario político ha sido tan duramente iluminado.
Sin embargo, llevamos varias décadas bajo el influjo de una gobernanza mundial financiera. Pareciera que hemos pasado de esa influencia al control científico, y de estar a punto de romper las costuras del contrato social con la pandemia económica, a tensar las de la democracia con la del Covid-19.
*Periodista y escritor (desde España).
