Desde hace algunas semanas la atención ha girado de manera creciente hacia las posibles acciones de la Corte Suprema de Justicia. Por lo general esa mirada se despliega bajo el plano de la incertidumbre. Si bien la Corte y el resto del sistema del derecho deben orientar sus decisiones sobre la base de normas que reglamentan lo que es ajustado a derecho de aquello que no lo es, los resultados de esas decisiones son recurrentemente borrosas.
Esto expone una dualidad compleja entre las normas, como expectativas de cumplimiento, y las decisiones de los jueces como enlaces de la vida real en la parte de la sociedad que se ocupa de determinar los pasos de la justicia. Parece que las normas como tales no definen resultados, algo que los buenos abogados saben, tanto en Argentina como en EE.UU., y que las chances de éxito serán para quienes comprendan mejor qué procesos llevar adelante, sobre la base de un conocimiento de cómo instrumentar mecanismos para lograr resultados satisfactorios.
En algunos pocos casos las resoluciones basadas en alguna referencia a normas son brutalmente veloces, algo que ha sido notorio en el caso del diputado Juan Ameri. Su incidente es atractivo, ya que la velocidad de su expulsión no queda explicada completamente por los reglamentos, sino más bien por la afectación moral que consigue la transmisión televisiva del episodio.
La moral y el derecho ofrecen servicios diferentes, aunque se ofrezcan como productos unificados.
l reglamento de la Cámara de Diputados no dice nada al respecto de “senos”, “succión de senos” o “exposición de senos”, de modo que quien busque allí una norma específica para casos similares nada encontrará. Y el artículo que se menciona para determinar la decisión de su remoción (el 188), trata de casos en los que un diputado o diputada interrumpa sin llamarse al orden a otro miembro al momento de su exposición. Ameri no se encontraba precisamente interrumpiendo la palabra de Heller; en todo caso no estaba prestando la suficiente atención.
La determinación en un caso sobre el que no hay en realidad ninguna discusión reglamentaria o de normas, pero del que se procede sin duda y a total velocidad, y de otro en el que es evidentemente claro que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de hacer modificaciones en la coparticipación, y sobre cuyo dictamen solo se hacen especulaciones, exponen los procesos simultáneos y complejos sobre los que sobrevive la vida social moderna.
La moral y el derecho ofrecen servicios diferentes, aunque se ofrezcan como productos unificados. Si el golpe a la moral general es lo suficientemente fuerte, el derecho solo sabrá adaptarse hasta encontrar una norma que justifique una decisión. Sobre el uso de recursos, la moral tiene menos claridad y su aporte suele ser menos homogéneo.
Con la pandemia las exageraciones de cambio han sido muy productivas. Desde el rol del Estado hasta los cuestionamientos al capitalismo, prestaron al inicio relativa poca atención a las afectaciones de la vida cotidiana y a una nueva exigencia de mayor dificultad para delimitar los espacios privados de los públicos. El traslado del escenario laboral al núcleo cotidiano del hogar sobrecargaron en pocos metros combinaciones antes inexistentes entre vida familiar y formalidades laborales. Y su exposición hacia el exterior fue sobre un cuerpo social acostumbrado a no ver aquello que se ocultaba en el espacio de la confianza interna. Eso no es un desafío menor para lo considerado aceptable.
La vida social está basada en constantes procesos de escenificaciones, algo que describió magistralmente Erving Goffman. Somos personas porque recordamos a la idea de “personaje” en el sentido literario o incluso teatral, en relación a la representación con la que hacemos que nuestro cuerpo recorra el mundo.
En sociedad, nunca somos más que situaciones en las que nos esforzamos por adaptarnos a las circunstancias que siempre se nos imponen, pero que obligan hoy a sufrir de manera dual la constitución de personajes simultáneos. En el caso de Ameri, se lleva hasta la exageración la inexistencia total de límites, o por lo menos la dificultad para encontrarlos, y por lo tanto se ofrece la reacción de resistencia y rechazo.
Su caso espeja, con desproporción, otros casos como cambios de camisa, vistas de calzoncillos, siestas en pantalla o hijos en reuniones, exponiendo la real artificialidad de la vida cotidiana. Los diputados y diputadas indignados ejercían a toda velocidad la indignación escenificada en gestos de consternación frente a cada entrevista posible, como una manera de recordar cuál es todavía el lugar público y el privado.
Mientras cada espacio privado fue aumentando su combinación con el exterior, la Corte Suprema supo sostenerse como un universo oculto y alejado de los debates en torno a la decisiones del sistema político. Las demoras por articular los procesos judiciales con métodos nuevos de comunicación hicieron insistente el reclamo por un sistema judicial que se mantenía casi sin funcionar y sin hacer comentarios sobre crecientes debates en torno a la constitucionalidad de la extensión recurrente de la cuarentena. Ese tiempo ha terminado y parece adquirir el formato de empujar al espacio público a lo único que quedaba resguardado.
Alberto Fernández cuestiona demoras en la transformación en temas de género y la decisión de la Corte de declarar admisible la vía del per saltum en lo referente al traslado de jueces. Cuestiona directamente a su presidente Rosenkrantz y se pregunta por sus intenciones, trasladando una consulta de la norma a una de índole personal y político.
El jefe de Estado coloca su pregunta en el ámbito privado de las intenciones, pero no logra todavía que allí enciendan la cámara. Parece que en ese lugar queda claro cuándo anda internet y cuándo no, pero sobre todo que los espacios privados son el resguardo más valioso que la tradición puede ofrecer, en momentos en que todo parece cambiar.
*Sociólogo.
