Profesor Plenario Universidad de San Andrés y Profesor Visitante Harvard, y HEC, Paris. Ex presidente del Banco Central de la República Argentina.
En 2019 Daron Acemoglu y Jim Robinson publicaron un libro llamado El corredor angosto: cómo las naciones luchan por su libertad (The narrow corridor: How nations struggle for liberty). En el libro, se preguntan no solo por qué algunos países desarrollan un Estado altamente capacitado mientras que otros generan Estados disfuncionales, sino también por qué algunos gobiernos se erigen como custodios de las libertades y derechos individuales, mientras que otros las atacan. Argumentan que el desarrollo institucional se asemeja a una carrera entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. Las personas demandan la presencia del “Leviathan” (el poder del Estado) para establecer reglas y orden, pero también resienten su poder porque coarta sus libertades individuales.
Cuando el Estado se vuelve excesivamente poderoso en comparación con la sociedad, el resultado es una situación despótica o autoritaria. Por otro lado, si el Estado es demasiado débil, la consecuencia es la incapacidad estatal de proveer las bases necesarias para el desarrollo y el funcionamiento social.
Según Acemoglu y Robinson, existe una dinámica en la cual un mayor poder del Estado tiende a quebrar a la sociedad civil, debilitar los controles y fortalecer ese poder estatal. Es el camino al autoritarismo. En otros casos, la debilidad del Estado conduce a la pérdida de control sobre las dinámicas sociales, debilitándolo aún más (piensan en países que se convierten en narcoestados o caen en una guerra civil).
Esto no les gusta a los autoritarios
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En medio de todo esto, identifican un corredor estrecho donde un aumento en la capacidad del Estado conduce a un mayor control de la sociedad sobre el mismo, lo que, a su vez, resulta en un Estado más inclusivo y capaz. Acemoglu y Robinson observan que el margen para construir una sociedad inclusiva y republicana es muy estrecho, ya que las dinámicas tienden a desviarla de este corredor.
Creo que este marco ilustra bien el dilema de la próxima elección. La propuesta de Unión por la Patria, a pesar de que en cada elección viene en un envoltorio moderado (Scioli, Alberto Fernández –recuerden– y ahora Massa), en realidad esconde a un partido que ha hecho todo lo posible para socavar nuestro sistema republicano de gobierno. Ha intentado colonizar la Justicia con jueces adictos; ha atacado a la Corte Suprema y a sus miembros; ha empujado proyectos para intervenir la Justicia, como el mal llamado “de democratización de la Justicia” o el de ampliación de miembros de la Corte; ha procurado sostener jueces amigos aun cuando su edad les impedía seguir en el cargo. Ha atacado a la prensa y la ha doblegado a fuerza de pauta publicitaria. Ha repartido recursos para que la cultura y el arte se hicieran serviles al poder. Ha emitido innumerables DNU, no solo cuando el Congreso podía funcionar, sino incluso para negar lo que el Congreso mismo había dictaminado. Ha potenciado los derechos del Estado sobre los de los individuos y ha limitado el ejercicio de las cautelares contra el Gobierno. El nivel de autoritarismo se manifiesta en el bastardeo del presupuesto público, el uso de impuestos no legislados, como la inflación, y de los recursos del Estado para intereses personales. Incluso en la exhibición impúdica de la corrupción. El punto cúlmine de esta falta de escrúpulos fue la declinación a la oferta de Pfizer de vacunas contra el covid, que llevó prematuramente a la muerte a 20 mil compatriotas. El autoritarismo se refleja también en la falta de respeto a sus propias normas, ya que celebraban reuniones durante la cuarentena que ellos mismos le habían prohibido al resto de los ciudadanos. Todos estos ejemplos ilustran la verdadera esencia de lo que representa ese proyecto: la venta de una supuesta superioridad moral que solo sirve para mantener los privilegios de una casta gobernante y de los amigos del poder, sean estos empresarios (recordemos que llegaron a ostentar el yate más grande durante el Mundial de Qatar) o sean estos sindicalistas (que lograron aliviar su propia carga impositiva, trasladándola a los más pobres).
Gran parte de la responsabilidad de que este proyecto no haya logrado imponer su totalitarismo reside en la resistencia que toda la sociedad, y sobre todo Juntos por el Cambio, sostuvieron durante muchos años. Hoy el votante transfirió esa responsabilidad a La Libertad Avanza, un partido que logró captar la aspiración de muchos argentinos de poner fin a un Estado opresor y autoritario, y de regresarnos al corredor que nos permita construir una sociedad inclusiva y republicana.
Muchas propuestas de Javier Milei son provocadoras, movieron el avispero y dispararon debates impensables hace apenas unos meses. Pero sería un error mayúsculo confundir esa provocación con un ataque a las instituciones. De hecho, nada protege con más fuerza los derechos individuales y nuestro marco constitucional que la defensa de la libertad.
Un claro ejemplo de esta confusión se dio durante el debate sobre la dolarización, una propuesta que algunos trataron de tachar de violatoria de la Constitución. (Recomiendo al respecto la lectura del blog La Equivocada Pretensión de Apropiarse de la Constitución Nacional, por Manuel García Mansilla y Ricardo Ramírez Calvo.) Más allá de si uno está de acuerdo o no con la dolarización, es disparatado declarar inconstitucional un proyecto que ni siquiera existe. Igual de disparatado sería interpretar las atribuciones del Congreso como obligaciones del Congreso. Por ejemplo, sostener que la atribución de fijar el valor de la moneda equivale a la obligación de tener moneda sería como afirmar que la atribución de intervenir en una provincia se traduce en la obligación de hacerlo. La crítica incluso ignora los antecedentes legislativos, como la Ley 256 de 1860, que declaró de curso legal a varias monedas extranjeras (la onza de las Repúblicas Hispanoamericanas, el reis brasileño, el águila de los Estados Unidos, el cóndor chileno, el doblón español, el soberano inglés y el napoleón francés) y que fue sancionada con el voto favorable de numerosos antiguos convencionales constituyentes.
La misma confusión surge cuando se argumenta que el uso del plebiscito sería un mecanismo por fuera de lo institucional. Pero es difícil sostener este punto cuando está reglado por la misma Constitución en su artículo 40 (que establece que “el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante”). Y lo mismo podría decirse de confundir la defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo con una reivindicación de la acción ilegal del Estado. No veo cómo podría derivarse de lo primero lo segundo.
Argentina está en un punto crítico de su historia. En esta elección decidimos si Unión por la Patria nos transforma en Venezuela o si seguiremos el camino de una democracia liberal occidental. Por ello, clarificar esta confusión es crucial y va a requerir de la ayuda de varios de los actores políticos del momento.
Del propio candidato de La Libertad Avanza va a requerir un esfuerzo para explicar que el cambio y el desafío al statu quo, lejos de constituir un ataque a la instituciones, es en realidad la única manera de preservarlas. De la oposición también va a requerirexplicitar este dilema. Patricia Bullrich ya lo hizo con contundencia, y sería deseable que la acompañara el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio.
Pero independientemente de las preferencias de cada uno, la oposición tiene una responsabilidad central que es la de fiscalizar la elección. Para ello, Juntos por el Cambio debería poner a disposición su ejército de fiscales. Los votos que se cuidan no son los de un partido o una idea, son los de los ciudadanos.
Finalmente, va a requerir de aquellos votantes para quienes la estabilidad institucional es un factor central de sus preferencias políticas que comprendan que los riesgos de la institucionalidad no están en los defensores de la libertad, sino en quienes durante dos décadas ya nos mostraron sus tendencias autoritarias. A la postre, más allá de lo que hagan los dirigentes, que sigamos en el corredor estrecho de Acemoglu y Robinson está, en realidad, en nuestras manos.
*Profesor plenario Universidad de San Andrés, profesor adjunto Harvard Kennedy School, profesor honoris causa HEC París y expresidente del BCRA.
