Todo juego tiene sus reglas, siempre insuficientes, mejorables, pero imprescindibles. También las reglas suelen dar coherencia, reconocimiento y previsibilidad al sistema del que se trate, ya sea social, económico o de otra índole. Cuando las reglas se establecen, suelen ser claras las penalizaciones a quienes las eluden o maniobran sobre los grises.
Anomias. Es una percepción bastante generalizada que la Argentina se ha acostumbrado a romper sus reglas en forma permanente. Esto lleva a que siempre se esté comenzando de cero, lo que aplica tanto para la vida individual como para la colectiva. A contrario sensu, se puede escuchar un reclamo generalizado de que el país necesita continuidad y que para esto se deben desarrollar “políticas de Estado”, una idea nunca explicitada y menos puesta en práctica, solo se dice que deberían atravesar diferentes gobiernos, aunque sean de signos diversos.
Sin embargo, la ejecución de políticas perdurables, digamos por décadas, no es algo que ocurra habitualmente en Argentina. Si se observan las transiciones entre el segundo mandato de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y la nueva gestión de Alberto Fernández, difícilmente se puedan encontrar puntos de convergencia que admitan la estabilidad de alguna regla básica. Cada gobierno impulsa narrativas que le permiten desarticular las políticas de sus predecesores.
Demoliciones. Macri construyó el vector de “pesada herencia” y cuasi “asociación ilícita” para remitirse a sus antecesores, lo cual lo habilitó para desmontar casi la totalidad de las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo en diferentes áreas de gestión, a veces con una arbitrariedad notable, como por ejemplo el Plan Conectar Igualdad. De esta forma se pudieron armar y desarmar estructuras administrativas, se creó por ejemplo un Ministerio de Modernización, cuya finalidad nunca estuvo clara, para luego caer degradado y en el olvido, como muchas áreas.
Hoy, el gobierno de Alberto Fernández está recorriendo el camino inverso, restaurando políticas y ministerios tachados por la anterior gestión, como Trabajo o Salud, y generando estructuras nuevas, como Desarrollo Territorial y Hábitat o Mujeres, Géneros y Diversidad. Ya es parte del código político que la administración entrante plantee su organigrama, nadie piensa que el nuevo gobernante se va a respaldar en la estructura anterior.
Extremos. Pero aun en este orden de cosas hay situaciones dignas de análisis por lo curiosas. Es el caso de la Ley 27.506, llamada Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuya aplicación se suspendió en estos días, como tantas otras tras la declaración de la emergencia. Lo peculiar de esta norma es que se votó en la Cámara de Diputados hace menos de un año, el 24 de abril de 2019, y se sancionó en el Senado un mes más tarde con un desarrollo poco habitual: en la Cámara baja la votación fue por 188 votos afirmativos y solo 2 negativos, y en la alta fue votada ¡por unanimidad! Es extraño que leyes importantes tengan semejante unanimidad, aunque se replicó esta semana con la votación de la ley de la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera” (224 votos positivos, 2 negativos y una abstención). Así como no se puede estar en contra de renegociar la deuda externa, parece obvio que nadie puede estar en contra del conocimiento; por lo tanto, resultaba políticamente incorrecto votar en contra de tamaña iniciativa.
De la ampliación a la queja. El problema es que, en resumidas cuentas, la Ley de la Economía del Conocimiento reducía el impuesto a las ganancias al 15% a una serie de actividades, entre otros beneficios. En principio se iba a concentrar en las empresas que generaran y exportaran software, pero en la discusión parlamentaria su objeto se fue ampliando a distintas actividades, como la biotecnología, la producción audiovisual, la biología, la geología y los servicios profesionales, entre otras.
Es una queja generalizada por parte del empresariado, pero también las capas medias y profesionales, que la presión impositiva en Argentina es insoportable; sin embargo, la reducción drástica de impuestos a actividades específicas siempre genera una serie de problemas e inequidades colaterales que en este caso parecieron haberse pasado por alto. Por una parte, la propia definición de conocimiento es discutible: ¿por qué la generación de un algoritmo originaría más conocimiento que, por ejemplo, este periódico? Luego, cómo evitar que las empresas comiencen a separar el sector de investigación y desarrollo (que podrían ser, por ejemplo, los departamentos de marketing) del resto para tributar menos. Finalmente, cómo discernir la producción nacional de la transnacional, específicamente en el caso del software y servicios profesionales. Mucho se habló en su momento (que fue hace escasos meses) de que la ley favorecía a un puñado de empresas llamadas “unicornio” (por su valor de mercado) y que eran las favoritas del gobierno pasado. Hoy estas empresas reclaman por sus derechos suspendidos y amenazan con retirar sus actividades del país, y su decisión estaría a tiro de “un click”, lo que por supuesto es relativo.
Fin de regla. Más allá del sentido común de lo deseable (un país basado en el conocimiento), el problema es que o estaba bien esta ley en octubre (cuando se reglamentó) o está mal la suspensión actual. Como se señaló, ni siquiera fue un proyecto que generara fuertes discordias, pero aun así en estos momentos se está revisando y quizá deba pasar nuevamente por el Parlamento, pero vale como ejemplo de las dificultades vernáculas para trazar rumbos perdurables.
Como nota al pie de página se debe observar que el concepto de “estabilidad”, así como el de “república” o el de “orden fiscal”, han sido cooptados por los sectores conservadores y abandonados por el progresismo, sin distinguir que los procesos de inestabilidad recientes, como el default de la deuda y la hiperinflación, pero también la alta y persistente inflación o la devaluación violenta de la moneda, impactan en las zonas más vulnerables de la pirámide social y como tales han generado los mayores niveles de pobreza estructural de que tenga memoria el país.
*Sociólogo (@cfdeangelis).
