Prácticamente dos años le llevó a Martín Guzmán arribar al anexo que no fue. Yendo y viniendo de Washington. Siempre se iba postergando el acuerdo. La pandemia, las elecciones, los resultados de las PASO, la crisis política posterior, los resultados de las generales, la conformación del nuevo Congreso, todo parecía buen motivo para pasar para adelante el acuerdo con el FMI.
Hasta esta semana, cuando mostrando la horca en la mano Alberto Fernández dijo: “Se vota la ley o default”. Al final del día, Sergio Massa sacó las papas del fuego resolviendo en una tarde lo que al Gobierno le llevó casi dos años: habemus (media) lex.
Houdini argentino. Durante el debate en comisión, Guzmán en persona mostró todos los trucos del mago, es decir las condiciones firmadas. En otras palabras, el ajuste que se hará. Una serie de ítems estaban implícitos en las 137 páginas del famoso anexo que se votaría con el nonato artículo 2 de la ley: subas de impuestos, aumentos de combustibles (atados al incierto panorama internacional), retiros de subsidios a la energía, congelamiento de nuevos planes sociales, nueva ley antilavado, actualización del dólar siguiendo a la inflación, restricciones para las cibermonedas y hasta un enigmático cambio del sistema jubilatorio (otra vez), entre muchas otras cuestiones que figuraban allí. En definitiva, el plan que Alberto Fernández preferiría no tener. Adicionalmente, se generó otra discusión, sobre si el FMI iba a dar otro crédito adicional al país que parecía superaría en monto lo que se pagó este año, las respuestas por parte del ministro de Economía fueron al menos confusas: de su estilo educado, componedor y hasta profesoral, ahora surgía un mar de dudas. Más allá de las dudas expresadas, hay que reconocerle al ministro de Economía que su texto era realista, demasiado realista.
En resumen, la ley que iba a aprobar con el Fondo para negociar un Programa de Facilidades Extendidas se transformaba en una caja de pandora, una nueva ley de emergencia con un programa económico implícito. Estas cuestiones fueron vistas por los más avispados integrantes de Juntos por el Cambio, y generaron una discusión digna de los más ecuménicos leguleyos o, en todo caso, de un filósofo zen: si una ley está aprobada en general, pero un artículo (de los dos sustantivos) era rechazado en particular, ¿ese artículo puede darse como aprobado?
No lo sabremos. Ahora cada tema deberá presentarse como proyecto de ley por separado, por lo que esperan nuevas luchas parlamentarias.
Antiporteñismo. Una de las cuestiones más controversiales de las debatidas fue la decisión (que no entraba en la ley) de la AFIP de multiplicar por cuatro la valuación fiscal de las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires. Esa medida, más allá de su lógica tributaria, parecía un acto de arbitrariedad y una especie de revancha con los sectores medios porteños, aunque la medida luego se extenderá a todo el país. Difícilmente esta decisión encuentre acompañamiento en los partidos que se plantean representar a estos sectores.
Este particular quizás era un tema menor en el tsunami de palabras del acuerdo, pero muestra a las claras que el Gobierno tiene una lectura borrosa de la situación política, social y electoral del país. En este contexto, y como si fuera poco, el Presidente planteó en un discurso poco claro esta semana que está transitando su primer mandato, dando por descontado que iría por su reelección y que la ganaría. Pocas personas en el país comparten esa apreciación, comenzando por los votantes kirchneristas del Frente de Todos, que están más cerca de romper que de bancar al Presidente. El futuro no está escrito, y particularmente en Argentina, donde todo puede pasar. Pero Fernández, con este tipo de declaraciones, queda fuera de juego, lo que lleva a preguntar por quiénes integran la mesa chica de su gobierno, ese grupo que recomienda ciertas estrategias y desaconseja otras.
Tiempo de descuento. Es claro que el desplazamiento en el tiempo del acuerdo con el Fondo solo ha generado sinsabores. Muy probablemente para mediados de 2020, en plena pandemia, cuando Guzmán iba y venía a Washington, se podría haber tenido un mejor acuerdo, más simple e incluso de mayor legitimidad en momentos que la imagen positiva del Presidente volaba por los aires.
El Fondo seguramente hubiera resultado más contemplativo en la velocidad de la reducción del déficit fiscal en momento que Estados Unidos y Europa preparaban la máquina de imprimir billetes para dar ayudas. Además, el mandato de Macri estaba muy cercano en la memoria. Hoy el escenario es completamente distinto, el rechazo a la Ley de Presupuesto en diciembre era un indicio para mostrar las dificultades parlamentarias, todas las alianzas están en proceso de reconfiguración y nadie quiere quedar asociado a las malas noticias.
La ley, en su versión comprimida, va camino al Senado, donde se descuenta su aprobación en ese ámbito más conservador. Sin embargo, queda la brasa caliente de la votación del bloque que responde a Máximo Kirchner. La decisión de bajar al recinto para votar en contra constituye un acto político en su mayor despliegue.
Sobre la pregunta que se hacen todos hoy acerca de si el kirchnerismo se puede llegar a retirar del Gobierno, la respuesta provisoria también es negativa; viendo la historia reciente, lo más probable es que hasta 2023 todos sigan viviendo en ese consorcio llamado Frente de Todos.
Quedará para las ucronías imaginar qué votaría Cristina Kirchner si el resultado de la votación en la Cámara alta resultara empatado.
Sociólogo (@cfdeangelis).
