Es casi un lugar común el reclamo de empresarios a los gobiernos de turno sobre la necesidad de una mayor seguridad jurídica, condición necesaria para el flujo de inversiones necesa-rias para un desarrollo sustentable. En público no hay reproche, pero si el pragmatismo corporativo es lo que se proclama, sólo les prestarán atención a los hechos y no a los dichos, tan zigzagueantes y hasta contradictorios como la trayectoria de sus propios líderes. Pero la historia reciente muestra que, con poca distinción partidista, los re-presentantes del Estado administran franquicias y castigos (subsidios e impuestos) siempre bajo la cobertura de buscar el bienestar general, pero teniendo presente el poder de obstruir que tiene la contraparte.
En una sola semana, dos noticias abo-naron con creces esta visión. En primer lugar, la decisión de la compañía Enel de dejar de operar en la Argentina, junto con otros mercados menores en la región. La decisión alineada con una estrategia global de retirarse de aquellos mercados inestables y que le traen más problemas que beneficios, no es algo menor porque controla Edesur (con 2,5 millones de clientes), generadoras eléctricas, como las centrales térmicas Costanera y Dock Sud o la central hidroeléctrica de El Chocón. En mercado regulado, como es en todo el mundo el de la provisión del suministro eléctrico, las permanentes alteraciones en las reglas de juego y la manipulación de la tarifa desacoplada de la tasa de inflación y el dólar, llegó al sector a una dependencia ruinosa del ente regulador que, para colmo está intervenido política y jurídicamente. La prueba de ello es las idas y vueltas para disminuir los subsidios que casi en el último mes del año aún no hubo incidencia real.
El otro episodio que se anunció esta semana es una nueva edición del “dólar soja”, eufemismo bajo el cual se intenta disfrazar una necesidad y un fracaso. La economía necesita dólares, tanto como el campo las lluvias esquivas en esta campaña. El balance comercial positivo del año se produjo por los buenos precios de los productos de exportación (no aumentaron las cantidades sino el valor obtenido) y el cepo cada vez más asfixiante con que el equipo económico aplica un torniquete para detener la sangría de divisas. La consultora EcoGo estima que hasta la semana pasada se perdieron US$ 1.800 mi-llones, un flujo imposible de sostener ya que la producción está padeciendo la falta de insumos, pero también comenzó a calcular precios con un dólar conseguido fuera del circuito oficial. Una devaluación selectiva y en cámara lenta, pero que todavía se escuda detrás de una nominalidad defendida hasta el cinismo por las autoridades monetarias. En julio, mientras el dólar “financiero” volaba, el presidente del Banco Central sentenciaba sin mucho argumento cuantitativo que lo que había era un ataque especulativo y que el tipo de cambio oficial era más que suficiente para alentar exportaciones y equilibrar el mercado externo. Los hechos lo desmintieron: el cepo se profundizó, Sergio Massa salió de gira a pasar la gorra a instituciones y países hasta que alumbró el “dólar soja” en su primera versión. Es decir, las teorías afirmadas al borde del fundamentalismo ceden su lugar cuando la necesidad apunta para otro lado.
Ambas situaciones tienen un común denominador: los que deciden (productores sentados encima de sus silo bolsas y los accionistas de Enel) esta vez tienen el poder de poder decidir según sus propios intereses porque están dispuestos también a no hacerlo. Algo que en un sistema económico que prohijó “expertos en mercados regulados”, como alguna vez bautizó el expresidente de Repsol Antonio Bufrau, no es habitual. En ese esquema, el empresario es un administrador de decisiones conversadas con la autoridad política. Un “toma y daca” que es una incubadora de conflictos de interés, cuando no de corrupción. Por innovaciones (como el mecanismo de silo bolsas que prolonga el almacenamiento del grano) o porque la decisión de levar campamento ya no altera las cuentas globales de la empresa (Enel), esta vez son los empresarios que le prestan la lapicera al Gobierno.
