La Argentina ha decidido volver a llevar el litigio con Uruguay en torno a la pastera UPM (ex Botnia) a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emitió un fallo sobre el tema en 2010. En esta oportunidad, la Argentina anunció que va a “reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral” (comunicado de la Cancillería) con su vecino. Eso, a su turno, como reflejo de que las instancias de diálogo entre ambas partes ya “están agotadas”, en palabras del canciller Héctor Timerman. Por último, según el ministro de Relaciones Exteriores argentino “el problema es político”.
La decisión argentina de recurrir otra vez a la CIJ puede interpretarse como un ejemplo de validar el papel del derecho en los asuntos internacionales. Sin embargo, esta perspectiva es inoportuna, limitada y equívoca en este caso.
Es inoportuna pues se da en un contexto regional marcado por renovadas tensiones que pueden afectar los avances asociativos, en particular, en América del Sur. Y también lo es cuando la Argentina afronta muy delicados desafíos externos que demandan un claro orden de prioridades y una ampliación de los apoyos internos y regionales.
La limitación obedece a varios aspectos. Por un lado, y dado que se reconoce que el “problema es político” es paradójico que no se exploren distintos mecanismos de negociación sobre el tema. La negociación existe para tramitar cuestiones intrincadas, no significa concesión y exige mucha paciencia. Por otro lado, resulta sorprendente que se opte por una vía que puede ser muy dilatoria y termine en un tipo de fallo semejante al del pasado. Si esto ocurriese ya no se podrá decir que el fallo de la Corte es salomónico –como de algún modo lo fue en 2010– y se producirá un sentimiento de derrota innecesaria. Por último, es llamativo que se vuelva a solicitar el recurso a la CIJ de manera unilateral; algo que naturalmente le agrega, del otro lado del Río de la Plata, más malestar a la contra-parte. Uruguay ha tenido una tradición de respeto a las normas internacionales. En ese contexto, la negociación y el compromiso entre ambos países, y a pesar de las reales diferencias, debería ser posible.
El equívoco también tiene varias dimensiones. Por una parte, no se justifica la invocación al derecho como una forma de chantaje; esto es, no es pertinente que con la vuelta a la Corte se proclame que ahora se revisarán “todas las políticas de relacionamiento bilateral” y con ello se sugiera, a su turno, potenciales represalias contra Uruguay. Por otra parte, es inquietante que no se pueda “politizar”, en el mejor sentido del término, una cuestión en la que está involucrado posiblemente el gobierno uruguayo más próximo a la Argentina en lustros: ¿realmente se quiere una relación inamistosa con Uruguay? Por último, es cuestionable continuar reivindicando, presuntamente, la sensibilidad ambiental internacional del país mediante este tipo de acción cuando en el terreno doméstico los avances en materia ambiental siguen siendo bastante magros: la consistencia fortalecería nuestra posición; la inconsistencia nos seguirá debilitando. Ahora bien, quizás la compleja circunstancia actual es, en realidad, propicia para hacer una sociedad ambiental sostenible con Uruguay con un horizonte de largo plazo; no sólo para compartir políticas de protección ambiental sino para elevar la capacidad negociadora individual y conjunta frente a otros actores.
En consecuencia, sería conveniente atenerse al fallo ya emitido, abrir caminos de negociación y hallar una solución política que fortalezca los intereses nacionales. A esta altura de las relaciones argentino-uruguayas es inconcebible que se piense que el tiempo del diálogo está agotado; por el contrario, es el momento de un reforzado impulso a una solución bilateral sensata y efectiva.
* Firman también Roberto Guareschi, Federico Merke, Vicente Palermo, Carlos Pérez Llana, Jesús Rodríguez, Roberto Russell, Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlian.
