Toda urgencia demanda celeridad. Por eso, el Gobierno toma una medida tras otra para dar respuestas al actual escenario crítico. Primero, anticipó la decisión de iniciar la cuarentena. A partir de allí, fue desplegando una serie de iniciativas para paliar los efectos que el aislamiento produce sobre la vida de las personas y las empresas.
Esta semana se decidieron nuevas medidas: se anunció una asignación compensatoria al salario, abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia que trabajen en empresas de hasta cien asalariados; también se anunció la continuación del Programa de Recuperación Productiva (Repro), una suma no contributiva por asistencia a la emergencia sanitaria abonada por el Estado para empresas de más de cien trabajadores; y se postergaron o redujeron hasta el 95% el pago de las contribuciones patronales, entre otras medidas.
En paralelo, se conocieron una serie de iniciativas que tomó el Banco Central, como la postergación del pago de las cuotas de créditos para quienes no puedan pagarlas y el diferimiento del vencimiento de las tarjetas de crédito con límite en las tasas de interés que pueden cobrar las entidades, entre otras. La AFIP, por su parte, dispuso diversas medidas destinadas a aliviar la situación de los contribuyentes.
Para que haya empleo tiene que haber empresas que funcionen. Si las empresas cierran, los empleos desaparecen. Pero es necesario diferenciar entre los pequeños y medianos emprendimientos y las grandes corporaciones. Los primeros, en su mayoría, necesitan ayuda. Las segundas, en cambio, tendrían posibilidades de hacer aportes y aliviar la situación de los que están peor, por ejemplo, a través de algún tipo de tributo extraordinario sobre los grandes patrimonios o las grandes ganancias.
Mientras, se conocieron los lineamientos de la refinanciación de la deuda externa que propone el Gobierno. Como ya lo venía haciendo, plantea que es imprescindible obtener un alivio a través de períodos de gracias sustanciales y de reducción del valor real de la deuda, ya sea por la rebaja de las tasas de interés, las quitas nominales o distintas combinaciones entre estos. Es muy importante avanzar en esta negociación, aun en el marco de la crisis desatada por el coronavirus. En 2019, solo por la parte de la deuda emitida en dólares, la Argentina pagó intereses por 12.400 millones de dólares. Si se logra un período de gracia y se deja de pagar esos intereses, esa masa de recursos enorme puede ser destinada a sostener las políticas indispensables de alivio que la actual situación demanda.
Tenemos un Estado activo como no tuvimos en mucho tiempo, con convicción y decisión para intervenir en un escenario crítico como el actual. Las medidas sanitarias que se tomaron tempranamente parecen estar dando resultados auspiciosos. La curva de transmisión estaría creciendo por debajo de la más optimista de las proyecciones que se hicieron. Si esta situación se consolida y la curva de los alcanzados por la enfermedad aparece controlada, es posible que se empiece a generar una apertura gradual, que ciertas actividades se comiencen a autorizar, aunque sea parcialmente, y que ciertos rangos etarios puedan volver a la actividad.
Una consecuencia del actual escenario es que se instala la idea de que es el Estado y no el mercado el que debe proveer políticas y soluciones. Pero no se puede recurrir al Estado durante las crisis y desconocerlo luego de que estas pasan. No se puede querer un Estado presente, activo y con recursos cuando antes se lo estuvo desfinanciando de manera sistemática. Para que un Estado pueda ser efectivamente activo y resolver los problemas cuando hay una crisis, tiene que ser fuerte antes de la crisis. El Estado no debe ser un último recurso, debe ser un recurso permanente.
*Diputado nacional (Frente de Todos) y presidente Partido Solidario.
