Homo economicus. Queda claro que en Argentina una porción importante del electorado vota tanto por su presente económico como por sus perspectivas futuras de progreso material. Las narrativas legitimadoras son fundamentales para cohesionar al electorado propio y sumar a los independientes, pero no reemplazan la función de las cosas.
Cuando a mediados de 2018 las encuestas comenzaron a mostrar que la mayoría del electorado creía que su situación personal iba a empeorar en los próximos tiempos (seis meses o un año según los estudios) se podía percibir que la posibilidad de reelección de Mauricio Macri comenzaba a empañarse. Hoy Fernández tiene en su activo que en el mismo indicador casi el setenta por ciento de la población evalúa que su situación va a mejorar o al menos no empeorar en el futuro. Sin embargo, este indicador está lejos de ser inmutable, y más allá de las expectativas que el nuevo gobierno ha generado, el electorado necesita ver resultados concretos en el corto plazo para seguir apostando al Frente de Todos, sobre todo observando que Cambiemos utilizó todos los créditos de promesas posibles (segundo semestre, lluvia de inversiones, brotes verdes, etc.).
Reactivar la economía, mejorar el poder adquisitivo de los salarios, bajar la inflación, mantener el gasto público a raya y reducir la pobreza parecen ser demandas urgentes de la sociedad pero que funcionan como objetivos contradictorios cuando el motor económico del país está apagado. Además, se debe hacer frente a vencimientos de deuda externa imposible de abordar y que se deben renegociar en el cortísimo plazo. La situación de la provincia de Buenos Aires al borde del default no puede verse en este contexto como parte de una estrategia para negociar mejor con los acreedores del Estado nacional, pues por el contrario hizo encender todas las luces de los tableros de comando de los decisores del capitalismo central que solo ven las líneas gruesas de la figura y observan una repetición de la decisión de no pagar la deuda pública tomada por Adolfo Rodríguez Saá ya hace casi veinte años.
¿Pobreza 30? La apuesta inicial del gobierno de Alberto Fernández apunta a expandir el consumo de los hogares mediante aportes a los sectores de menores recursos que son quienes por otra parte son los que no tienen capacidad de ahorro, pues apenas acceden a sus consumos mínimos. De esta forma también se apunta a una baja de la pobreza que se vea reflejada en la próxima medición del Indec que surgirá de la encuesta permanente de hogares (EPH) de marzo. Una cuenta rápida, y que se debe ajustar, indica que casi 16 millones de argentinos son pobres, es decir, no alcanzan la canasta total para el adulto equivalente de 12.167 pesos (a noviembre de 2019, aunque se debe considerar que los niños tienen una canasta diferente). El Estado tendría que “poner en el bolsillo” de este sector casi 10 mil millones de pesos mensuales para sacar al cinco por ciento de la pobreza, unos 159 millones de dólares si se toma la cotización oficial de 63 pesos. Una cifra nimia comparada con los intereses de la deuda pública que se deben afrontar este año, pero una cifra importante en un país empobrecido y con una perspectiva borrosa de crecimiento para el transcurso de 2020.
Cruzada. Si bien priorizar el acceso de los más pobres a los alimentos se puede considerar como una cruzada justa, la economía es una maquinaria compleja, donde la suma cero puede provocar el alivio de algunos y el descontento de otros. En este sentido, hay que observar que también las expectativas de consumo de los sectores medios y altos son fundamentales porque son quienes llenan los restaurantes, los cines, y quienes compran autos 0 kilómetro. La recesión que comienza con las fatídicas devaluaciones del peso de 2018 llevó a estos sectores a restringir su consumo sin una pérdida crucial de sus condiciones de vida. En principio, postergar la compra de indumentaria, suspender o espaciar el esparcimiento, o paralizar arreglos del hogar pueden ser decisiones no cruciales para un hogar en particular, pero obviamente termina deteniendo el motor de la economía del país. En este sentido, queda por evaluar el impacto de las medidas iniciales del Gobierno en la subjetividad de quienes tienen “resto” para aguantar. En marzo esta perspectiva podrá observarse con mayor claridad.
Globalmente hablando, la propuesta “solidaria” de Alberto Fernández puede funcionar socialmente en un contexto de emergencia, pero se complicará si se extiende a lo largo del tiempo, sobre todo si la economía no vuelve a crecer como mínimo al ritmo del crecimiento de la población (aproximadamente el 1,1%). Por eso, el planteo inicial del Gobierno fue por 180 días, esperando que para mediados de año se observen signos de mejoría. En este sentido hay que volver a mirar el PBI a los efectos de observar cuáles son los elementos que están en juego y cómo podrían modificarse para salir de la parálisis que dejó la gestión anterior.
Si bien hay varias formas de calcular el producto bruto interno, su formulación keynesiana indica que es la sumatoria del consumo de los hogares, la inversión del sector privado (formación bruta de capital fijo), el consumo del sector público, las exportaciones, a lo que debe restarse las importaciones. En Argentina, el consumo privado ocupa aproximadamente del 70% de la llamada oferta global (PBI más las importaciones), pero las inversiones del sector privado solo son el 18%.
Uno de los problemas ocultos de la economía argentina es precisamente la baja inversión del sector productivo. Sin inversión no hay empleo, ni nueva oferta de productos, y se transforma en una de las causas estructurales de la inflación, porque ante cualquier reactivación de consumo, la respuesta es el aumento de precios. Macri pensaba que con su presencia promercado, las inversiones lloverían como maná del cielo; quizás Fernández pueda plantear otra estrategia para lidiar con esta pata corta de la economía argentina.
*Sociólogo (@cfdeangelis)
